A medida que el régimen israelí avanza hacia la fase de aniquilación total de Gaza, imponiendo a su población un sufrimiento inimaginable y a la par continúa su campaña de destrucción, expulsiones y despojo en Cisjordania, la indignación popular crece en todo el mundo ante la inacción de los gobiernos para imponer algún tipo de freno. Quizás para dar alguna señal que aplaque a las masas –que, además de indignarse, votan– y para mitigar su complicidad en un genocidio que pasará a la historia como uno de los peores del último siglo, algunos países de Europa, Australia y Canadá han anunciado su decisión de reconocer al Estado palestino durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).
¿Pero qué intereses estratégicos motivan esta movida? ¿Qué impacto real puede tener? ¿Qué peligros entraña? ¿Qué debería hacerse en cambio, o además? Cinco analistas palestinas respondieron estas preguntas en los portales de los dos principales think tanks palestinos: Noura Erakat y Shahd Hammouri en Jadaliyya, y Diana Buttu, Yara Hawari e Inès Abdel Razek en Al-Shabaka. Lo que sigue es una síntesis de sus ideas.
DE CÓMO ELUDIR RESPONSABILIDADES
La campaña por el reconocimiento del Estado palestino no comenzó en 2024 como respuesta al genocidio, sino que se remonta a 2011. Tras el ataque de Israel a Gaza en 2008-2009 y el colapso del «proceso de paz» de Oslo, la Autoridad Palestina (AP) se encontró políticamente desarmada. Mahmud Abás, presidente de la AP, lanzó la campaña de reconocimiento con dos objetivos: apuntalar a la propia AP –cuya función como órgano de transición había expirado hacía tiempo– y proyectar relevancia política. Expuesta como subcontratista de seguridad del régimen israelí, la AP necesitaba urgentemente legitimidad.
La estrategia resurgió en 2024, pues beneficia tanto a la AP como a los Estados europeos: le da respaldo internacional a una autoridad desacreditada, cada vez más impopular e irrelevante, y al mismo tiempo ofrece a las potencias occidentales un medio conveniente para eludir sus responsabilidades.
Recapitulemos: en 1974 la AGNU reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante legítima del pueblo palestino. El 29 de noviembre de 2012, Palestina fue aceptada en la AGNU como Estado «observador». Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) puede admitirlo como Estado pleno, pero el veto de Estados Unidos lo hace imposible (el último intento fue en abril de 2024). Pese a que 149 países (de 193) ya han reconocido al Estado palestino, este sigue siendo una ficción. Israel controla todo el territorio entre el Mediterráneo y el Jordán, así como todos los aspectos de la vida de la población palestina que vive en él –y de la que continúa refugiada porque Israel no le permite regresar–.
El reconocimiento formal del Estado palestino es un gesto simbólico que no ha tenido ni tendrá consecuencias sobre el terreno mientras no vaya acompañado de medidas efectivas de presión y sanciones para obligar a Israel a poner fin a su ocupación, colonización y robo del territorio palestino y alrégimen de apartheid; mucho menos va a servir para parar el genocidio de la población gazatí. Y eso es lo que lo gobiernos están evitando hacer; apenas se han limitado a sancionar a unos pocos colonos violentos y a ofrecer una ayuda humanitaria insignificante.
Como dice Hawari, «para los Estados europeos, el reconocimiento sirve para distraer la atención de su complicidad. Estas declaraciones no suelen ir acompañadas de sanciones, embargos de armas ni ningún compromiso concreto para poner fin a la ocupación o al apartheid. Por el contrario, funcionan como gestos simbólicos en el ámbito jurídico, al tiempo que protegen a Israel de su responsabilidad por crímenes de guerra y violaciones sistemáticas».
Hawari sostiene que el argumento de que el reconocimiento le daría más peso diplomático a Palestina en los foros internacionales es ingenuo y equívoco: ignora el desequilibrio de poder en el orden global, donde el veto estadounidense garantiza la impunidad de Israel y hace que Palestina nunca pueda negociar en igualdad de condiciones. «No somos un Estado soberano. Somos un pueblo colonizado, sitiado y ocupado que enfrenta un genocidio en Gaza. Cualquier compromiso político serio debe partir de esta realidad, no de la ilusión de un Estado que no existe. En lugar de detener el genocidio y la hambruna forzada –en gran parte facilitada por los mismos Estados que ofrecen el reconocimiento–, nos dicen que nos enfoquemos en una fantasía de Estado que nadie está dispuesto a hacer realidad.»
Más aún, sostienen Erakat y Hammouri, esta iniciativa diplomática tiene el riesgo de que se evite abordar la causa profunda del problema: el proyecto colonial sionista y su ideología supremacista, que busca la eliminación de la población palestina para imponer la soberanía judía en toda Palestina. Eso es la Nakba, una estructura de despojo, expulsión y eliminación que empezó en 1948, nunca paró y hoy se expresa de forma más brutal en Gaza. Y agregan que «equiparar falsamente la autodeterminación con la estatalidad es una ecuación peligrosa que plagó las luchas descolonizadoras anteriores y no hace justicia a la lucha palestina».
Las obligaciones de los Estados hacia Palestina en virtud del derecho internacional son muy claras. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que existe un genocidio plausible que obliga a los Estados a prevenirlo, y, en julio de 2024, determinó que la ocupación de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania es ilegal, lo que obliga a un boicot internacional para ponerle fin.1 Los terceros Estados deben imponer sanciones firmes para garantizar que el genocidio, el apartheid y la ocupación dejen de ser rentables. Esto requiere la cooperación internacional para excluir a Israel tanto del mercado como de los foros internacionales, sostienen las juristas palestinas.
EL MANTRA DE «LOS DOS ESTADOS»
La llamada comunidad internacional ha cacareado durante décadas que está a favor de la «solución de dos Estados», pero no ha movido un dedo para hacerla realidad. Quienes la repiten pretenden ignorar que se trata de un paradigma obsoleto e inviable; nunca dijeron cómo van a obligar a Israel a retirar las 300 colonias judías y sus 800 mil habitantes de Cisjordania y Jerusalén Este, a devolver las tierras y el agua robadas a sus dueños palestinos y a desmantelar toda la infraestructura del apartheid. Ese mantra, repetido hasta el cansancio, se ha convertido en la fórmula cómoda y políticamente correcta para perpetuar el statu quo sin que nada cambie.
El modelo de los dos Estados en los términos del consenso de la ONU consagra la injusticia de que el pueblo palestino tenga un Estado en el 22 por ciento de su territorio histórico anterior a la invasión sionista. Las mal llamadas «fronteras de 1967» son en realidad las líneas del armisticio firmado en 1949 entre los países árabes derrotados y el flamante Israel, que en la guerra de conquista de 1948 se apoderó del 78 por ciento del territorio palestino (mucho más que el ya injusto 55 por ciento que le otorgaba el plan de partición de 1947 plasmado en la resolución 181 de la ONU).
Hawari advierte: «Debemos tener claro qué es lo que realmente se reconoce cuando los Estados declaran su apoyo al “Estado de Palestina”. No se trata de un reconocimiento de soberanía, sino de una ficción diplomática. En esencia, codifica una narrativa de partición colonial: la fragmentación de la Palestina histórica en enclaves geográficos y políticos. Este tipo de reconocimiento no solo es ineficaz, sino también peligroso. Refuerza un marco particionista estrecho que reduce «Palestina a Cisjordania y Gaza y el pueblo palestino a menos de la mitad de lo que somos».2
Erakat y Hammouri también sostienen que reconocer un Estado palestino en Cisjordania y Gaza significa normalizar la Nakba y reducir el alcance del derecho a la autodeterminación palestina, pues no se tiene en cuenta el derecho al retorno de la población palestina refugiada y exiliada ni el derecho de igualdad de la que vive bajo un régimen de apartheid dentro del «Estado judío» (y cuya deportación forzosa apoya el 56 por ciento de la sociedad judía israelí).
¿UN NUEVO OSLO A LA VISTA?
Como mucha gente, las analistas sostienen que el momento actual es similar al de los Acuerdos de Oslo de 1993, y los riesgos, similares. A cambio de firmar los acuerdos, que otorgaron a Israel la apariencia de ser un «socio para la paz» sin ninguna medida significativa de rendición de cuentas o supervisión de cumplimiento, Israel normalizó relaciones diplomáticas y económicas en el ámbito mundial, especialmente con varios países árabes y musulmanes. Desde entonces no ha hecho otra cosa que acelerar su expansión colonial y crear hechos consumados e irreversibles sobre el terreno, sin ninguna consecuencia; la reciente votación del Knesset para anexar Cisjordania es un ejemplo de ello.
El «proceso de paz» de Oslo fue una artimaña3 para desarticular la intifada de 1987 y embretar la causa palestina en un marco de negociaciones controlado por Estados Unidos (aliado incondicional de la parte poderosa), desdibujando la naturaleza colonial de Israel y poniendo a los oprimidos a negociar su libertad con sus opresores. Así, la lucha de liberación palestina y su derecho a la autodeterminación fueron reducidos a una mera administración del territorio ocupado por parte de una entidad sin poder ni autonomía real (la AP), cuyo principal mandato es el de reprimir y desarticular la resistencia popular.
¿QUIÉN LOS ELIGIÓ?
En efecto, otro riesgo significativo de este proceso engañoso es la intención de facultar a la AP para asumir el liderazgo del nuevo Estado. Según Abdel Razek, «lo que estamos viendo en la última ola de reconocimientos europeos no es un apoyo a la autodeterminación palestina, sino un respaldo político a la AP. Por ejemplo, Noruega centró su reconocimiento en la AP y en su infraestructura institucional. Este replanteamiento socava la autodeterminación palestina y no cumple ni siquiera los criterios jurídicos más básicos para la creación de un Estado. Después de todo, la AP no ejerce ningún control sobre las fronteras, el espacio aéreo, los recursos naturales o el territorio, sino que es Israel el que lo hace. Así, el reconocimiento de Noruega se extendió a una entidad política que opera bajo el control israelí y que carece tanto de soberanía como de legitimidad democrática».
Erakat y Hammouri van más allá y reflejan el sentimiento popular hacia la AP, a la que califican de «organismo elitista y corrupto que es cómplice de los crímenes de la ocupación ilegal israelí», incluidos la tortura y el uso de fuerza letal contra quienes considera una amenaza. «En casi dos años de genocidio en Gaza, la AP ha bloqueado todos los esfuerzos para imponer sanciones a Israel, viendo en cambio el momento como una oportunidad para asumir de forma permanente el liderazgo indiscutible sobre los territorios ocupados y asegurarse la ayuda extranjera.»
LO QUE HAY QUE HACER
Resumiendo el consenso general, Erakat y Hammouri afirman: «Los Estados no necesitan reconocer a Palestina para poner fin a la ocupación, acabar con el genocidio e impulsar la autodeterminación palestina: necesitan una voluntad decidida para imponer embargos de armas y energía, poner fin al comercio y a las inversiones con Israel, expulsarlo de la ONU, hacer que los criminales de guerra israelíes y las empresas cómplices rindan cuentas ante los tribunales nacionales y arrestar al primer ministro Benjamin Netanyahu en cumplimiento de la orden de detención de la Corte Penal Internacional».
Insisten en que existen suficientes leyes para poner fin al genocidio, acabar con la ocupación y desmantelar el régimen racial y colonial de Israel. Lo que sigue faltando es la voluntad política para hacer frente a la colonización de Palestina y a sus implicaciones económicas y políticas. Estados Unidos, Europa y los Estados del Golfo, entre otros, han facilitado activamente el esfuerzo bélico de Israel. Mientras continúan sus exportaciones de armas y energía a Israel, persiguen duramente a quienes exigen la aplicación del derecho internacional y llegan incluso a criminalizarlos como «terroristas».
Buttu sostiene que los dirigentes palestinos empeñados en lograr más reconocimientos podrían haber elegido un camino diferente: podrían haber organizado una campaña seria y sostenida para exigir que Israel rindiera cuentas y presionar para que se impusieran sanciones, embargos de armas y acciones legales. «Ese es el quid de la cuestión: si, en medio de un genocidio, la máxima exigencia política es “por favor, reconózcanos”, ¿cómo se puede después exigir sanciones o justicia?»
- En 2004, otro dictamen de la CIJ afirmó que el muro israelí y el sistema asociado de colonias son ilegales y deben ser desmantelados. A fines de 2016, el CSNU aprobó la resolución 2334, que condena la colonización israelí en Cisjordania. ↩︎
- La población palestina se estima en unos 14 millones en el mundo; la mitad de ella vive en la diáspora y la otra mitad vive fragmentada con distintos estatutos civiles y documentos de identidad en enclaves desconectados entre sí: Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y lo que hoy es el Estado de Israel (donde el 20 por ciento de la población es palestina). ↩︎
- Inès Abdel Razek, «Treinta años después: la artimaña del Proceso de Paz en Oriente Medio», Sin Permiso, 2-I-22. ↩︎
