La movilización que obligó a anular la última y más importante etapa de La Vuelta en España el 14 de setiembre ha dado la vuelta al mundo en titulares. El Jerusalem Post citaba al empresario español David Hatchwell Altaras, presidente de la Fundación Hispano-Judía, para criticar al gobierno español por avivar las protestas contra el genocidio. El empresario acusaba al «corrupto gobierno de Pedro Sánchez» de «politizar» la Vuelta Ciclista a España y utilizar a Israel de «cortina de humo» para ocultar sus «múltiples escándalos». Hatchwell es amigo personal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y durante un tiempo fue uno de sus principales donantes. Entre sus amistades también se cuentan las más altas autoridades del Partido Popular en la capital y de la Comunidad de Madrid, que han seguido un discurso similar […].
La prensa deportiva, encabezada por el francés L’Equipe, hacía hincapié en el hecho «inédito», «histórico» y «sin precedentes» de unas movilizaciones que consiguieron detener la carrera casi 60 quilómetros antes de la meta y dejaron sin podio final a los ganadores.
Los medios internacionales generalistas coinciden en señalar las palabras de apoyo del presidente español a las movilizaciones. «Lo que pasó ayer en Madrid debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo», dijo Sánchez el lunes 15 en una reunión interparlamentaria del Partido Socialista. «Las organizaciones deportivas internacionales deberían plantearse que Israel siga participando en sus actos. ¿Por qué se expulsó a Rusia y a ellos no? Nuestra posición es clara y rotunda, la comparte gran parte de la ciudadanía, vote lo que vote», señaló.
CONTRASTES
Las palabras de apoyo y las acusaciones de complicidad con las protestas contrastan con las imágenes de las cargas policiales y la decena de manifestantes heridos por bastones policiales y balas de goma, según señala Defender a Quien Defiende. Las palabras de Sánchez no solo chocan con el «uso desproporcionado de la fuerza» que denuncia esta plataforma de derechos humanos, sino también con la falta de concreción de las nueve medidas anunciadas el 8 de setiembre. En las movilizaciones de La Vuelta, una de las principales demandas fue la aprobación urgente del real decreto ley (RDL) de embargo de armas a Israel. Y no de cualquier texto, sino una ley que asegure que no habrá excepciones ni lagunas, que sirva para anular los 46 contratos activos actualmente y contemple la compraventa, el tránsito en todas sus variantes y el doble uso, el comercio de aquellos productos que se utilizan para actividades civiles y militares. Todo parecía indicar que el texto del RDL sería aprobado en el Consejo de Ministros de este lunes, 15 de setiembre, pero no ha sido así. El gobierno ha pedido más tiempo para afinar una redacción negociada a espaldas de la sociedad civil y prevé aprobarlo en la reunión de gabinete del 23. Poco se sabe sobre cómo será el texto final. El viernes 12, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) de Murcia hizo público que un nuevo barco de la empresa israelí ICL se aprestaba a desembarcar en el puerto de Cartagena en los siguientes días. Si el gobierno pretendía ser coherente con las medidas anunciadas, subrayaron, debía impedir su atraque. Esta empresa, además de colaborar con el genocidio a través de sus filiales, extrae minerales de la cuenca norte del mar Muerto, en la Cisjordania ocupada. La quinta medida anunciada por el gobierno prohíbe «la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados», una redacción ambigua que, en función de su interpretación, puede limitar su aplicación a unas pocas empresas de poca facturación y dejar impunes a las más grandes, como ICL.
El barco Trans Tind atracó finalmente en Cartagena el 14 de setiembre. El gobierno alega que transporta fertilizantes, sin tener en cuenta de dónde han sido extraídos y cuál es la contribución de la empresa a los intereses de Israel en Gaza y en los territorios ocupados. «Lo relevante no es si la carga se va a usar para fertilizantes, sino si la mercancía proveniente de Israel forma parte del comercio con la empresa israelí ICL, que se beneficia de la ocupación militar de Palestina», reaccionó la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. El gobierno español, dijo, debe frenar de «manera inmediata todo comercio con Israel, más aún cuando proviene de la explotación de recursos en territorios ocupados de Palestina, como es el caso de la empresa israelí ICL». De las nueve medidas anunciadas, ninguna impide que las empresas españolas colaboren con la ocupación, con la violación de los derechos humanos o, incluso, con el genocidio.
A MÁS
Las movilizaciones de La Vuelta han marcado un hito en la lucha del movimiento de solidaridad con Palestina, pero todo indica que la presión va a ir en aumento. El movimiento BDS hizo a principios de mes un llamamiento «con carácter de vida o muerte» para «cortar con la complicidad en el genocidio» en la Franja de Gaza.
Desde esta plataforma, que agrupa a más de 500 colectivos, llaman a intensificar «la presión y las acciones disruptivas de BDS contra el Estado español, las corporaciones y las instituciones» hasta llegar a una «disrupción masiva» en las últimas semanas de setiembre, que coincida con la Asamblea General de la ONU, en la que varios países se han comprometido a reconocer al Estado palestino, aunque algunos de ellos, como Reino Unido, Bélgica o Australia, condicionan la medida a la liberación de todos los prisioneros israelíes en manos de Hamás.
Todo indica que la cumbre de la ONU coincidirá con otro hito histórico: la aproximación a la costa de Gaza de la Global Sumud Flotilla, la misión naval de solidaridad más grande de la historia, iniciada con 34 barcos y unas 600 personas. Este domingo, se sumaron 18 embarcaciones y más se sumarán en los próximos días desde Italia y Grecia. «Si tocan a la flotilla, paramos todo», ha sido el mensaje que se ha escuchado tanto en las recientes movilizaciones como en discursos de diversos sindicatos combativos europeos, desde Génova a Madrid. «Hay en estos momentos dos corrientes de movilización social en España. La que encarna [el partido ultraderechista] Vox, como partido piloto. Y la que ha acompañado a La Vuelta a España. Las dos corrientes son profundas. Todo ello puede conducir a unas elecciones generales inéditas», señalaba el analista Enric Juliana en redes sociales.
(Tomado de El Salto, por convenio. El título es de Brecha.)
