Según el portal de Presidencia, el 8 de junio el presidente, Luis Lacalle Pou, se reunió con el representante de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos. En esa instancia, el presidente manifestó su intención de convertir a Uruguay en un «polo regional de desarrollo tecnológico». También se manejó «la posibilidad de lanzar en nuestro país un programa de Meta para capacitar a jóvenes en la creación de efectos de realidad aumentada». La información señala que Lacalle y Clegg conversaron sobre la «importancia de crear un ambiente regulatorio que estimule la innovación a partir de una infraestructura avanzada, condiciones favorables para la inversión y el apoyo a empresas y emprendedores de la industria del conocimiento». El documento indica que el presidente ve «con mucho interés la participación de empresas líderes, como Meta, en nuestro ecosistema innovador», para la exploración de Internet o la tecnología inmersiva (es decir, la que intenta replicar en el mundo digital experiencias del mundo real). Lo que Meta denomina metaverso.1
Lacalle Pou mantuvo también una reunión con Sundar Pichai, CEO de Google. Desde Presidencia se recordó la intención de la empresa de montar un datacenter en nuestro país. Y también destacó la participación de Google en la aplicación Coronavirus UY. (Este punto puede llamar la atención del lector, pues la información que originalmente circuló cuando se lanzó dicha herramienta indicaba que se trataba de «trabajo voluntario» de empresas asociadas a la firma Genexus. En momentos álgidos de la pandemia, todos recordamos, incluso, el papel del CEO de la empresa, Nicolás Jodal, tan activo como el propio ministro de Salud, Daniel Salinas.) Como quiera que sea, la información de Presidencia señala que, durante las conversaciones con Pichai, los jerarcas se refirieron al lanzamiento, en 2023, del cable submarino Firmina, de Google, que unirá Estados Unidos con Argentina, Brasil y Uruguay.
Si se visita la web submarinecablemap.com (que muestra un mapa de todos los cables submarinos que cruzan los océanos), se puede intuir que, cuando Google fue contratada por ANTEL para hacer el tendido de la fibra subacuática Tannat (que une Uruguay con Santos, Brasil) y Monet (que completa la fibra que une Uruguay con Estados Unidos hasta Boca Ratón, Florida), el gigante tecnológico aprovechó la volada para hacer el tendido de su propio cable submarino. Como consecuencia, cuando Google se instale en Uruguay, no hará uso del cable de la estatal ANTEL, sino que se conectará por su propia fibra, Firmina, lo cual pone en entredicho el discurso romántico acerca de que la llegada de este big tech a nuestro país tendría que ver con la facilidad de nuestros recursos en materia tecnológica, merced a los cuales obtendremos grandes réditos.
En pleno vals de los 15 años del Plan Ceibal, es oportuno recordar que fue a instancias del propio Ceibal que se llevó adelante el primer acuerdo de Uruguay con Google. A raíz de ese acuerdo, estudiantes y maestros tuvieron que crear cuentas en la plataforma de la empresa para poder acceder a diferentes espacios del plan. Este asunto fue duramente cuestionado por la mayoría de los actores relacionados con la educación y los derechos digitales en nuestro país. Y fue sintetizado en una carta del propio Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.2 Ya que estamos, recordemos que, en sus inicios, Ceibal fue la única implementación en el mundo de la idea de Nicholas Negroponte, fundador del MIT Media Lab, que proponía One Laptop per Child. A propósito, en el programa Legítima defensa
emitido por Youtube el 5 de junio, el expresidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y del Plan Ceibal Miguel Brechner dijo que Negroponte «estuvo en directorios, es un tipo muy vinculado, es el hermano del otro Negroponte,3 que todo el mundo asocia porque era subsecretario de Estado. Pero [Nicholas] Negroponte siempre fue un liberal, que estuvo en el Massachusetts Institute of Technology y tiró muchas ideas muy avanzadas». Brechner también recordó: «Me moví por todos lados, me ayudó mucho Lilian Amy, funcionaria de la embajada [de Estados Unidos]; ella empezó a jorobar también». En definitiva, este tipo de acuerdos no son nuevos. Con el diario del lunes, claro, podemos decir que el Plan Ceibal se asemeja al plan Conectar Igualdad en Argentina o al proyecto Canaima Educativo en Venezuela. Pero con la salvedad de que en ambos países se puso especial acento en desarrollos nacionales basados en software libre y se exigió que el hardware (laptops) cumpliera estrictamente con los parámetros de compatibilidad, sin dispositivos de hardware o software que permitieran seguimiento, rastreo o control, como lo hacen tanto Google como Microsoft en nuestro Plan Ceibal.
Al día siguiente del encuentro con Google, Lacalle Pou se reunió con el titular de Microsoft para América Latina, Rodrigo Kede Lima. Allí anunció que Uruguay será sede de un laboratorio de inteligencia artificial y el Internet de las cosas (AI & IoT Insider Lab), en alianza con el LATU. Según se adelantó, el laboratorio alojará proyectos, será el tercero de Microsoft fuera de Estados Unidos (luego de los de Shanghái, China, y Munich, Alemania) y «ayudará a resolver diversos desafíos tecnológicos de las organizaciones en la región, así como a obtener orientación y recomendaciones de expertos para materializar todo el potencial de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas». El laboratorio parece ser la primera implementación de gran porte del memorando de entendimiento firmado por el ministro de Industria, Omar Paganini, el año pasado, en Estados Unidos.4
Antes de las reuniones que encabezó el presidente –pero también en el marco de la cumbre–, el 7 de junio Paganini había informado desde su cuenta en Twitter: «Hemos mantenido excelentes reuniones con ejecutivos de alto nivel de Netflix y Amazon, con foco en profundizar las inversiones de estas empresas en producción en el país». La información oficial, en este caso, indicó que se trataron de «excelentes reuniones» de cara a fortalecer el Programa Uruguay Audiovisual, creado en diciembre de 2018, ejecutado por la Agencia Nacional de Desarrollo y con la participación de los ministerios de Educación y Cultura, de Industria, Energía y Minería, y del instituto Uruguay XXI. Las reuniones con Netflix y Amazon tuvieron el cometido, según lo explicado, de «profundizar en las inversiones de estas empresas en la producción de contenidos en Uruguay y en la generación de empleos especializados». No se informó si en la reunión con Amazon se ahondó en los términos de los acuerdos firmados en setiembre del año pasado en materia de servicios de computación en la nube para instituciones públicas y privadas.
Cuando hablamos de los peligros de entregar datos y metadatos a transnacionales, basta con recordar que, desde 1996, el Banco de Previsión Social (BPS) terceriza, vía contratos millonarios, gran cantidad de sus servicios informáticos, en particular con las empresas IBM y Bull. La primera detenta el control de la información de las empresas y sus trabajadores a través de la historia laboral. Los acuerdos incluyen también la cesión de edificios del propio BPS a dichas transnacionales. Explicado de manera más simple: la base de datos con mayor cantidad de información de uruguayas y uruguayos está en manos y bajo el control de transnacionales. La historia laboral contiene los datos laborales de todo el país; allí se cruzan también vínculos filiales, ya que se registran hijas e hijos de trabajadores, entre otros valiosos datos personales. No existen contrapartes informáticas del BPS que controlen a dichas empresas, y en reiteradas ocasiones se ha dicho que no hay capacidades para que el Estado uruguayo tome el control de toda la información que allí se maneja.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define soberanía como el «poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional». Aún no existe para la RAE una definición de soberanía tecnológica. Sin embargo, desde hace varios años se define como la soberanía de los datos o soberanía sobre la información y su sujeción a la legislación vigente de un país, independientemente de la forma y lugar donde se la almacena (sea en formato binario o no). Se toman como fuentes de inspiración las definiciones de soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos a determinar sus políticas agropecuarias y de producir alimentos a nivel local. También se toma mucho de la filosofía del software libre, así como de la soberanía energética o la economía social.
Mark Zuckerberg toma las decisiones en Meta. Jeff Bezos en Amazon. Bill Gates en Microsoft. Larry Page y Sergey Brin lo hacen en Google, Ma Yun en Alibabá y Elon Musk en Tesla. Si continuamos sin reflexionar sobre el espacio que ocupan las transnacionales de la tecnología o big techs en el manejo y el control de los datos –sin legislaciones locales ni supranacionales que las encuadren–, la mayoría de ellas, sin siquiera estar del lado de un país potencia, sino exclusivamente del lado del poder del capital –donde muy pocas personas toman decisiones–, estaremos dejando en sus manos nada menos que la soberanía nacional.
- Véase «¿Sobre qué versa el metaverso?», Brecha, 26-XI-21.
- Véase «Hackear la máquina», Brecha, 6-V-22.
- Nicholas Negroponte es hermano del republicano John Dimitri Negroponte, miembro de la sociedad secreta Skull & Bone, miembro de la CIA, exembajador de Estados Unidos en Honduras y director, desde allí, de la contrarrevolución en los años ochenta. Durante el gobierno de George W. Bush fue embajador ante Naciones Unidas y, luego de la invasión a Irak en 2004, cumplió funciones en aquel país. En 2005 fue nombrado jefe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Ha sido declarado persona non grata por el Congreso de México (país donde también ofició de embajador).
- Véase «¿De arriba un rayo?», Brecha, 21-X-21.
