El anuncio se hizo el miércoles por la tarde en la Torre Ejecutiva. El presidente Yamandú Orsi informó la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard para la compra de dos buques Offshore Patrol Vessel (OPV), luego de explicar que se detectaron irregularidades en el proceso de licitación y en la garantía utilizada por la empresa para legitimar el negocio ante el Estado uruguayo. A su lado estaban el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, quienes brindaron detalles del caso. Se sospecha que en el proceso de compra –impulsado durante la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou– hubo una «estafa o fraude» contra el Estado, adelantó Orsi.
La compra de los buques OPV estuvo, desde el comienzo, plagada de vicisitudes. La licitación generó interés de empresas de varios países, como China, Francia, España, Alemania e Israel. En un principio, todo hacía prever que la adjudicación sería otorgada a la empresa China Shipbuilding Trading Co. –cuya propuesta tenía el aval técnico de la Armada Nacional–, pero presiones del gobierno de Estados Unidos hicieron que el gobierno de entonces desechara la propuesta. La licitación quedó entonces desierta y se hizo un nuevo llamado.
Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) –entonces al mando del actual senador nacionalista Javier García– eligió a Cardama, astillero español sin experiencia en la construcción de estos buques. Según informó entonces el diario El Observador (12-VI-2023), Cardama había quedado en el último lugar entre las cinco empresas que fueron analizadas por la Armada; Gustavo Musso, el oficial que firmó el informe, fue pasado a retiro.
El acuerdo se cerró en unos 100 millones de dólares, pagaderos a medida que avanzara la obra. La empresa tenía 18 meses para entregar los buques, pero el inicio de los trabajos se demoró, ya que Cardama estuvo 11 meses sin conseguir la garantía para cerrar el negocio. Al final apareció un papel firmado por Eurocommerce, institución financiera no bancaria, con sede en Reino Unido.
La garantía –de 12 meses– se venció, por lo que el gobierno decidió ejecutarla. Fue cuando se constataron las irregularidades. Un informe del estudio jurídico británico Arnold y Porter reveló que Eurocommerce está en proceso de liquidación, que desde 2022 no tiene actividad económica, que su titular es un ciudadano ruso y que las autoridades británicas iniciaron el trámite para eliminarla del registro público de sociedades. Además, en la dirección de la empresa funciona una inmobiliaria. En la conferencia del miércoles, Díaz la definió como «una empresa de papel», lo que supone indicios de fraude. Las irregularidades con la garantía quedaron estampadas en un informe del estudio Delpiazzo, contratado por el MDN durante la anterior gestión.
El exministro de Defensa, Javier García, responsable político de la adjudicación –que se concretó oficialmente durante la gestión de Armando Castaingdebat–, aseguró que la rescisión del contrato y la denuncia penal que promueve el gobierno son parte de un ataque político contra la gestión anterior, una campaña de enchastre dirigida desde Torre Ejecutiva. García aseguró que no existía ningún motivo para ejecutar la garantía y que el astillero viene cumpliendo con el contrato, por el que el Estado ya pagó unos 30 millones de dólares. En esa línea, también se refirió Mario Cardama, propietario del astillero, quien aseguró que no fue notificado de la decisión, que la primera OPV tiene un avance del 60 por ciento de la obra y que no presentó la actualización de la garantía porque se olvidó.
