La violencia criminal en Uruguay se debe, en gran parte, a la disputa entre bandas locales por el control de territorios de microtráfico. En los últimos años, la crueldad de estos grupos se ha intensificado: escenas que antes parecían ajenas, propias de otros países, hoy forman parte de la vida cotidiana de quienes caminan el barrio: ajustes de cuentas, niños baleados, cuerpos desmembrados. A esto se suma el hacinamiento crónico carcelario, convertido en caldo de cultivo para la expansión de una nueva criminalidad que golpea con brutalidad a los barrios más marginados.
El crecimiento de esta violencia lleva a las personas a vivir en estado de alerta y bajo amenaza constante, con miedo a denunciar, a hablar o a quedar en el medio del conflicto. «Han sacado a familias de sus casas y no lo denuncian porque temen las represalias», dice a Brecha Pelusa Medina, referente barrial de la Unión y Malvín Norte. Para Pelusa, los más vulnerables a quedar atrapados en la espiral del delito son los jóvenes que no estudian ni trabajan, que encuentran en el microtráfico una salida «fácil».
Desde Uruguay Crece Contigo –un programa del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que trabaja en duplas técnicas acompañando a madres con hijos pequeños y a embarazadas en barrios vulnerables–, advierten también que este aumento de la violencia no solo afecta a las familias, sino a quienes trabajan en el territorio. En ocasiones los operadores del programa han tenido que ser retirados porque han sido amenazados o corren riesgo al ser testigos de la violencia que sufren las personas a las que acompañan.
En este contexto, los profesionales que trabajan con las familias son una pieza clave para la investigación de delitos. En el último tiempo, se ha desarrollado un trabajo coordinado con la Unidad de Víctimas y Testigos (UVYT) de la Fiscalía General de la Nación, que promovió la incorporación de estos testimonios –materializados en informes– a los procesos penales «para que se valore la mirada del técnico que interviene directamente con la familia a la hora de que el juez evalúe la situación», dijo al semanario una fuente del ministerio.
Uruguay Crece Contigo cuenta con un equipo jurídico que analiza cada caso y define qué situaciones deben ser derivadas a la Fiscalía. Por razones de protección, algunos informes son firmados por el supervisor con el objetivo de resguardar el vínculo que el profesional mantiene con las familias. «Nosotros buscamos mecanismos de denuncia cuidados, que los técnicos puedan denunciar y sea útil para las investigaciones, pero que no los deje expuestos porque ellos siguen trabajando allí», explica a Brecha Manuela Reguera, la nueva directora de la UVYT.
LO IMPENSADO
La UVYT se creó en noviembre de 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal. La normativa mandata a la Fiscalía a atender, proteger y acompañar a víctimas y testigos de delitos, con un enfoque psicosocial. Para acceder a este acompañamiento, la persona debe formar parte de una investigación llevada adelante por la Fiscalía. Es el equipo fiscal el que evalúa si el testimonio es relevante para el caso y, en función de eso, solicita la intervención de la unidad. Una vez derivada, la persona debe recibir un trato respetuoso y tener acceso a toda la información necesaria sobre el proceso penal.
El equipo de la UVYT está integrado por 50 técnicos –entre psicólogos y trabajadores sociales– que operan en todo el país. La unidad trabaja de manera coordinada con el equipo fiscal y la Policía. En sus inicios, las derivaciones de los fiscales y la atención a las víctimas se concentraban principalmente en delitos relacionados con la violencia basada en género.
El incremento en el acompañamiento a personas vinculadas a homicidios es un fenómeno reciente, registrado principalmente en el último año. «Hemos visto un crecimiento exponencial, que se refleja en la cantidad de personas que tuvimos que reubicar como medida especial de protección», cuenta Reguera. La directora de la UVYT señala que, en algún punto, toda esta violencia no estaba contemplada en las políticas iniciales diseñadas para dar respuesta a las víctimas. «Nosotros nos estamos adaptando a esta nueva forma de criminalidad», admite.
Parte de ese proceso implica repensar la atención frente a una criminalidad cada vez más cruel, con homicidios que alcanzan niveles de brutalidad impensados y hacen necesario, por ejemplo, el acompañamiento a víctimas que reciben los cuerpos de sus familiares descuartizados. «Fue una realidad que nos atravesó –reconoce Reguera– y nos llevó a repensar qué estrategias debemos implementar y profundizar para acompañar a estas familias en el dolor y la pérdida.»
Reguera fue designada directora tras la renuncia de Mariela Solari, quien estuvo al frente de la unidad desde su creación. Previamente, integraba el equipo como supervisora. «Supervisaba justamente la sede que trabaja con homicidios, con estupefacientes, con el crimen organizado. Por eso es lo que más conozco.»
La protección debería brindarse a todas las víctimas y los testigos que presentan una denuncia, pero la UVYT no cuenta con recursos suficientes para hacerlo. Por esta razón, se priorizan las situaciones más urgentes. Entre 2019 y 2024, se atendió a más de 20 mil personas. Hasta el año pasado, el promedio anual era de unas 3 mil, con un 70 por ciento de víctimas y un 30 por ciento de testigos. Esas cifras corresponden a nuevas derivaciones, mientras que el número de personas que se mantiene bajo acompañamiento ronda las 3.500, porque el servicio brinda asistencia a lo largo de todo el proceso penal, que en muchos casos puede extenderse por años.
Lo novedoso de 2024 es que la unidad atendió a 4.050 personas, lo que representa un aumento del 27,5 por ciento en comparación con 2023. La distribución de la atención por tipo de delito se mantuvo estable –en su mayoría, delitos sexuales y violencia doméstica–, pero se incrementaron en un 37 por ciento los casos vinculados a homicidios: 50 por ciento de víctimas y 48 por ciento de testigos.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior (MI), los homicidios se asocian cada vez más al tráfico de estupefacientes, que representó en promedio un 21,1 por ciento de los casos entre 2022 y 2024, seguido por disputas personales y venganzas. En tanto, el aumento sostenido de las «muertes dudosas» –que pasaron del 22,8 por ciento en 2013 a más del 50 por ciento en 2022– motivó sospechas sobre un posible subregistro. A su vez, entre 2022 y 2024, el 39 por ciento de los casos de homicidios permaneció sin resolverse.
Otro de los rasgos más evidentes de la brutalidad de la criminalidad es el aumento en el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes. Solo en 2024, la unidad atendió a 15 infancias víctimas de femicidio cuyas madres o mujeres a cargo fueron asesinadas. Si se suman los casos registrados entre 2017 y 2023, el total asciende a 184.
Reguera señala que este fenómeno también se refleja en situaciones de microtráfico. «No había tantos niños involucrados, o al menos no lo veíamos tan seguido ni con tanta intensidad de violencia y letalidad», asegura. Aunque la Fiscalía no cuenta con datos sistematizados sobre estos casos, el equipo observa un crecimiento sostenido en la exposición de menores a escenarios de alto riesgo.
En el último año y medio, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) atendió a 37 menores de 14 años que fueron baleados, según cifras difundidas por El País (11-VIII-25) tras un pedido de acceso a la información pública.
MÁS PROTECCIÓN
Dentro de la UVYT funciona el Programa de Medidas Especiales de Protección, que atiende exclusivamente a víctimas y testigos de delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes y crimen organizado, incluida la trata de personas. «La evidencia de lo que iba pasando en el territorio nos llevó a crearlo», dice la directora de la UVYT.
El programa comenzó a funcionar tras los operativos Mirador del MI, que empezaron en diciembre de 2017 en Montevideo y se extendieron a otros departamentos del país entre 2018 y 2019. Durante estas acciones, se detuvo a grupos criminales y personas vinculadas al tráfico de drogas, tráfico de armas y extorsión.
En paralelo, para brindar un acompañamiento integral, en 2018 se creó, por decreto presidencial, el Gabinete Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de Delitos. «Es el encuentro de todas las instituciones que ya tienen como mandato dar respuesta a las poblaciones vulnerables. En este caso, lo que hacemos es coordinar las acciones para aquellas personas que, además, han sido víctimas de un delito», explica Reguera.
El gabinete está integrado por diversas instituciones, como el MI, el MIDES, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay , el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Una de sus principales acciones es la relocalización de las familias para evitar que regresen a los barrios donde están expuestas a nuevos riesgos. Para esta asistencia se trabaja estrechamente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Además, en los casos en que las personas presentan afectaciones psíquicas, se recurre a ASSE para garantizar una atención especializada.
En 2024, se establecieron medidas especiales de protección para casi 80 personas y se relocalizó a más de diez núcleos familiares, principalmente víctimas de trata y homicidios. Desde 2018 hasta 2024, se brindó acompañamiento a 480 personas como testigos protegidos. «Más allá del acompañamiento psicosocial, que es nuestra competencia, necesitamos dejar a esa persona anclada a otra institución responsable, para que en algún momento pueda trascender su condición de víctima o testigo de un delito», explica Reguera.
VÍCTIMAS SILENCIOSAS
El sociólogo Rafael Paternain, que ha llevado adelante diversas investigaciones sobre víctimas del delito, considera que el aumento de la violencia ocasiona un efecto de retraimiento en las denuncias, provocado por las lógicas que las personas experimentan en los territorios: «No solo de las violencias, incluyendo las más crueles, sino también de ciertas lógicas del miedo, del ejercicio de poder y de dominación vinculado a las economías ilegales, donde se mezclan con la violencia de género».
Sin embargo, Paternain considera que la dificultad para presentar denuncias no se debe únicamente a la violencia criminal o a un problema de subregistro en las comisarías, sino que responde a un problema más estructural. Para el sociólogo, este fenómeno está estrechamente relacionado al comportamiento del Estado en los territorios, en especial al accionar policial, lo que provoca una victimización mucho más silenciosa.
«Son las víctimas de la violencia institucional, de la violencia de Estado, de la violencia policial. Hemos tenido algunos casos medio fuertes, pero también otros más silenciosos», relata. Para Paternain, esto impacta en la disposición de las personas a la hora de recibir acompañamiento: «Buscan desafectarse de cualquier instancia institucional que pueda ser un lugar de refugio, un espacio donde uno pueda, por ejemplo, trasladar una situación».
Un dato elocuente es que en las zonas donde más crecen los homicidios –como el noroeste y noreste montevideanos– y donde la violencia es más brutal y letal los niveles de esclarecimiento del delito disminuyen sistemáticamente. «Hasta que no se empiece a revertir las tasas de impunidad, no se podrá generar un mecanismo de confianza que permita trasladar esas necesidades hacia la acción institucional», concluye Paternain.
