Después de la firma en Paraguay del tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó de forma inmediata que a raíz del acuerdo el PBI uruguayo crecería un 1,5 por ciento, que las exportaciones hacia Europa aumentarán un 4 por ciento, que el empleo lo hará en 0,5 por ciento y el salario real, en 1 por ciento. En su cuenta de X, dijo que esas cifras provenían de «estudios preliminares del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]». Pero tales afirmaciones anteceden a cualquier estudio de impacto del TLC, pues el primero de ellos estará pronto en algunas semanas, una vez que se reciba el trabajo encargado al Banco Interamericano de Desarrollo, señaló la licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de Red de Ecología Social-Amigos de la Tierra (REDES-AT) Natalia Carrau. La investigadora comentó a Brecha que los estudios de impacto se hacen ex ante; por eso, las afirmaciones del ministro no parten de un análisis riguroso de las consecuencias del acuerdo.
Las negociaciones con las autoridades europeas se arrastraron por cinco lustros y aún persiste cierta incertidumbre al otro lado del Atlántico, porque el parlamento de la UE votó, por una exigua mayoría, que se remita el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para ver si colide, o no, con su legislación.
El tratado tiene muchos puntos sensibles que pueden afectar la economía uruguaya y del bloque regional. En general, se admite que este tipo de acuerdos tiene «ganadores y perdedores» a la interna de los países o bloques signatarios. Por supuesto, lo acordado no escapa a las asimetrías existentes entre el Norte desarrollado y el Sur proveedor de las materias primas para ese desarrollo.
Sin embargo, la discusión no se centra en la negación del TLC, en especial cuando se trabajó durante tanto tiempo para concretarlo. Más bien, las acciones se dirigen a intentar preservar algunos planteos de desarrollo industrial que, por ejemplo, figuran en el programa del Frente Amplio (FA) cuando se refiere a modificar la matriz productiva.
La diputada frenteamplista Tatiana Antúnez (1001) comentó a Brecha: «En una lectura preliminar y en un Uruguay donde la economía continúa primarizada, este tipo de acuerdo nos hace prestar atención en lo que a nivel del FA llamamos la estrategia nacional de desarrollo. Porque viendo la cosa más en detalle, hay algunos sectores industriales, en particular el lácteo, que vienen complicados y han estado en conflicto en estos últimos tiempos por diferentes razones».
Antúnez agregó: «Obviamente, estos acuerdos nos trascienden; por eso, no nos llevan a accionar hacia una posición desfavorable, pero nos interesa poder hacer las preguntas correctas y poder tener un rol activo a la hora de dar las discusiones que van a impactar sobre la vida del país a corto, mediano y largo plazo». Las afirmaciones de la legisladora desnudan las complicaciones de una relación de fuerzas a nivel mundial que históricamente ha definido una división internacional del trabajo desfavorable para los países latinoamericanos y de otros continentes, como África.
Ese destino predeterminado, en opinión del senador frenteamplista Aníbal Pereyra (MPP), no hace más que reflejar las características históricas de Uruguay como nación: «Nos guste o no, somos lo que somos. El país no tiene más alternativa desde el punto de vista estratégico. Construir políticas que lo inserten internacionalmente es la única posibilidad de que nuestra población tenga un mejor nivel de vida. Somos relativamente pocos, y cuando Uruguay vivió como la Suiza de América fue cuando el mundo estaba en guerra: nosotros vendíamos la producción agropecuaria. América no tiene alternativa; por eso, la salida es seguir incorporando el conocimiento a nuestra actividad, como lo hemos visto en estos años. Hasta los sesenta del siglo pasado hubo fábricas textiles en Rocha. Ahora no vamos a volver a esa realidad en este mundo, especialmente por la producción china. Sin embargo, con la expansión del mercado cárnico, hoy en el departamento hay un frigorífico con 600 empleados. Son nuevas posibilidades», analizó el legislador.
De todas formas, si bien en el ámbito político no se está discutiendo la posibilidad de no ratificar el TLC, persisten distintas miradas en torno a algunas salvaguardas y a cómo debe posicionarse el gobierno uruguayo. El secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Martín Ford, indicó a este semanario que la central tiene una «visión crítica e histórica de los TLC, por las asimetrías que tienen y por la primarización de nuestra matriz productiva». «En definitiva, en estos intercambios comerciales hay perdedores y ganadores. El agronegocio es el ganador en nuestra región. Los grandes perdedores son las cadenas industriales, ya bastante castigadas. Por lo tanto, para el proyecto de país que la central impulsa, esto viene a empeorar la situación. Los países de Europa con su industrialización y con los subsidios que tienen, evidentemente, cuentan con otra fuerza en los productos manufacturados y tecnológicos.» Ford agregó que el arroz, la carne y la soja, que serán los principales productos a exportar, al mismo tiempo, son los que menos mano de obra emplean. Incluso, añadió, existen oligopolios que trabajan con mucha tecnología, sustituyendo personal por drones. No obstante, reconoció que no se puede vivir aislado y que Uruguay no tenía otra alternativa.
NUEVOS Y VIEJOS PROBLEMAS
Carrau sostiene que este acuerdo, según el texto de 2024 (el firmado en Paraguay aún no es de conocimiento público, aunque se supone que conserva mucho del anterior), «no tiene casi que ver con aranceles, sino sobre todo con regulación doméstica, con imponer restricciones, homogeneizar a la baja el tipo de regulaciones que puede poner el Estado a los sectores económicos». «Hay un capítulo de bienes. En todo el resto no se negocia cuánto va a rebajar en materia arancelaria a determinado sector para la entrada de productos del otro socio. Se negocian los mecanismos para obtener licencias, las compras gubernamentales, que es lo que va a abrir a extranjeros para que compitan con proveedores nacionales.» Un dato positivo, para la investigadora, es que Uruguay excluyó del sistema un área que permite que pequeñas y medianas empresas puedan vender al Estado, obviando, en este caso, la cláusula del trato no discriminatorio hacia empresas no nacionales. «Entender la lógica de los TLC implica saber que reducen la capacidad regulatoria del Estado. Al inicio, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, cuando los países empezaron a integrarse en el mundo, a medida que avanzaba la globalización, lo que se buscaba era la rebaja de aranceles, que no haya impuestos tan altos al ingreso de productos, entre otras cosas porque los países empezaron a entender que no pueden autoabastecerse, que no pueden cerrar sus economías. Sin embargo, con el paso del tiempo se incorporaron, por parte de los países centrales, cláusulas como la de propiedad intelectual o la de indicación geográfica [para determinados productos, en especial quesos y bebidas alcohólicas,] que impiden desarrollos varios en los países periféricos», subrayó Carrau.
DATOS
En el comercio de bienes, uno de los sectores perjudicados por el tratado es el de los lácteos. La UE tiene subsidiada esa producción, y con la reducción de aranceles acordada (serán totalmente desgravados en diez años) se descuenta el ingreso de esas mercancías a Brasil, principal mercado de las exportaciones de esos productos, en condiciones desventajosas para Uruguay. Otro tema es el de las carnes. El TLC establece una cuota de 99 mil toneladas anuales para todo el Mercosur con destino a Europa. Uruguay exportó en 2025 52.715 toneladas. Pero todavía no se sabe cómo se va a repartir esa cuota dentro del Mercosur. Las 99 mil estarían exoneradas de aranceles, también en un proceso gradual. Hoy Uruguay exporta a Europa con arancel cero la cuota 481, que alcanza pocas toneladas de carne proveniente de animales alimentados a corral y menores de 30 meses, o, dicho de otra forma, de feedlot.
Otro punto crítico del acuerdo, según un estudio realizado por REDES-AT después de las correcciones de 2024, es el que se refiere a las telecomunicaciones. El artículo 28 establece que las partes deben garantizar el acceso a instalaciones esenciales a proveedores de servicios de telecomunicaciones y que debe ser en «términos razonables y no discriminatorios». Tanto los términos como las condiciones refieren a las tarifas, normas técnicas, calidad y mantenimiento de estas instalaciones.
Un siguiente capítulo problemático refiere a las empresas y monopolios públicos. REDES-AT afirma que el texto del tratado incluye un capítulo que consiste en la obligación de las empresas estatales o «empresas concesionarias» de operar bajo consideraciones comerciales –de mercado– en sus compras o ventas de bienes y servicios. Cuando las empresas europeas consideren que las empresas mercosureñas «no actuaron conforme a esta obligación, pueden solicitar información sobre la operación» de las empresas cuestionadas, aunque se preserva el derecho de la compañía a no revelar información sensible «en términos de su interés comercial o el interés público», señala el estudio, a cargo de Carrau y Viviana Barreto.
EL MERCOSUR
El bloque regional ha firmado también un TLC con la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio –por sus siglas en inglés–, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Singapur y otros países. Sin embargo –y a pesar de los esfuerzos iniciales por resolver las asimetrías dentro del pacto, como el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur que a Uruguay le permitió concretar la interconexión eléctrica con Brasil–, el bloque no ha sido capaz de avanzar hacia una complementariedad productiva que permita crear cadenas de valor y ampliar la matriz productiva de sus socios menores.
Los países integrantes del bloque han reclamado insistentemente la flexibilización del pacto regional (aunque Brasil lo ha hecho con menos ímpetu), de forma que cada uno busque individualmente acuerdos comerciales. Uruguay ingresó unilateralmente al acuerdo transpacífico y Argentina tiene intenciones de ir hacia un TLC con Estados Unidos. La consecuencia de esa falta de complementación de las economías ha acentuado el carácter de proveedor de materias primas de la región, ya sea de petróleo, níquel, litio, tierras raras, minerales o alimentos. Hay una complementariedad de la industria automotriz entre Argentina y Brasil, pero no sé qué será de ella tras la firma del acuerdo con la UE.
En el caso uruguayo, más allá del diálogo existente entre el gobierno y distintos sectores sociales para ir hacia un modelo de desarrollo que incorpore industrias, no aparece en el horizonte una tendencia fuerte hacia la ampliación de la matriz productiva (hay un dicho que dice que «el país se salva con el agro o perece con él»). Ahora desde el gobierno se insiste en la necesidad de incorporar tecnología y conocimiento para mejorar la competitividad de la producción. Sin embargo, recuerda Ford, la incorporación de tecnología por sí sola no resuelve el tema del trabajo y la sola producción agropecuaria es excluyente. Prueba de eso es la migración de la gente del campo y la extensión de asentamientos irregulares a casi todas las capitales departamentales del país. Por eso, añadió el dirigente sindical, la creación de trabajo industrial es necesaria para resolver una de las principales preocupaciones de la sociedad: la pobreza infantil que habita en hogares pobres con trabajos precarios. Mejorar la genética del ganado o del arroz –reflexionó Ford– es condición necesaria pero no suficiente para un país sustentable.
