La adquisición por parte del gobierno anterior de dos buques de patrulla oceánica –citados usualmente como OPV, por sus siglas en inglés– para las Fuerzas Armadas al astillero español Cardama por cerca de 82 millones de euros –unos 90 millones de dólares– enfrentó desde el inicio del proceso de licitación a oposición y oficialismo, por entonces en roles opuestos. En ese contexto, no es de extrañar que la interpelación del pasado miércoles 10 a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por razón de la decisión del gobierno de rescindir ese contrato por sospechas de estafa o fraude al Estado uruguayo, tomara un tinte personal, con el extitular de la cartera y responsable de la compra, el senador del Partido Nacional Javier García, como miembro interpelante.
La instancia ocurrió mientras la Fiscalía investiga la denuncia elevada por el Poder Ejecutivo, que ya pagó cerca de 20 millones de dólares al astillero a fines del año pasado y debe abonar la próxima cuota por otros 10 millones en febrero, en tanto las obras en la ciudad española de Vigo siguen avanzando, aunque con retrasos. Mientras tanto, existe incertidumbre sobre si el Estado, en caso de concretar la rescisión, podrá conservar o no lo que se haya construido hasta entonces o, en su defecto, recuperar los fondos invertidos.
El desenlace fue previsible: además de ratificar la decisión del gobierno, la mayoría parlamentaria oficialista denunció lo que entiende como «uno de los mayores fraudes de la historia» en compras públicas, reafirmados en los nuevos elementos que constatan irregularidades presentados por Lazo, en tanto la oposición consideró «absolutamente insatisfactoria» la exposición de la ministra, denunció una serie de irregularidades de distinta naturaleza cometidas por el gobierno y pidió elevar la versión taquigráfica de la interpelación a la Fiscalía.
ESPIONAJE MAQUIAVÉLICO
«Hoy vamos a decir si estamos dispuestos a equipar a nuestras Fuerzas Armadas o a desmantelarlas y dejarlas morir por inanición», afirmó García, de forma categórica, al inicio de su exposición, y a continuación esbozó algunas de las explicaciones que encuentra a la «ilegítima» rescisión del contrato, cuyo «boicot empezó apenas se firmó» y es resultado de un «plan maquiavélico» del gobierno. Entre otros elementos, recordó que «desde filas de la izquierda nacional hay teorías de eliminar a las Fuerzas Armadas», y señaló que, como «forma indirecta de lograr ese objetivo», se busca «desmantelarlas». En esa misma postura, dijo, se halla la posición en contra que tuvo el Frente Amplio (FA) hacia la compra de los aviones Hércules o el retiro de la DEA (Administración para el Control de Drogas) del país durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, la rescisión fue una definición «política e ideológica».
Sin embargo, García esbozó otra hipótesis que contraviene la anterior: «El plan estaba minuciosamente pergeñado para destruir, yo estoy convencido, cualquier compra… No, había una que no estaban dispuestos a dejar de lado». Se refería a la oferta que una empresa china había hecho en el primer proceso de licitación, en 2022. Las comisiones técnicas de la Armada habían evaluado esa oferta como la mejor opción, pero fue rechazada por el gobierno anterior por su costo –160 millones de dólares–, «el doble» que el precio de Cardama, recordó García. La decisión había despertado suspicacias en el FA sobre eventuales «presiones» de Estados Unidos para anular el llamado.
Por otra parte, el exministro recordó que, según la normativa, al frente del seguimiento legal de la construcción de las OPV que lleva adelante el ministerio debería estar el contralmirante José Ruiz, responsable de la Dirección General de Material Naval, quien «fue retirado» de esa responsabilidad para que la asuma la ministra «sin ningún asesoramiento institucional de la Armada». El actual ministerio ignoró las designaciones de la gestión anterior de los capitanes para supervisar las obras, «tres oficiales superiores de vastísima experiencia», y, en cambio, envió a los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, dos integrantes de la Comisión Técnica de la Armada –organismo que, también por normativa, tiene excluidos de sus competencias los buques militares–, quienes, además, son «representantes políticos de la ministra», que «hicieron tareas de inteligencia sobre una empresa contratada por Uruguay, en un Estado amigo de Uruguay, y eso no se puede hacer», sostuvo García.
Asimismo, aludió a los adscriptos de la ministra Damián Rojas y Daniel Marsiglia, responsables de la investigación administrativa ordenada por el ministerio referida a las negociaciones con Cardama durante el proceso de compra de las patrullas –que terminó con sanciones a múltiples mandos de esa fuerza–, y les atribuyó «pesquisas secretas, interrogatorios y careos a oficiales de la Armada, así como investigaciones sin respaldo legal» (en setiembre, El País constató a través de un pedido de acceso a la información pública que los asesores no tenían la potestad administrativa para elaborar ese tipo de informe). Entre los afectados por las sanciones se encontraba uno de los designados por la administración anterior para ir a España a supervisar el trabajo de Cardama. El exministro, además, recordó las «fuertes presiones políticas», que denunció la empresa, para impedir que Abitab le diera la garantía solicitada, que finalmente la empresa uruguaya negó al astillero.
PEOR IMPOSIBLE
En su respuesta a los señalamientos de la oposición, la ministra reiteró, de manera cronológica, los eventos que causaron preocupación frente a la elección de Cardama para la construcción de las patrullas, desde el informe técnico de selección de licitación que señalaba al astillero como la opción menos conveniente de las siete disponibles –Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, que elaboró el documento, pidió adelantar su pase a retiro luego de que se votara a favor de la compañía española– hasta los más recientes pormenores que la empresa tuvo para obtener la garantía para las obras. En este sentido, calificó como «vergonzosa» la garantía aceptada por la administración anterior y afirmó que de este «fraude ha sido víctima toda la sociedad uruguaya». A esto se suma el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, elaborado a pedido de la cartera, que concluye que la adjudicación del gobierno anterior fue motivada por «razones políticas» y sin «una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, los cuales debieron considerarse imprescindibles en una contratación directa de excepción», de acuerdo al documento divulgado por La Diaria (9-XII-25). Tras la cronología, Lazo concluyó: «Es realmente muy difícil hacer las cosas peor». Con todo, y en una suerte de inversión de roles con su miembro interpelante, la ministra afirmó que, lejos de hacer «una valoración con el diario del lunes», los «cuestionamientos son sobre la propia actuación observada durante el proceso durante casi todo el 2024, que era más que suficiente como para sugerir un mayor celo y haber dejado sin efecto el contrato».
En esa línea, anunció que los resultados de la pericia del Ministerio del Interior a la renovación de la garantía –presentada por Cardama minutos antes de la conferencia en la que el gobierno anunció la solicitud de rescisión del contrato, en un intento por evitar que el Ejecutivo denunciara públicamente sus sospechas de fraude sobre la empresa– concluyeron que, «para colmo, era falsa». Las pesquisas, divulgadas por Búsqueda horas antes de la interpelación, detectaron que la firma y el sello al final del documento fueron probablemente copiados de la garantía original y pegados en la renovación, y que había errores, por ejemplo, en la fecha –se presentó el 22 de octubre, pero se indicaba que había sido otorgada el 26 de setiembre de 2024–. El documento habría sido «armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos». La demora en la entrega de esa renovación fue lo que llevó al Estado uruguayo a pedir la ejecución del aval de la garantía original, de la firma EuroCommerce Bank. Al no poder cobrar esos fondos, el gobierno advirtió que podría tratarse de una institución ilegítima.
Además de «todos estos problemas que entendemos que son graves, se observa que el avance del proyecto está plagado de irregularidades técnicas muy serias y que hay incumplimiento del constructor y un gravísimo apartamiento del contrato», apuntó la ministra. Por ejemplo, señaló que «no se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos, y se encienden algunas alertas que tienen que ver con la estabilidad y calidad del buque». De hecho, un informe con fecha del 5 de diciembre de los oficiales de la Armada que supervisan las obras en España, dado a conocer por El Observador, reporta que «la estabilidad» de uno de los buques «se encuentra comprometida», ya que, si se inundara el último compartimento de popa, quedaría con un calado con el que «no puede operar y debe pedir asistencia, ya que queda sin gobierno». En tal sentido, Lazo reveló otros informes reservados del gobierno, como uno de la Facultad de Ingeniería que confirmó que Cardama incumple con el requisito de la aprobación del plano de cuaderna maestra de los buques por parte de la sociedad de clasificación Lloyd’s, especializada en estructuras marinas, por lo que la empresa «está construyendo a su propio riesgo». Además, informó que el astillero comunicó que se rescindió el contrato con la empresa Caterpillar, encargada de la construcción de los motores, que debían estar finalizados en enero, de acuerdo a los compromisos asumidos en el contrato. La entrega de los motores era el «hito» requerido en el cronograma contractual para habilitar el pago de la próxima cuota al astillero.
