Por detrás de las controversias políticas y jurídicas sobre el contrato con Astilleros y Varaderos Francisco Cardama SA, para la construcción de dos patrulleras oceánicas (offshore patrol vessels u OPV), sigue en segundo plano un asunto central: qué Armada tiene y requiere el Uruguay.
El verdadero problema del gobierno del presidente Yamandú Orsi no es lo que se debate en los medios ni en las comisiones investigadoras en el Parlamento. Su desafío es lograr que la Armada Nacional, en plazos razonables y por un monto abordable, logre contar con las OPV para cumplir con el patrullaje y el control de nuestro mar con algún grado de eficacia. No es necesario ser un experto para concluir que las dos OPV serán apenas suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley en los 205.688 quilómetros cuadrados de nuestra superficie marítima.
Sin restar relevancia a las OPV, debe recordarse que son embarcaciones de carácter policial. Su tarea será principalmente de custodia de nuestra riqueza pesquera, porque el narcotráfico y otras actividades delictivas se mueven, en la mayoría de los casos, camuflados a bordo de los grandes buques transatlánticos y su control se realiza en los puertos.
Entre tanto, Uruguay ya no cuenta con ninguna nave de guerra y no se conoce ninguna iniciativa para adquirirla. Así, el actual equipamiento de la Armada Nacional le impide cumplir su misión fundamental. Su único navío de cierto porte en servicio no es de guerra, sino de apoyo logístico. En 2022, la Armada dio de baja la última de las dos viejas fragatas adquiridas a Portugal en 2008. El último destructor, transferido por Estados Unidos a Uruguay en 1952, había quedado fuera de servicio en 1990.
En agosto de 2014, finalizando el gobierno de José Mujica, la comisión de Defensa de la Cámara de Senadores había votado una resolución instando al Ejecutivo a comprar dos patrulleras oceánicas. Un año después, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Defensa Nacional anunció planes, con un costo estimado de 500 millones de dólares, para adquirir tres o cuatro patrulleras oceánicas, una cadena de radares, patrulleras más pequeñas para la costa y aviones de combate.
Las OPV, así como los aviones Super Tucano brasileños que comienzan a llegar ahora, si bien importantes, no responden a necesidades de defensa militar. Las OPV, de porte similar a una fragata, transportan un helicóptero y lanchas rápidas, su armamento es un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras. Los Super Tucano son aviones de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y entrenamiento básico de pilotos.
¿PARA QUÉ LA MARINA URUGUAYA?
En nuestro país, la Armada Nacional desempeña un doble rol: militar y policial. En tanto fuerza naval, debe prepararse para la defensa militar en las áreas marítimas. En tanto servicio de guardacostas, debe ejercer sus competencias como policía marítima y costera, tanto en el mar como en el río Uruguay, en ríos y arroyos interiores, lagos y lagunas, puertos y el espacio aéreo marítimo (ley 19.775). La dimensión militar de la Armada ha quedado relegada hace décadas a favor de su rol policial.
El proceso no es inocente política y estratégicamente. Conviene recordar que el Cuerpo de Policía Marítima, creado en 1925, dio lugar a la Prefectura General Marítima en 1947, bajo dependencia del Ministerio de Guerra. En 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry la integró a la Armada, con el nombre de Prefectura Nacional Naval (PNN).
Además, el 7 de marzo de 1972, mediante uno de sus primeros decretos, Bordaberry creó el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), unidad de élite dentro de la Armada. En lugar de servir a la proyección externa de fuerzas, como ocurre en el mundo con este tipo de unidades, el FUSNA tuvo desde sus orígenes la vocación de la represión interna. De forma discreta y como parte del proceso general de indiferenciación entre las dimensiones policiales y militares que viven las Fuerzas Armadas, la Armada procesa la fusión del cuerpo de infantería de la PNN con el FUSNA para crear un cuerpo de Infantería de Marina.
DE MODESTA MARINA DE GUERRA A FUERZA GUARDACOSTA
A partir de la Segunda Guerra Mundial se puede constatar un doble proceso en la Armada. En él se combina la paulatina pérdida de sus siempre limitadas capacidades de defensa nacional con el creciente fortalecimiento de sus competencias y capacidades policiales, obviamente orientadas al ámbito doméstico. Un proceso similar al que se verifica en el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Paralelamente, desaparecieron la marina mercante y petrolera, la flota pesquera nacional junto con el Servicio Oceanográfico y de Pesca, y poco quedó del cabotaje nacional o de los diques.
Hacia fines del siglo XIX, en la denominada época de las cañoneras, los talleres de la Escuela de Artes y Oficios (predecesora de la UTU) construyeron la cañonera General Rivera, que sirvió durante 15 años, hasta que una explosión accidental en su interior la destruyó. Con el siglo XX llegó la época de los cruceros, en consonancia con la voluntad del presidente Claudio Williman, quien decidió el fortalecimiento de las capacidades militares de la Armada «porque lo exige imperiosamente nuestra soberanía y nuestro decoro». Así, en 1908 se adquirió el crucero italiano Dogali y se adjudicó la licitación para la construcción, bajo especificaciones uruguayas, de un crucero-torpedero de 1.400 toneladas, en los astilleros Vulcan, de Alemania.
La segunda época de cierto fortalecimiento de las capacidades bélicas estuvo signada por las adquisiciones «de ocasión». Entre los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, Estados Unidos transfirió varias naves a Uruguay en modalidad de «préstamo y arriendo». Se recibieron la corbeta Maldonado, con capacidades de lucha antisubmarina, y seis hidroaviones que se basaron en la base aeronaval de Laguna del Sauce, construida con asesoramiento y equipos de Estados Unidos. La Armada Nacional también incorporó dos destructores descartados por el país norteamericano.
En los años noventa y dos mil, hubo nuevas compras de ocasión: tres viejas fragatas dejadas fuera de servicio por Francia y otras dos desechadas por Portugal.
Cuando, en 2022, la última de esas fragatas quedó inoperativa, la Armada Nacional perdió sus pocas capacidades bélicas y se constituyó francamente en una fuerza guardacostas con un cuerpo de élite de infantería, especializado en contrainsurgencia.
Diversos factores explican que, pese a su ubicación estratégica en relación con la cuenca del Plata y el Atlántico sur, Uruguay nunca haya desarrollado una marina de guerra de alguna significación. Desde temprano, ante la superioridad y las rivalidades de sus grandes vecinos, la política exterior uruguaya optó por la acción diplomática como principal salvaguarda de su frágil independencia.
Durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 1962, las capacidades de defensa militar desarrolladas por el país respondieron al temor de Washington. Primero, ante una eventual invasión de los ejércitos hitlerianos y, luego, de los soviéticos, que, se presumía, podían tener intenciones de usar la región como cabecera de puente. Una vez superada la crisis de los misiles en Cuba y establecida la coexistencia pacífica con la Unión Soviética, la defensa nacional de nuestros países perdió relevancia en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Su prioridad pasó a ser el fortalecimiento de las capacidades antinsurgentes de nuestras Fuerzas Armadas. Fue el período de las dictaduras. Los militares se dedicaron a ocupar los Estados y combatir al enemigo interno.
AL SERVICIO DE NACIONES UNIDAS EN EL MUNDO UNIPOLAR
El inesperado fin de la Guerra Fría sumió a las Fuerzas Armadas en el desconcierto. El enemigo se había esfumado y con él perdieron validez las doctrinas e hipótesis de conflicto transmitidas por la cooperación militar de Estados Unidos. La gran ilusión del fin de la historia y de la expansión urbi et orbi
de la democracia y del libre mercado abrieron la puerta a la globalización con la orgía financiera como motor.
En esos años, con el derecho de intervención humanitaria como estandarte, Naciones Unidas fue encargada de resolver los conflictos remanentes de la Guerra Fría. Miles de millones de dólares destinados a operaciones de paz y decenas de miles de soldados del Sur global convertidos en cascos azules, mientras la OTAN se ocupaba de imponer la paz y la democracia en los Balcanes, Irak, Afganistán o Libia.
Las Fuerzas Armadas uruguayas, en particular la Armada Nacional, participaron de las migajas de aquel festín. Mientras, sus escasas capacidades militares se extinguían. Los Fusileros Navales utilizaron las capacidades desarrolladas en la dictadura para reconvertirse en fuerza de patrullaje fluvial y lacustre.
¿Y AHORA?
Con el primer gobierno de Donald Trump y definitivamente con el actual, Estados Unidos ha liquidado el orden mundial construido luego de la Segunda Guerra y luego profundizado con la globalización. El mundo ha ingresado en una fase de incierta duración en la que, sin tapujos, los poderosos fijan las reglas con arreglo a la fuerza. Nuestra región, definida abiertamente por el presidente Trump como espacio cuasipropio y reservorio exclusivo de recursos, es escenario de disputa con China y su paciente estrategia de expandir su influencia económico-comercial.
En ese marco, nuestra estrategia de defensa, con el derecho internacional como primer escudo, ha perdido eficacia. La ceguera ideológica de los gobiernos de derecha que se extendieron por la región desde 2019 liquidó la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), con su Consejo Suramericano de Defensa y el intento de diseñar una doctrina autónoma de defensa regional, la única estrategia capaz de dotarnos de autonomía política en esta realidad internacional.
De poco sirve llorar sobre la leche derramada. Pero, parafraseando al presidente Williman, es seguro que la indefensión militar no será el sustento de nuestra soberanía ni de nuestro decoro.
