La quimera del offshore

El hallazgo en la cuenca del Orange en Namibia encendió la mecha en el sur. El negacionismo del cambio climático, alimentado por el lobby petrolero y poderosos líderes mundiales, aportó también una fuerte dosis para el renacimiento de las exploraciones de hidrocarburos. Además, la virtual saturación de los yacimientos terrestres y la mala prensa del fracking mueven a la industria a explorar en los océanos, a miles de metros de profundidad, en lo que se conoce como exploraciones offshore. Todo eso, a pesar de que la entelequia llamada comunidad internacional se comprometió en todo tipo de acuerdos multilaterales –entre ellos, en el resonante Acuerdo de París de 2015– a discontinuar la explotación de combustibles fósiles, ya que el planeta se calienta más rápido de lo pronosticado. En 20 años, la temperatura global ha aumentado alrededor de 1,1 grados con respecto a los niveles preindustriales, la década entre 2014 y 2023 es la más cálida alguna vez registrada y se está lejos de la meta de reducción de 1,5 grados. La temperatura de los océanos también ha alcanzado récords de calentamiento.

La quimera de una «roca madre» común a las cuencas marinas sureñas, presente en el Cretácico temprano antes de la separación de los continentes, es la que ahora impulsa a los gigantes del petróleo a explorar por el Atlántico y a los gobiernos –sean del color que sean– a conceder bloques de su plataforma marina en búsqueda del milagro de una renta petrolera que salve la economía. En 2022, el gobierno de Luis Lacalle Pou concedió siete bloques en la zona económica exclusiva de Uruguay a Shell, Chevron-CEG, APA e YPF. Esas mismas corporaciones, con alguna variante, son las que intentan descubrir los sedimentos milagrosos a 300 quilómetros de la costa de Mar del Plata. El lecho marino, más allá de los límites uruguayos o argentinos, es el mismo, porque, como se sabe, el ecosistema oceánico no conoce de fronteras ni de geopolítica. También es de características geológicas similares otra cuenca ubicada algo más al norte, a la altura de las costas riograndenses de Pelotas. En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva continúa firmando contratos offshore y tensando la convivencia con su ministra de Ambiente, Marina Silva, a pocos meses de que el país se convierta en el epicentro de una nueva cumbre de cambio climático (véase «Flagrantes contradicciones», 20-VI-25).

Por estos lares, en tiempos de descuento, en febrero pasado, el Ministerio de Ambiente (MA) saliente convocó a la primera audiencia ambiental para la discusión del proyecto presentado por la empresa de prospección sísmica PGS Exploration UK Limited. Muy pocos, más allá de las organizaciones activas en la lucha contra el revival del Uruguay petrolero, estuvieron al tanto. La puesta de manifiesto –instancia fundamental para que los posibles afectados envíen sus comentarios– se efectivizó a cinco días de la pasada Navidad. En la transición de gobiernos se habló algo más del proyecto Neptuno, mientras en las oficinas del MA se acumulaban los estudios de impacto ambiental privados presentados –por ahora– por cuatro empresas de geodatos.

Pero en mayo, ya con las nuevas autoridades sentadas en sus sillones, tampoco fue demasiado publicitada la audiencia ambiental para el proyecto de CGG-Viridien. Y cuando las organizaciones de científicos y activistas no se reponían aún de la cita con esta última compañía, en junio, aparecieron en la página del Observatorio Ambiental Nacional dos puestas de manifiesto simultáneas: la de Searcher Geodata UK Limited y la de APA Exploration LDC-Sucursal Uruguay. Muy pocos días quedan para que la comunidad organizada pueda llegar en tiempo y forma al cierre del plazo (el 22 de julio) y así entregar sus objeciones, que deben ser consideradas de cara a las dos audiencias públicas. Pero las noticias traían un dato singular: aparecía postulada para hacer exploración sísmica 3D una de las propias petroleras, que no aparecía en el registro de empresas prospectoras. Los ambientalistas más activos creen que la compañía del grupo Apache, que propone un área de exploración más acotada y a su vez tiene la infraestructura para hacer pozos exploratorios, puede correr con ventaja para lograr los avales del Estado, aunque la información oficial circula en volumen bajo. Todo lo contrario a la intensidad de los decibelios que emitirán los cañones sísmicos hacia el fondo submarino, donde se reproducen especies pesqueras de alto valor comercial y donde subyace una biodiversidad de gran importancia ecosistémica y ecoturística.

DISPAROS DE RUIDO CADA SEIS SEGUNDOS

Los barcos prospectores utilizan disparos de aire comprimido que emiten señales sonoras de alta intensidad con el fin de cartografiar el fondo marino. Es una práctica contaminante, con graves perturbaciones ampliamente documentadas por la ciencia para los ecosistemas marinos y también admitidas en los estudios de impacto ambiental privados presentados por las cuatro empresas postulantes (tres realizados por Estudio Ingeniería Ambiental y uno por CSI). Los buques remolcan de diez a 12 cables de fibra óptica (streamers) de 10 quilómetros de largo y 1,5 de ancho, que irán cubriendo porciones marinas. Los planes prevén emisiones las 24 horas, cada seis segundos, los siete días de la semana. Las campañas podrían extenderse hasta por 1.000 días, debido a la posibilidad de cubrir la totalidad del área adquirida, que en algunos casos llega a los 51 mil quilómetros cuadrados.

Hay un consenso científico que los estudios privados no pueden desconocer, por lo cual básicamente proponen planes de reducción de daños y vagas medidas compensatorias. Los informes presentados ante el MA por las cuatro empresas son casi idénticos y mencionan cinco grupos de efectos ambientales: a) afectación física y al comportamiento de la fauna, b) afectación a sitios de particular relevancia para su conservación por la operación de fuentes sísmicas (como el «área de cría permanente de la merluza»), c) interferencia con la pesca comercial por presencia física de equipamiento y buque, d) afectación de la pesca comercial por afectación del recurso pesquero y e) percepción social negativa del emprendimiento.

Las evidencias científicas documentan el riesgo de daños físicos en mamíferos marinos, como ballenas y delfines. Los efectos no solo pueden afectar su conducta, orientación, alimentación y ecolocalización, sino que también pueden ser letales para especies que, curiosamente, son promocionadas por Uruguay en los catálogos de turismo de avistamiento. Las repercusiones también alcanzan a las tortugas marinas y comprometen a la población de huevos y juveniles de peces. Para este conjunto de impactos, las empresas suelen incluir a especialistas en observación de fauna marina para verificar la ausencia de ejemplares en toda la operativa y proponen un encendido progresivo de las fuentes de sonido «para favorecer el ahuyentamiento» de los animales. Las prospectoras delimitan una zona de mitigación que varía entre los 500 metros (APA Corporation) y los 1.000 metros (Viridien y Searcher Geodata) para mamíferos, y de tan solo 100 metros para tortugas marinas.

En cuanto a la pesca, proponen restricciones temporales y espaciales para no afectar la reproducción y cría en zonas relevantes y llevar adelante estudios de concentración de huevos y larvas para «verificar y validar las hipótesis tomadas para la evaluación de la potencial afectación». Además, prometen un protocolo de reclamos para eventuales pérdidas de capturas, genéricamente establecido y sin mayores detalles.

Uno de los tramos más sugestivos de los informes privados es el que da cuenta de la «percepción social negativa» de los emprendimientos, en el que se sugieren herramientas de comunicación y «relacionamiento comunitario». Las firmas también prometen compensar mediante la contratación de mano de obra local, esencialmente, tres observadores de fauna, dos operadores de monitoreo acústico pasivo y personal en las embarcaciones de apoyo: la famosa promesa de fuentes de empleo y de cooptación ensayada por las multinacionales extractivas que, paradójicamente, quizás termine incluyendo a los propios pescadores afectados. En esta fase, las empresas afirman que proveerán entre 60 y 100 empleos. El MA categorizó todos los proyectos como C, que comprende las «actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación».

POR UN PUÑADO DE DATOS

Hasta el momento, se postularon ante el MA cuatro empresas que ya tienen firmados contratos directos con ANCAP: PGS Exploration UK Limited (del grupo TGS), Viridien (ex-CGG), Searcher Geodata UK Limited y APA Exploration LDC-Sucursal Uruguay. Las cuatro propuestas ya fueron puestas de manifiesto por la autoridad ambiental, dos por el gobierno anterior y dos por el actual (el 18 de junio). La audiencia pública por el proyecto de PGS fue el 13 de febrero –es decir, a 15 días del fin del gobierno– y la del proyecto de Viridien, el 25 de mayo –14 días después de la elección departamental–. No se sabe aún qué pasó con Spectrum Geo Inc, la quinta empresa, integrante del holding noruego TGS, al igual que PGS, pero que tendría también un contrato firmado con ANCAP.

En medio de un enredado mar de siglas, son habituales los cambios estratégicos en los nombres o en la titularidad de las empresas de prospección sísmica, y ni que hablar en los paquetes accionarios de las petroleras. CGG –la empresa de geodatos que, según La Diaria (13-V-24), pretendía la categoría ambiental B (de impacto moderado) y que fue conminada a recategorizar como «altos» algunos de los impactos sobre la fauna– reformuló a la postre su plan y solicitó nuevamente una evaluación de un área más grande, ahora bajo el nombre de fantasía Viridien. Anna Lougon, la directora de negocios brasileña que encabezó la presentación en la audiencia ambiental, en el Museo del Carnaval, aseguró que solo se trata de un cambio de nombre comercial. A pesar de los documentos en los que se promete transparencia, hay antecedentes de acciones opacas en este sector, incluso por parte de una de las postulantes en Uruguay, la australiana Searcher Geodata (véase recuadro).

¿UNA REPÚBLICA BANANERA?

La ronda exploratoria de ANCAP ha logrado el raro trofeo de amalgamar en su contra a ambientalistas, empresarios, trabajadores de la pesca y científicos. En la audiencia de mayo, la única hasta ahora transmitida online por la presión de las organizaciones sociales, hubo un frente contrario de la Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Armadores Pesqueros. El Centro de Maquinistas Navales, integrante del sindicato de la pesca, ya había difundido un completo informe, con citas de Nature incluidas, en el que establece que con la sísmica los recursos pesqueros «son mermados de forma abrupta; no se puede negar este punto, ya que se cuenta con las lecciones aprendidas de la región y el mundo. Estas consecuencias en el ecosistema marino generarían un golpe muy fuerte a un país pequeño como el nuestro».

Pero quizás una de las participaciones más contundentes de la audiencia haya sido la del exdirector nacional de Recursos Acuáticos Daniel Gilardoni. «¿Pero dónde estamos? Esto parece hecho para un país bananero o en una dictadura», disparó el exjerarca frenteamplista (que ejerció su cargo entre 2010 y 2017), mientras exhibía la placa de las «compensaciones» presentadas por Viridien. Se leía en ella que los pescadores podrían solicitar resarcimientos «si demuestran, con evidencia respaldada, pérdidas inevitables en sus capturas debido a la actividad sísmica» y que ese «análisis requerirá un historial de capturas y esfuerzo pesquero de al menos cinco años». Las solicitudes deberían presentarse en el mes siguiente al fin de las prospecciones. En la sala se recordó que en anteriores expediciones se ofreció como compensación «cursos de inglés» a los trabajadores.

Los proyectos se impulsan mientras la industria pesquera procura un plan de revitalización, con una flota reducida a 50 embarcaciones, pero que aún emplea a 3 mil personas. Con un consenso que no parece existir en otros temas, todo el sector advierte sobre graves afectaciones producidas hasta en los tres años posteriores a las prospecciones lanzadas en el país entre 2012 y 2016. Gilardoni, que definió esa experiencia pasada como «pésima», no solo hace énfasis en la escasa capacidad en infraestructura para controlar las actividades sísmicas en Uruguay, sino en la falta de una política petrolera definida en todo el gabinete y sopesando diferentes visiones.

La Ronda Uruguay II, que arrancó en 2011, en los tiempos de Raúl Sendic al frente de ANCAP, e incluyó hasta un pozo exploratorio denominado cínicamente «Raya-I» –a cargo de la francesa Total–, fue un fracaso y eliminó a Uruguay del mapa petrolero hasta la llegada del nuevo boom africano. Con menos perfil público aún, en 2017, durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, se produjo otro ciclo exploratorio, esta vez con la confección previa de un protocolo de prospecciones.

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras-Uruguay, una de las 100 organizaciones que coordina en el ámbito de la Red Unión de la Costa, trabaja a contrarreloj de cara a las próximas audiencias públicas. Las organizaciones de la pesca y del ambientalismo son muy críticas con la «escasa transparencia» y el apuro del MA, que hizo dos puestas de manifiesto juntas en junio, algo que califican como «una falta de respeto». En la audiencia de mayo pudo escucharse: «Yo veo sentados acá a cuatro representantes de la empresa y solo dos del Estado [el director y la gerenta de evaluación ambiental del MA, Alejandro Nario y Rosario Lucas]. ¿Dónde está ANCAP? [apareció un gerente sobre el final] ¿Dónde está el ministro [de Ambiente]? ¿Dónde está el Ministerio de Turismo?», se escuchó en el estrado. El nuevo gobierno fue acusado de sucumbir bajo prácticas «coloniales», «ecocidas» y del «Uruguay for export».

Raissa Nogueira y Silvina Álvarez, de Mar Libre de Petroleras, van al argumento más básico: ¿qué necesidad tiene un país como Uruguay de abrir una nueva frontera petrolera? «Y encima en medio de una policrisis mundial. ¿Quién le preguntó a la ciudadanía uruguaya si quería vender al mejor postor siete bloques del océano», apunta Álvarez. La activista recuerda: «En mi país, Argentina, el primer cargamento con petróleo salió en 1908 de Comodoro Rivadavia. ¿Pero ustedes?». Algo similar advertía el grado 5 de la Facultad de Ciencias Omar Defeo, quien se pronunció totalmente en contra de esta nueva ronda, no solo por los efectos sobre los recursos pesqueros y los ecosistemas, sino por los efectos sociales sobre las comunidades que viven del mar (Brecha, 27-VI-25). Los sectores críticos de la academia no entienden cómo hará el actual gobierno para sensibilizar sobre el cambio climático cuando a la vez autoriza proyectos de esta naturaleza, que además no deberían ser analizados por separado, sino integralmente y en estrecha relación con la siguiente fase de explotación. En una reciente charla en el Centro Universitario Regional Este (CURE) de Rocha, se planteó la preocupación por el impacto acumulativo de la cantidad de empresas que puedan operar simultáneamente. El MA no ha explicitado por ahora un estudio público que dé cuenta de ese impacto conjunto, más allá de alguna declaración aislada.

LA CAMPAÑA GERENCIAL DE ANCAP

Secretismo es una palabra muy usada por las organizaciones ambientales para definir el talante con el que el anterior y el actual gobierno se mueven en este asunto, en el que ven un continuismo desde 2005. Claro que el contexto actual, posterior al agravamiento del cambio climático, es muy diferente al de ese año o al de 2011. Parece mucho más difícil de argumentar hoy la expansión de un modelo de explotación de combustibles fósiles en un país como Uruguay.

En el mismo día de junio en que en la página del MA aparecieron los dos nuevos proyectos, ANCAP convocó a una «reunión informativa», también en el CURE rochense, para una semana después (el 25 de junio). De nuevo, ninguna autoridad del orden político se hizo presente. Ni ministros ni directores oficialistas de ANCAP, sino mandos medios involucrados en la exploración de hidrocarburos de los últimos gobiernos: Santiago Ferro, gerente de Transición Energética, Pablo Gristo, jefe de Producción y Exploración, y Rosario Martino, jefa de Medio Ambiente.

«La inversión en petróleo es una obligación absoluta, incluso si se da el escenario de transición más rápido», se lee en el powerpoint presentado por el staff de la petrolera. Nada más ni nada menos que una frase de Neil Hodgson, director de Searcher Geodata, una de las postulantes. ANCAP plantea la coexistencia de las fuentes fósiles y renovables por lo menos hasta 2050 y lanza números mágicos: ganancias imprecisas por las ventas de datos 3D a las petroleras; si aparece el oro negro, un 60 por ciento de «tajada» (esa expresión es textual en los documentos) y el sonsonete de que todos los costos y riesgos son de responsabilidad de las empresas. Participantes de la charla de Rocha escucharon que ANCAP tendría la intención de comenzar con una campaña corta de sísmica en el verano de 2026.

También un absoluto pragmatismo –incompatible con la directiva del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (que concluyó en 2021 que no debe aprobarse ningún nuevo proyecto de extracción fósil en el mundo) y el Acuerdo de París– es el que marcan las exiguas declaraciones públicas de Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, a saber, el actual Ejecutivo toma esta cuestión «ya avanzada», pero no se opone a conocer el subsuelo marino. Se propone una reducción básica de daños: que no haya más de una compañía prospectando en una misma área. En La Diaria (3-VI-26), Ortuño tampoco dio demasiados detalles sobre la posibilidad de que un hallazgo de hidrocarburos coincida con las futuras áreas marinas protegidas: «Paso a paso, por ahora, regulación exigente que permita el avance de la actividad, mucha coordinación con ANCAP y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y aplicación en Uruguay de las mejores prácticas a nivel internacional. No adelantemos ni demos discusiones que no son para el estado de situación actual del tema».