Una de las principales razones del escaso avance en la implementación de una política pública centrada en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es el vaciamiento de contenido en el discurso de los derechos. Conceptos como integralidad o interés superior se han convertido en una retórica uniforme que inunda los discursos, pero apenas logra filtrarse en las prácticas cotidianas.
En estas notas asumimos la noción de contemporaneidad en el sentido expresado por Giorgio Agamben, que a su vez siguió la huella de Walter Benjamin. Contemporáneo, dice el autor italiano, «es aquel que tiene fija la mirada en su tiempo, para percibir no las luces, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien lleva a cabo la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, precisamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, que está en posición de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente».
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene una larga historia institucional que se remonta al reformatorio de 1934. Esto ha marcado su evolución y configurado su estructura actual. A lo largo de las décadas, cambios en la denominación del organismo y sucesivas reformas han intentado modernizar su enfoque, pero sin lograr modificaciones significativas. La burocratización, el adultocentrismo y el ritualismo han consolidado un sistema en el que la administración de trámites prima sobre la garantía de derechos y produce una estructura rígida y poco efectiva para responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Las reiteradas reestructuras impulsadas por cada nueva administración han profundizado la inestabilidad institucional, sin abordar los problemas de fondo. Se han promovido modificaciones en la legislación y en la organización interna del INAU, pero sin una visión a largo plazo que garantice la continuidad de políticas públicas eficaces. A esto se suma la falta de coordinación entre organismos clave como el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, entre otros; esto fragmenta la acción estatal y deja vacíos en las respuestas efectivas a las diversas situaciones vitales de niñas, niños y adolescentes.
El INAU no está preparado para ejercer la rectoría, es necesario un marco de acción con participación de diferentes agencias del Estado para que el mandato de cuidar y proteger, sin violar derechos, se lleve a cabo mediante la intervención articulada de las diferentes dependencias con responsabilidad e impacto en este sector de la población.
En este contexto, la ley 20.376 (de 2024), que establece garantías para la primera infancia y la adolescencia, representa un avance normativo que emerge como oportunidad para la nueva administración. Tendrá que superar el primer escollo de una tradición y una cultura institucional de mirada asistencial para avanzar en la protección efectiva de derechos.
Para ello urge un cambio estructural en la forma en que el Estado concibe y gestiona la protección de la infancia, para lo que es necesario superar la tendencia a la internación como respuesta de protección, la burocratización y la fragmentación. Es necesario fortalecer los instrumentos de análisis y revisión de las respuestas e incrementar la participación social de los propios niños, los adolescentes y sus referentes familiares.
La transformación de la institucionalidad encargada de garantizar estos derechos requiere voluntad política, planificación sostenida y un enfoque centrado en el acompañamiento a cada niño, niña y adolescente en su singularidad.
El discurso sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes ha ganado espacio en el ámbito público, pero aún persiste el riesgo de que se convierta en una mera consigna sin impacto real. En este marco, creemos que existen algunos desafíos importantes para el nuevo gobierno. La lista no es exhaustiva –existen innumerables problemas para resolver–, pero nos concentraremos en los asuntos más urgentes.
Instalar procesos de trabajo centrados en la profesionalidad
La formación profesional y la toma de decisiones estratégicas en el trabajo socioeducativo enfrentan importantes desafíos. Hasta ahora, ha predominado una lógica basada en protocolos de actuación que priorizan la protección de los trabajadores y los equipos antes que la orientación efectiva hacia el trabajo con niñas, niños y adolescentes. También es necesario revisar la mirada etnocéntrica que predomina en el abordaje de las familias, que las coloca en un lugar de indignidad muy cuestionable. Por ello es fundamental instalar espacios de trabajo en equipo, instancias de análisis de prácticas y revisión de estrategias de acción, ya que el contexto de extrema vulneración de derechos exige abordajes singularizados y flexibles.
Sistemas de información, seguimiento y evaluación de procesos
El Sistema de Información para la Infancia es una herramienta obsoleta y desactualizada que se limita a ofrecer información general y que simula una gestión basada en datos que no aporta insumos efectivos para la toma de decisiones. En un sistema de protección que atiende a más de 8 mil niñas, niños y adolescentes, resulta inadmisible la ausencia de mecanismos claros para establecer metas y estrategias de acción caso a caso. Desde hace más de seis años existe una herramienta de gestión por caso que permitiría mejorar significativamente la planificación y el seguimiento de cada intervención, pero su implementación ha sido bloqueada por intereses de funcionarios y empresas.
El rol de las familias en el sistema de protección
Las familias de niñas, niños y adolescentes institucionalizados no pueden seguir siendo tratadas como adversarios. Si bien en casos de violencia física severa, abuso sexual y trata es indispensable evitar la vinculación con la familia de origen, la mayoría de los niños y los adolescentes en protección provienen de hogares vulnerados, marcados por la pobreza y la falta de recursos o acompañamiento del Estado. Para garantizar que la institucionalización sea el último recurso y se efectivice por el menor tiempo posible, es imprescindible fortalecer las capacidades institucionales para el acompañamiento en el contexto familiar y comunitario. Asimismo, se deben garantizar prestaciones que mejoren la calidad de vida y asegurar el acceso a vivienda, salud, educación, formación laboral, cuidados y empleo mediante un enfoque centrado en la coordinación interinstitucional.
Priorizar la primera infancia sin olvidar la adolescencia
El énfasis en la primera infancia es una decisión justa y necesaria, pero no puede implicar que se olvide la adolescencia. Esta etapa es clave para el desarrollo, pues está relacionada con la plena conciencia de la propia situación y, en muchos casos, se vincula con la incorporación a circuitos ilegales y abusivos como única vía de acceso a recursos. La participación de adolescentes en organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y la explotación sexual comercial es, en parte, consecuencia de la ausencia de oportunidades para construir proyectos personales y sociales a través de la educación y el trabajo. La alta tasa de exclusión educativa y la falta de propuestas de formación y experiencias laborales para adolescentes y jóvenes limitan gravemente sus posibilidades de desarrollo y refuerzan su desvinculación de la sociedad.
En tiempos electorales la infancia siempre aparece como prioridad. En tiempos de cambio de gobierno se renueva la esperanza, pero en el sentido freireano, no como mero optimismo, sino como una actitud que exige análisis, conciencia crítica y lucha, ya que todo cambio en favor de los niños y sus derechos deberá enfrentar intereses que se le oponen.
* Luis Pedernera es expresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
** Diego Silva Balerio es educador social, doctor en Psicología, docente e investigador del Departamento de Pedagogía Social del Consejo de Formación en Educación.
