Perú es gobernado por un régimen autoritario con apenas 2 por ciento de aprobación en el que la presidenta Dina Boluarte enfrenta 13 investigaciones fiscales por corrupción y crímenes de lesa humanidad, mientras que sus aliados políticos y de las fuerzas de seguridad afrontan juicios e investigaciones por lavado de activos y otros delitos. En ese entorno, la impartición de justicia en casos de derechos humanos se ha degradado debido a nueva legislación que vulnera la Constitución y por decisiones del sistema de justicia. La norma más reciente prohíbe a los abogados de ONG de derechos humanos defender a víctimas de masacres y otros crímenes de lesa humanidad en instancias nacionales e internacionales. El país se ha vuelto, además, presa del crimen organizado. Según cifras oficiales, en 300 ...
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