El presidente colombiano Gustavo Petro, un ex preso político que desempeñó un papel destacado en el movimiento revolucionario de Colombia, es el primer jefe de Estado tanto en la región como a nivel mundial que ha desafiado directamente a Donald Trump, al rechazar públicamente el trato que Washington da a los inmigrantes colombianos que enfrentan la deportación. El 26 de enero, Colombia impidió el aterrizaje en su territorio de vuelos militares procedentes de Estados Unidos con migrantes colombianos esposados y encadenados, lo que desató una serie de amenazas de Trump y de respuestas del mandatario colombiano.
En última instancia, Petro logró (al menos por ahora) resistirse a estos vuelos militares, exigir un trato humano para los deportados y, al menos inicialmente, conseguir concesiones estadounidenses que implican el regreso de los migrantes en aviones colombianos, incluido el avión oficial de Petro, con tratamiento de invitados de honor. Él personalmente dio la bienvenida a los migrantes que aterrizaron luego de su enfrentamiento con Trump, en imágenes de solidaridad concreta que resonarán durante mucho tiempo en la región. No sorprende que los principales medios de comunicación de derecha en Estados Unidos y Latinoamérica sigan insistiendo en que Colombia «cedió» o «se rindió».
Un acalorado intercambio inicial entre Petro y Trump en X había incluido anuncios de una imposición recíproca de aranceles elevados y una serie de medidas comerciales y de visado que configuraban una guerra comercial regional sin precedentes y la desestabilización potencialmente ruinosa de Colombia. Finalmente, ambos mandatarios dieron marcha atrás con esas amenazas.
LA GUERRA DEL MAGA CONTRA LOS MIGRANTES Y SUS DIMENSIONES HEMISFÉRICAS
Las detenciones y las deportaciones masivas del nuevo gobierno de Trump se han convertido en las expresiones más concretas de las pretensiones hegemónicas –y proyecciones hemisféricas– de la fase actual de la ideología America First que propugna el republicano. Esto incluye las amenazas de Trump de restablecer por la fuerza el control estadounidense sobre el canal de Panamá, en violación de los Tratados Torrijos-Carter, de 1977, y de la Carta de la ONU, y la decisión de reactivar el uso de la base militar estadounidense en Guantánamo –que Cuba ha denunciado durante mucho tiempo como territorio cubano ocupado ilegalmente– como centro de detención para hasta 30 mil inmigrantes. Guantánamo es conocido mundialmente como el más famoso centro de tortura estadounidense, donde cientos de personas han sido recluidas sin juicio por sus supuestos vínculos con el 11 de setiembre.
Sin embargo, muchos no recuerdan que esta base también fue el sitio donde cientos de migrantes fueron retenidos en condiciones deplorables por Estados Unidos en la década del 90, después de ser interceptados por la Guardia Costera en aguas internacionales mientras huían del impacto de las políticas intervencionistas estadounidenses en Cuba y Haití. Más recientemente, un número menor de personas
han sido detenidas indefinidamente en el Centro de Operaciones de Migrantes de ese lugar, en «condiciones similares a las de una prisión donde los refugiados quedan atrapados sin acceso al mundo exterior, en un sistema punitivo operado por los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado», según un informe de setiembre de 2024 emitido por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados.
Organizaciones sociales como Witness at the Border han rastreado durante mucho tiempo la frecuencia, el volumen y los destinos de los vuelos de deportación estadounidenses, gracias al trabajo extraordinariamente dedicado del periodista Tom Cartwright. La Haitian Bridge Alliance, Cameroon Advocacy Network e investigadores independientes como Sarah Towle han documentado cuidadosamente cómo estos vuelos se caracterizan por un trato cruel y abusivo hacia los migrantes bajo custodia estadounidense, que equivale a tortura y en algunos casos a desapariciones forzadas.
Tanto la tortura como las desapariciones de este tipo están reconocidas como crímenes contra la humanidad de conformidad con el derecho internacional, como el consagrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las convenciones pertinentes
de derechos humanos de la ONU. Son este tipo de injusticias las que han encendido la chispa de un gesto potencialmente histórico en materia de resistencia regional latinoamericana a la hegemonía estadounidense.
Honduras convocó en los últimos días y con muy poca antelación una cumbre regional de emergencia para desarrollar una respuesta latinoamericana unificada a Trump y luego la canceló sin explicación detallada, supuestamente debido a un consenso insuficiente sobre los próximos pasos a tomar. Honduras ocupa la actual presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La presidenta hondureña, Xiomara Castro, pronto será reemplazada en este puesto rotativo por Petro, lo que le brindará una plataforma aún más amplia.
La CELAC es el más reciente de los intentos de coordinar una defensa regional de la soberanía latinoamericana, especialmente contra los recurrentes intentos estadounidenses de intervención que han caracterizado la historia del hemisferio occidental desde la Doctrina Monroe, de 1823. Tiene el potencial de alinearse mucho más estrechamente con una visión de unidad continental libre de intervención extranjera que el «panamericanismo» de la Organización de los Estados Americanos, dominada por Estados Unidos. Su construcción continúa una historia de iniciativas latinoamericanas como los tratados del canal de Panamá y los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, que finalmente lograron sentar las bases para poner fin a las guerras centroamericanas entrelazadas de los años ochenta en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Estas guerras fueron fruto de las pretensiones de dominación regional de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.
De manera similar, la histórica Declaración de Cartagena, de 1984, amplió la definición de la condición de refugiado en América Latina y el Caribe para incluir a aquellas «personas que han huido de sus países porque sus vidas, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público». Este enfoque fue reafirmado en diciembre de 2024 a través de la Declaración y Plan de Acción de Chile. Todo esto es una parte integral del paisaje que el proyecto neoimperial del Make America Great Again (MAGA) busca reconfigurar y, en última instancia, borrar.
ANTECEDENTES
Colombia ha sido hasta ahora el país más explícito en su rechazo a los vuelos militares y a las condiciones abusivas de transporte de los migrantes deportados, pero su postura se alimentó de un malestar compartido y en última instancia convergente de México y Brasil.
Por su parte, Honduras recordó en estos últimos días al nuevo gobierno de Trump que los acuerdos de cooperación militar necesarios para mantener la presencia de la estratégica base aérea Soto Cano de Estados Unidos, la única de su tipo en Centroamérica, podrían tener que revisarse si Trump seguía adelante con las deportaciones masivas. Además, autoridades tanto de Honduras como de Colombia destacaron la posibilidad de relaciones más estrechas con China y el alineamiento de Colombia con los BRICS como posibles rutas alternativas, en un intento de distanciarse de Washington.
Los vuelos de deportación son elementos propagandísticos y logísticos cruciales en la maquinaria general de terror (shock and awe) que la administración de Trump ha desatado contra familias y comunidades migrantes y sus países de origen. Las imágenes de largas filas de inmigrantes encadenados siendo subidos a aviones militares de carga se han extendido por todo el mundo. Son parte de una propaganda de la crueldad del nuevo régimen MAGA y están cuidadosamente pensadas para tener resonancia global.
La reciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia debe entenderse como un nuevo conflicto (potencialmente regional) que refleja directamente las implicaciones internacionales más amplias de las políticas de inmigración y fronteras del nuevo gobierno estadounidense y el nuevo papel del secretario de Estado Marco Rubio como ejecutor global de estas medidas. Pero la crisis también debe verse dentro del contexto histórico y contemporáneo de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y entre Estados Unidos y América Latina, incluido el resurgimiento de las tensiones relacionadas con el control del canal de Panamá.
CONTEXTO HISTÓRICO
Desde la Guerra Fría, Colombia ha ocupado un lugar central en el pensamiento regional de Estados Unidos y sus estrategias de «guerra contra las drogas» (como en el caso del Plan Colombia, con su desastroso impacto sobre los derechos humanos); actualmente tiene un rol destacado como país clave del tránsito desde Venezuela a Panamá a través del Tapón del Darién.
Fue en Colombia donde la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos se puso a prueba por primera vez en América Latina, en lo que eventualmente se convirtió en el conflicto armado interno más duradero, devastador y laberíntico de América Latina, que ha sido descrito como «la guerra más larga del mundo». Esto, a su vez, ha llevado a un proceso de paz aún incompleto que incluye los mecanismos de justicia transicional más complejos y de mayor alcance de la comunidad internacional.
Petro ha sido un destacado crítico del costo humano de estas políticas tanto en Colombia como a nivel internacional, políticas que en su opinión han provocado un total combinado de más de 1 millón de muertes en toda América Latina (principalmente en Colombia y México) durante los últimos 40 años.
Primero, en Colombia estuvo la génesis de lo que se han convertido en guerras regionales contra las drogas. Luego, se convirtió en el principal escenario para la mutación de esa guerra contra las drogas en una supuesta «guerra contra el terrorismo», después del 11 de setiembre. Esto, a su vez, ayudó a legitimar el gobierno autoritario de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. El país sirvió históricamente como un caso modelo que sentó las bases para la actual intención explícita de Trump de designar a los cárteles de la droga en México y Colombia como amenazas a la concepción de seguridad nacional del MAGA, para facilitar así eventuales intervenciones armadas estadounidenses.
Un nuevo factor clave que está remodelando este panorama es el carácter izquierdista del gobierno de Petro y su papel como el portavoz más frontal del progresismo en América Latina. Esto incluye en particular su defensa de medidas concretas de justicia climática global y su insistencia en denunciar explícitamente el genocidio en curso en Gaza, hasta el punto de romper las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. También incluye los esfuerzos de Petro por consolidar gradualmente una alianza con México y Brasil en diversos grados, basada en afinidades políticas.
Su gobierno es un escollo para Washington en la región y, según Rubio, parte de las mismas amenazas ideológicas asociadas con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Previo a su designación como secretario de Estado, Rubio se mostró especialmente indignado por la posición de Petro sobre Gaza y su ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, lo que asocia con las opiniones supuestamente «de extrema izquierda marxista» de Petro.
LOS VUELOS COMO MÉTODO DE DISUASIÓN
El foco de Trump en las detenciones y las deportaciones masivas de migrantes constituye una versión recargada de la doctrina de «prevención mediante la disuasión», que ha impulsado la política de inmigración y fronteras de Estados Unidos desde su adopción, en 1994. Esta estrategia ha resultado en miles de muertes de migrantes en la frontera con México y en la ruta hacia ella. Es una parte integral de la arquitectura de «externalización» que ha caracterizado las políticas migratorias desde Estados Unidos
hasta Australia, pasando por las periferias de la Unión Europea en el Mediterráneo.
Todo esto viene acompañado de una retórica de «invasión» que completa la estigmatización de los migrantes como amenaza criminal. De esta manera, la securitización de la política migratoria y fronteriza se combina con la criminalización y la militarización de la frontera.
La visión hemisférica del MAGA abarca el Tapón del Darién en Panamá (adyacente a su codiciado canal) y las fronteras de Colombia, extendiéndose profundamente hacia el Cono Sur de América Latina y, eventualmente, hasta la región de la «triple frontera» en la que convergen Brasil, Argentina y Paraguay. Este marco también incluye el Caribe y el recientemente rebautizado (unilateralmente) golfo de América, a través de políticas similares aplicadas a Haití y Cuba y de la insistencia en la condición de estado asociado dentro de Estados Unidos para la colonia Puerto Rico.
Esto irá acompañado de una guerra interna contra los migrantes que ahora se ha globalizado y no tiene fronteras. La Doctrina Monroe y el «destino manifiesto» ahora han sido revitalizados hasta convertirse en un neoimperialismo trumpiano, ejemplificado por la primera gira de Rubio como secretario de Estado, con el objetivo de contrarrestar las aspiraciones chinas de aumentar el comercio y la influencia en la región.
La abierta resistencia de Petro a la evidente intención de Trump de regenerar la dominación estadounidense en América Latina ha puesto un listón muy alto para otros líderes regionales. Petro también ha recordado a sus colegas líderes la necesidad de unidad regional que fue expresada por primera vez por Simón Bolívar y que ha tenido eco más tarde en contextos que van desde las revoluciones cubana y sandinista hasta los zapatistas de México. Cualquier cosa que se desarrolle en este sentido en América Latina tendrá resonancia en todo el Sur Global.
(Publicado originalmente en Truthout. Traducción de Brecha.)
