Este texto se refiere a aspectos no financieros del proyecto de presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Quienes pregonamos que los diversos procesos de la vida social incluyan la consulta y la participación de los involucrados debemos estar atentos a que esos mecanismos se apliquen a nuestros terrenos más cercanos y a que tengan coherencia con su temática y las buenas prácticas de la nación.
Los artículos 34 a 46 del proyecto de ley que ahora trata el Senado se refieren a temas directamente relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación. El 34 y el 35 crean un «Programa Uruguay Innova» y un «Fondo Uruguay Innova» para coordinar y articular el sistema de innovación nacional a través de su introducción «en las actividades de carácter productivo y social, y de la valorización y transferencia de conocimiento para el desarrollo económico y social sostenible». En el texto del proyecto se utiliza la palabra ecosistema no por su carácter ecológico, sino por su complejidad.
Los artículos 36 a 44 versan sobre la creación de una «Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento» en la Presidencia de la República, y a modificaciones asociadas a las competencias y la integración del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Establecen también la desaparición de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.
El artículo 45 y el 46 se refieren a asuntos relacionados con todo lo anterior: creación del Consejo Asesor Científico Honorario asociado a la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y creación en la órbita de la ANII de un «Programa Central de Alta Dedicación a la Investigación», sin establecer su financiación. A su vez, el artículo 60 encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la convocatoria de un Diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo.
Analizaré esos artículos brevemente haciendo algunas propuestas constructivas.
COMENTARIOS
La preocupación del Poder Ejecutivo (ahora insistentemente restringido a la Presidencia de la República) por estos aspectos merece el justo elogio. La manera de atenderla, no tanto.
Que se recurra a organismos asesores en materia científica, como dispone el artículo 45, es muy conveniente. Esa es una de las razones por las que existen las academias –en particular la Academia Nacional de Ciencias– creadas por leyes que les dan sus atribuciones. Reglamentar estos asesoramientos es mucho más útil que crear nuevos organismos, más cuando la actual administración se precia con justeza de querer simplificar trámites y restar burocracia. Es muy buena idea que haya un programa de alta dedicación a la investigación que dependa de la ANII, asesorado por el Conicyt, y también que se promueva una estrategia nacional de desarrollo.
La creación de Uruguay Innova fue anunciada en mayo de este año, con un despliegue mediático importante por parte de su principal promotor, Bruno Gili. Se ha avanzado mucho en su implementación. Aun así sorprende que, vistas las materias que debe atender, el Consejo Estratégico Ministerial que dirigirá el programa «estará integrado de forma permanente por el secretario de Presidencia de la República, que lo presidirá, los ministros de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto». Se ignora con esa integración al ministerio que trata los temas educativos –el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)–, al de Ambiente y al de Salud Pública, todos ellos relacionados con la innovación sustentable.
PARA VALORIZAR EL CONOCIMIENTO
La creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento en la órbita directa de la Presidencia merece más comentarios. Que la puesta en valor esté incluida en su denominación amerita especial atención, sobre todo cuando el programa Uruguay Innova parece tener ese mismo objetivo, porque ¿qué duda hay de que la innovación está íntimamente vinculada a la ciencia y sus desarrollos tecnológicos? La reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación amerita una discusión amplia y abierta que puede –debe, en mi opinión– terminar con la creación de un organismo coordinador central. Pero este no puede ni debe escapar totalmente al control parlamentario, como es el caso del que se estaría creando. Será necesario un nuevo formato institucional. No creo, sin embargo, que esto deba hacerse a las apuradas, por lo que la apertura –breve pero necesaria– de ámbitos de discusión de estas temáticas por las instituciones y personas idóneas es una necesidad nacional. En el anterior período de gobierno, el MEC, con el apoyo de la Oficina Regional de Unesco, organizó discusiones varias. Muchos de los participantes consideraban que eran pour la galerie, pero existieron, y debe haber múltiples documentos de resumen que podrían ser de gran utilidad. El formato abierto fue reclamado por instituciones representativas de trabajadores, empresas, academias, la Universidad de la República… Estuve analizando varios documentos de todos esos organismos; en ninguno encontré que se fundamente hacer modificaciones con pocas consultas y en un formato tan centralista como el que se establece en el proyecto de ley de presupuesto.
Ahora la centralización se concreta en un organismo con asesorías «a título personal» (artículo 45), bajo el control absoluto de la Presidencia y con el pasaje a segundo plano de un organismo –el Conicyt– que ya tiene una importante representación de los directamente involucrados en su temática y al que, en todo caso, corresponde darle más ejecutividad y medios para asesorar debidamente y a tiempo. Incluso se suprime el control sustantivo que el Conicyt hace de la ANII.
No estoy priorizando ningún organismo de los existentes sobre los que se propone crear. Por el contrario, se debe estudiar el sistema entero, ver qué se deja, qué se cambia, qué se crea, cuál es el plan maestro –que en su momento se llamó Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación–. Aun así no puedo dejar de destacar que es una rareza que se disponga que el MEC no tenga una sección dedicada a las investigaciones científica y tecnológica. Eso sucedería de acuerdo a lo votado en Diputados (artículo 40) e implicaría aceptar sin más que la cultura y la educación no involucran esas investigaciones.
UN GRAN APORTE
Esta acumulación de errores lleva casi naturalmente a proponer la sustitución de los artículos 36 al 45 por un único artículo que establezca un marco de discusión amplio y temporalmente acotado para la elaboración de una ley que establezca normas y criterios para esas temáticas y que reordene los organismos existentes y los nuevos. Los fondos adjudicados en el artículo 37 –y más si se pudiera– se destinarían a esta tarea. Un año, poco más quizás, puede ser suficiente para la discusión, si se le dan los recursos y su integración se conforma en esta ley de presupuesto. Sería un gran aporte que podría dar esta legislatura para un objetivo directamente relacionado con el desarrollo nacional.
