—¿Cómo está viendo ahora el mundo de la política, desde un lugar muy diferente a lo que es la Fiscalía de Corte?
—Yo siempre tuve un profundo respeto por la actividad política, aún en una sociedad que muchas veces la ve con cierto desdén. También tengo un profundo respeto por quienes se dedican a esta actividad de forma profesional. Una vez escuché a [José] Mujica decir que las elecciones no son un concurso de oposición y méritos, sino que se ganan con votos. Las personas que están sentadas en el Parlamento tienen un volumen de votos muy importante detrás suyo y esa es la representación más genuina de la sociedad. Como juez o como fiscal, tu legitimidad surge de lo que establece la Constitución, los sistemas de designación y de ascenso. A la política de gobierno y a la política partidaria las había visto desde fuera. En los últimos tres años, en los que estuve fuera de la función pública, tuve un acercamiento más fuerte, pero es recién a partir de diciembre que estoy inmerso en este proceso políticamente puro. Desde el momento en que tomás la decisión de dejar tu profesión para dedicarte a esta actividad tenés que decir «soy un político». Soy un político profesional porque voy a vivir de mi actividad.
—¿Y qué impresión se está llevando de esta primera etapa?
—Es un cambio de chip. Tenés que acostumbrarte a pensar y razonar de otra manera, en mi caso sin perder la esencia técnica. Yo he ejercido la abogacía, como juez, fiscal y abogado. Tengo una fuerte formación jurídica que en cada una de las decisiones que se toman está muy presente. Sin dejar de lado eso, que es mi experticia, esto es algo diferente. Yo estoy contento. Estoy haciendo lo que quiero. Estoy acá por elección, no por necesidad. Y eso me hace sentir feliz porque, además, es una decisión que tomé con el apoyo de mi familia.
—En una entrevista que le hicimos en 2022, usted decía que la política le gustaba «más que el dulce de leche», pero que en ese momento no lo motivaba participar. ¿Eso cambió por Yamandú Orsi?
—Sí, en aquel momento realmente no sentía la motivación. Sin duda alguna, Yamandú Orsi ha sido un catalizador de mi decisión. No solo Yamandú, tengo un muy buen vínculo tanto con [Alejandro] Sánchez como con otra gente del equipo. Hay mucha confianza y entendimiento. También con Fernando Pereira y otro montón de gente. Pero claramente la decisión está influenciada en un 90 por ciento por Yamandú Orsi. Un día, hace ya mucho tiempo, él me dijo que iba a ser candidato a la presidencia, que la iba a ganar y que me quería a su lado, y así lo decía en las entrevistas cuando le preguntaban por mí.
—¿Y cómo nació esa relación?
—Ni yo muy bien sé, porque no recuerdo cómo fue el inicio. Teníamos vasos comunicantes. A Ernesto Tulbovitz lo conozco hace muchísimos años y él estuvo trabajando con Yamandú. Pero creo que incluso la relación viene de antes. Primero hubo un vínculo institucional entre la Intendencia de Canelones [IC] y la Fiscalía [General de la Nación]. Y recuerdo que llegó un día en que me invitó a cenar en la residencia del intendente en Canelones. Yo pensé que era una cena en la que iba a haber más personas, pero llegué y estábamos nosotros dos. Fue ahí cuando me comentó lo de su candidatura, y después seguimos conversando, básicamente de política, seguridad y justicia. Él siempre incorporó el concepto del acceso a la justicia junto con el tema de la seguridad. Siempre tuvo un interés humano, que fue también producto de muchas de estas charlas.
—O sea que esa relación política empezó mucho antes de la falsa acusación contra Orsi, en la que usted lo asesoró legalmente.
—Yo realmente no recuerdo quién fue que nos presentó. Tendría que rastrear, pero viene de mucho antes, sin duda alguna.
—En los recientes perfiles periodísticos sobre el presidente, se menciona que usted estaba en una mesa de asesores, a la que iba Gerardo Caetano, por ejemplo. Una suerte de mesa de notables…
—Sí, eso vino después. Era un grupo que no tenía nombre, que se reunía los lunes, creo. Se convocaba en El Recreo, e iba gente interesante. Estaban Caetano, Álvaro Padrón, [Fernando] Lorenzo, [Gabriel] Quirici. Era una cuestión muy previa a la interna, con una visión más estratégica sobre cómo posicionar la candidatura de Yamandú. Obviamente éramos todos orsistas, entre comillas, pero se hablaba con una visión de mediano y largo plazo, de ver qué era lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Eso de «notables» lo leí en el diario, pero no nos autopercibíamos así. Recuerdo que la Pata [Patricia] Kramer también iba.
—Sí, dicen que era la única mujer ahí.
—Había dos. Primero estaba solo la Pata, después se sumó Tania Yanes [excoordinadora del gabinete productivo de la IC], y hubo alguna mujer más también. De ahí también salieron algunos grupos específicos en seguridad y después de la interna se consolidó el grupo de seguridad del Frente Amplio, en el que también estuve trabajando. Cuando él me llamó para reunirnos, muy temprano en la mañana, el día que lo habían denunciado, fue algo que ya era como natural. Claro, después se ahondó mucho más el vínculo, porque este tipo de denuncias por este tipo de delitos, en este tipo de contextos, fue algo muy removedor para todos.
—Entrando en temas más actuales, ¿cómo califica la calidad de la información que han recibido en el proceso de transición?
—Fue una transición muy uruguaya. Cuando uno mira las transiciones en el mundo en las que prácticamente no hay diálogo, o tenés una situación como la de Brasil, que termina en un atentado, un intento de golpe de Estado y de magnicidio a los ocho días de asumir… Acá el diálogo fue siempre muy correcto. Nosotros habíamos pedido que la información se centralizara a través de la presidencia saliente y la presidencia entrante, para luego habilitar a los ministerios a iniciar diferentes contactos. Eso se cumplió. Pedimos primero un menú rápido de las cuestiones más urgentes. Es decir, ¿qué bombas están por explotar acá y allá? Y en el mismo acto, pedimos que posteriormente se nos diera el informe más completo de cada uno de los ministerios. Acordamos un plazo, que era a mediados de diciembre, y en esa fecha se nos entregó ese menú rápido. Ahí se dio la discusión, lo de «nos dieron solo tres hojitas». Bueno, en realidad, eso era lo que habíamos pedido como urgente. Y luego la documentación para cada ministerio se demoró. Se dio recién en la semana del 13 al 17 de enero. Hubo un poco de tire y afloje porque, como la información de cada ministerio se demoró mucho, algunos ministros entrantes pensaron que la información inicial era toda la que habría. Pero luego se aceitó y la información fluyó. Por supuesto que existieron algunos puntos de mucha fricción. Por ejemplo, la firma del contrato de Arazatí, cuando la fuerza política y el presidente Orsi habían pedido expresamente que no se firmara. Eso generó un ruido fuerte. Estuvimos viendo en otros países, como España, que cuando el presidente disuelve las cámaras y llama a elecciones, en el proceso intermedio está prohibido tomar decisiones importantes salvo aquellas de gestión. Está en la ley. Ahí recordé también un proyecto que había presentado Cabildo Abierto en esta misma línea, de que en determinado período de tiempo no se pudieran firmar contratos. Y creo que ese tipo de disposiciones deberían existir en Uruguay, porque tenemos una transición muy larga. Es verdad que hay que tomar decisiones, pero, bueno, hay decisiones y decisiones. Entonces, la firma de contratos, la presupuestación de funcionarios a mansalva, como lo que sucedió en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], por ejemplo, realmente no son buenos síntomas de una transición prolija u ordenada. Pero está dentro de lo que establece la ley y a lo hecho, pecho, como se dice.
—Respecto al proyecto Neptuno, seguramente usted va a ser uno de los encargados de analizar los efectos jurídicos de las decisiones tomadas. Esta semana, Sánchez dijo a En Perspectiva (3-III-25) que van a renegociar el contrato. ¿Eso implica la posibilidad de cambiarlo de lugar?
—El Pacha comunicó la voluntad del gobierno. Recuerden que tuvimos una reunión con el Pacha y [el ministro de Ambiente] Edgardo Ortuño, la doctora Mariana Cabrera, el doctor Rodrigo Ferrés [exprosecretaria y exsecretario de Presidencia, respectivamente] y Aguas de Montevideo, acá en la Torre Ejecutiva, donde el consorcio presentó alternativas. Cuando se firma el contrato, en paralelo se firma lo que ellos denominan MOU, Memorándum de Entendimiento, aunque jurídicamente no es un MOU, es más una carta de intención. Es un documento firmado por OSE y por el consorcio que establece que OSE pidió alternativas, sobre todo al pólder o al RABA –el Registro de Aguas Brutas–, y que el consorcio las propuso. Y se menciona otro documento anexo, que también es un contrato, y que lleva el título de «Propuestas». De alguna manera el consorcio se ofrece a negociar alguna de esas propuestas. Ese es el valor jurídico. Obviamente falta precio y plazo, que son cuestiones fundamentales. Pero es una especie de declaración de buena intención de negociar.
—¿Sobre ese documento de propuestas ustedes buscarían renegociar?
—No, esas son propuestas sobre las que de alguna manera el consorcio está obligado a sentarse a hablar. No significa que no pueda haber otras. Eso lo veremos.
—Había una propuesta de reubicación para el lado de Colonia.
—Eran como cuatro alternativas sobre diferentes cuestiones. Una mantenía la toma en el mismo lugar, pero con una toma alternativa río arriba, con lo que se eliminaba el pólder. Después había una propuesta de achicar el pólder. Pero, bueno, los contratos se firman para cumplirse. En este caso, las partes pueden rescindir de común acuerdo o puede rescindir una sola, con las consecuencias legales, económicas y reputacionales que eso tiene. Cualquier rescisión unilateral de un contrato genera consecuencias en esos tres planos. Uruguay tiene un reconocimiento a nivel internacional y ahí hay una cuestión reputacional que habrá que analizar.
—¿Puede haber una contrapropuesta para que el mismo consorcio haga un proyecto similar, pero en Casupá?
—Lo que pasa es que eso tiene una dificultad porque habría que hacer una nueva licitación. Yo no me quiero meter mucho en el tema porque, si vamos a entrar en un proceso de negociación, creo que hay que separar una cosa de la otra.
—A esta situación se suma el arbitraje contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas iniciado por el Grupo Vía Central, que construyó el Ferrocarril Central.
—También estuvimos reunidos por eso con la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y yo con el secretario de Presidencia del gobierno saliente y el exministro [José Luis] Falero. Analizamos algunas cuestiones, pero después el gobierno saliente tomó decisiones que no nos comunicó. Ahora tendremos que hacernos cargo de esa situación.
—Y está también el arbitraje de los accionistas de Montecon. En un contexto en el que hay que elaborar un presupuesto y teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya dijo que la situación fiscal no era la que se esperaba, ¿preocupan los costos para el Estado de esta acumulación de situaciones?
—Todos esos temas están sobre la mesa. Tenemos el arbitraje de Pluna, que creo que ya está terminado. En manos de la Corte de Casación de París está la concreción o no del arbitraje de Aratirí, que es el más grande de todos desde el punto de vista del reclamo económico. También hay un inicio de arbitraje de una empresa española que expresa ser inversionista del Consorcio Ruta 1 y está reclamando ahora.
—Los casos de los fondos ganaderos también requerirán destinar esfuerzos y recursos públicos. Está todo el inventario de los campos y de los animales, y los envíos al seguro de paro en frigoríficos. Es algo que no tenían previsto en el plan de gobierno.
—Sí. Estuvimos hablando con el ministro [de Ganadería, Agricultura y Pesca] Alfredo Fratti y con el ministro [de Trabajo y Seguridad Social] Juan Castillo respecto de la situación de los seguros de paro. Fratti, además, tiene un tema sanitario que es prioritario, con animales vivos. Y hay que entender que el ministerio tampoco es que tenga sobrado personal como para hacer un inventario en diez días. La realidad es que este tipo de tareas no está dentro de las funciones del ministerio. Pero hay una situación sanitaria que obliga a intervenir, aun cuando no lo hubiera pedido la Justicia. De todas formas, no se va a vivir para eso. El ministerio, además, tiene que gobernar.
—Los fiscales especializados y la gremial de fiscales vienen remarcando la escasez de recursos para las investigaciones complejas. La sensación es que, cada vez que hay una causa compleja en Uruguay, no hay ni siquiera las personas con la formación adecuada para investigar. ¿El nuevo gobierno hará un fortalecimiento presupuestal?
—La parte presupuestal no la hemos empezado a analizar siquiera. Además, sería el presupuesto a aprobarse este año para entrar a regir el año que viene, en ese marco de restricciones presupuestales ya señaladas. En tal sentido, Yamandú marca claramente en su discurso cuál es su orden de prioridades. Nosotros tenemos un plan de gobierno que debemos cumplir. Yo tengo un compromiso absolutamente prioritario de trabajar para eliminar la pobreza infantil. Siempre que se habla de un niño pobre es porque hay una familia pobre. Ahí hay que trabajar muchísimo. En ese marco presupuestal y con los compromisos que tenemos, el tema de la justicia está presente y lo vamos a trabajar.
Lo que sí podemos hacer hoy es poner a trabajar aquellas instituciones del Estado que tienen responsabilidades en las investigaciones. Por ejemplo, la Senaclaft [la secretaría antilavado], que ya ha recibido una solicitud de colaboración para el caso de Conexión Ganadera. Una de las primeras cosas que hará la contadora [Sandra] Libonatti será ponerse a disposición del fiscal que solicitó su apoyo. Hemos hablado con el futuro presidente del Banco Central. No hay director de la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero]. Hay que designarlo a corto plazo y ver cómo se refuerza esa unidad, que creo que tiene cuatro funcionarios. Las investigaciones complejas demoran en todas partes del mundo, lo importante es la expertise de la gente que tenés. Queremos apoyar algunas áreas del Ministerio del Interior, que ya ha designado un equipo de investigaciones que está dirigido por [Julio] Sena, pero que a su vez en materia de lavado de activos tiene al comisario [Juan] Alves, que hasta hace poco estaba en comisión en la Fiscalía y es una de las personas que sabe más de lavado de activos en toda la Policía.
—El tema de que la Policía sea auxiliar de la Justicia se vio como limitante en los casos Astesiano o Penadés, en los que hubo policías investigados. ¿Hay alguna fórmula pensada para mejorar la investigación en ese aspecto? Usted no es afín a la creación de una policía judicial.
—La cuestión está en cómo podemos obtener el mejor nivel profesional. En un país chico, yo no sé si la duplicación es una buena política. Pero no me niego a discutirlo. La Policía Nacional tiene cuadros preparados y se puede preparar muchos más. El gobierno colocó en la línea de investigaciones, en la dirección de drogas, a un comisario que yo conozco desde que era oficial. Tenés a [Robert] Correa en drogas, un policía de esa camada con un altísimo nivel de experticia.
—Pero ¿cómo lidiar con la corrupción policial presente en estos casos? Porque el policía que denuncia, al estar sometido a la jerarquía policial, corre el riesgo de sufrir represalias.
—Ahí tenés que tener una Dirección de Asuntos Internos con la fortaleza suficiente para investigarlo. En un momento hubo otros modelos.
—¿Ya está trabajando en el diseño del Ministerio de Justicia?
—Sí. De hecho, ya tuve una reunión el domingo con el ministro de Justicia de Italia, que nos comentaba que en su país el Ministerio de Justicia tiene 165 años y es el único que está en la Constitución. Y a él le llamaba poderosísimamente la atención que Uruguay no tuviera uno.
—¿El gobierno piensa que la dependencia de las cárceles debe trasladarse hacia allí?
—Las cárceles siempre están en el Ministerio de Justicia, y tienen que salir del Ministerio del Interior.
—Volviendo al comienzo de esta entrevista, ¿pensó en crear alguna vez algún espacio político?
—No. Tengo mis amistades y mis simpatías, pero me siento muy cómodo siendo independiente.
La postergada designación de un nuevo fiscal de Corte
«Tiene que tener un proyecto»
—Un tema ya crónico es la designación de un nuevo fiscal de Corte. ¿Son optimistas en llegar a un acuerdo con la oposición?
—Yo siempre soy optimista. Creo que hay que conversar, sentarse, charlar. Si nos ponemos uno en cada vereda a tirarnos piedras, no nos vamos a poner de acuerdo.
—Ya sabe que van a mencionar la cuestión de la «camarilla de Díaz» o de los «dos bandos» en la Fiscalía.
—Yo prefiero ni entrar porque me parece que es bajar el nivel del debate al zócalo. Creo que era Álvaro Delgado quien hablaba de prender los faros largos. También es verdad que quien aspire a ocupar ese lugar tiene que tener un proyecto. ¿Cuál es su proyecto para la institución de investigación y persecución criminal? ¿Cómo ese proyecto se alinea con la política criminal que se pretende llevar adelante desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Porque hasta ahora yo he escuchado –no en el gobierno y no en las conversaciones con la oposición– nombres que salen del radiopasillo. La realidad es que nosotros no hemos puesto ningún nombre sobre la mesa.
Porque no se trata de poner una persona por su linda cara, sino a quien tenga un proyecto.
—¿Ustedes podrían plantear lineamientos para esbozar un proyecto y ver qué perfil sería adecuado a esa línea?
—Esa podría ser una vía. Hay determinadas características que pretendemos que se lleven adelante, pero no en función de la orientación de las investigaciones. Acá hay un Consejo de Instrucciones Generales que hace tres años que no se reúne, cuando es el que fija reglas claras para todos los fiscales. Hay una omisión deliberada de no convocarlo.
—Pero es obvio que su opinión va a tener mucho peso en este tema.
—Bueno, no se olviden de que no soy el único exfiscal que tiene el gobierno. La última palabra la tiene Yamandú Orsi y eso lo he podido comprobar en estos tres meses de trabajo todos los días.
—No sé cuántos fiscales conoce el presidente. Usted debe conocer a muchos más.
—Pero la última palabra la tiene él.
Los dichos sobre Conexión Ganadera
«No dije lo que el fiscal tenía que hacer»
—Dio bastante que hablar su opinión de que la Fiscalía venía lenta. ¿Le llegó algún comentario?
—Hubo algunas reacciones de algunos dirigentes políticos.
—Como gobierno, la cuestión de decirle al fiscal lo que tiene que hacer es polémica.
—Pero, en realidad, yo nunca le dije a ningún fiscal lo que tenía que hacer. Hubo algunos otros dirigentes políticos que sí. Por ejemplo, el senador [Andrés] Ojeda, cuando era candidato a la presidencia, dijo que, a su manera de ver, el fiscal Alejandro Machado no debería citar en la causa de la rotura de documentos acá en este piso durante la campaña electoral. Eso sí es decirle al fiscal qué es lo que tiene que hacer. Yo simplemente expresé una preocupación respecto de los tiempos y no tenía que ver solo con Conexión Ganadera, porque lo de República Ganadera ya había empezado a fines de noviembre. Es decir, todas estas modalidades similares de carteras de ganado, con miles de ahorristas que perdieron mucho dinero, con mucho dinero que no se sabe dónde está y que seguramente no esté disponible para pagarles a los ahorristas. Por otro lado, hay un capital que se dice que existe, pero no sabemos cuánto es. Hay algunas guías de ganado, me decían el otro día, con vacas como de 20 años y todo el mundo sabe que no hay vacas de 20 años. Mientras tanto, pasa el tiempo y esta gente sigue de lo más campante.
En simultáneo tenés 350 familias del frigorífico de Paysandú en el seguro de paro o la situación del frigorífico de Paso de los Toros, que también está parado porque no puede faenar, porque los productores no quieren entregar ganado porque no saben si no cae dentro de un embargo. Entonces, todo el mundo adopta sus previsiones jurídicas para defender su capital. Transmitir la preocupación por eso no es decirle ni a un juez ni a un fiscal qué es lo que tienen que hacer.