Estas líneas deberían ser de reconocimiento y felicitaciones al gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, grabadas con letras de hierro y registradas en la buena historia de nuestra Armada Nacional. Sin embargo, asistimos a un escenario de derrota, confusión y caos. Es el resultado de una acción deliberadamente desorganizada, que desoyó por completo el correcto y reflexivo análisis de oficiales de nuestra marina de guerra.
El 17 de julio de 2023, se anunció en conferencia de prensa la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) al astillero Cardama. Las seleccionó Javier García, entonces ministro de Defensa Nacional, y se basó, según sostuvo, «en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo». En la misma conferencia afirmó que «el primer buque estaría entregándose dentro del primer trimestre de 2025 y el segundo buque al final de 2025».
Después de este grandilocuente anuncio, en agosto de 2023 pidió pase a retiro de forma voluntaria el contralmirante Gustavo Musso, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional. Musso tomó la decisión luego de que su asesoramiento –en él recomendaba no avanzar con Cardama dada la inexperiencia del astillero español en la construcción de este tipo de buques– fuera ignorado por completo. Esta alerta temprana dada por el oficial terminó de confirmarse poco después, con las garantías presuntamente falsas, los incumplimientos constructivos y demás hechos de público conocimiento acumulados en el marco de la falta de controles por parte del Estado.
Un tiempo antes, el entonces ministro había convocado a un equipo multipartidario para que se analizaran las diversas opciones y se tomara la decisión de la compra en «clave país», pero la información compartida fue parcial e insuficiente. Todo eran fuegos de artificio, simples pretextos para blindar una decisión basada en el irresponsable capricho del jerarca.
HUIR HACIA ADELANTE
«Reflexiona deliberadamente antes de hacer un movimiento», recomienda Sun Tzu en El arte de la guerra. Con los hechos a la vista, queda demostrado que estamos ante un escenario compuesto por la falta total de planificación, carente de una visión político-estratégica de la defensa nacional.
Esta situación no es novedosa. Ya se contaba con antecedentes que mostraban per se los errores y horrores de la gestión anterior. Un ejemplo es lo ocurrido con la compra de los dos aviones Hércules a España. Las aeronaves se mantuvieron en orden de vuelo por poco tiempo, pero, además, el gobierno no trajo inicialmente los kits de recarga en vuelo (sistemas que permiten que los Hércules abastezcan a otras aeronaves en el aire, sin necesidad de aterrizajes), que eran parte de la compra. Otro ejemplo fue el choque en la Base Aérea 1 del avión Bandeirante, que obligó a su baja definitiva. Recordemos también la pérdida total del helicóptero Bell 212 y de las vacunas contra el covid que transportaba cuando se accidentó, en marzo de 2021. Ese era el único Bell 212 con el que Uruguay contaba en su territorio en aquel momento, pues los otros dos estaban en misión en el Congo. Las vacunas, que iban hacia Rocha, podrían haber sido trasladadas por tierra sin inconvenientes. También hubo problemas con la remotorización del buque ROU 04 General Artigas, con errores en las medidas del motor. Y podríamos seguir enumerando las decisiones tomadas con «desidia y poco apego», motivadas por la intención de utilizar a las Fuerzas Armadas como botín electoral.
Respecto a la compra de las patrulleras oceánicas, los integrantes del gobierno anterior creen que la decisión tomada fue hija de la audacia, cuando lo que simplemente vemos es una huida hacia adelante. No importa equivocarse porque, como dijo en campaña electoral el expresidente Lacalle Pou, «es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo para meterle la mano». Es tal la negación del error y la falta de responsabilidad, que terminan defendiendo con uñas y dientes a un empresario español que últimamente no estaría gozando de buena reputación. Pero no puede esperarse más de Javier García, quien fue simplemente un ministro de paja.
CORAJE Y DESAFÍO
En esta delicada coyuntura, el gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente, Yamandú Orsi, luego de un largo proceso de análisis reflexivo, de constataciones de incumplimientos en los hitos en la construcción de las patrulleras y de la ausencia de garantías bancarias, determinó junto con el Consejo de Ministros rescindir el contrato firmado con la empresa española. Desde el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) hubo una serie de investigaciones que siguen en curso y que seguramente echarán más luz sobre este tema. Para ello, se precisa determinación, coraje, seriedad y un profundo compromiso con la ciudadanía, elementos que garantizan un accionar honesto e íntegro, como caracteriza a la gestión del gobierno y en particular a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
Se rescinde el contrato con Cardama, pero el problema sigue presente. Se necesita invertir en la compra de las patrulleras oceánicas; es impostergable. En eso todo el arco del sistema político está de acuerdo. Se precisa ser certeros y transparentes, y cuidar las arcas públicas. Estamos convencidos de que así será. No hay espacio para el error. Mucho de la soberanía nacional está en juego.
Hoy se abren muchas incógnitas a partir del actual estado de situación: ¿qué ocurrirá con la comisión preinvestigadora del Senado?; ¿los resultados de la investigación administrativa en el MDN terminarán en la órbita judicial?; si el Estado uruguayo no puede recuperar el dinero invertido en el proceso de construcción de las patrulleras, ¿los responsables de la compra responderán con su patrimonio?; ¿la oposición continuará cerrando filas para defender a un empresario que, según surge de las investigaciones, pretendió estafar al Estado uruguayo? Esperemos que la Justicia termine aclarando la situación.
Con una mirada de más largo aliento, entendemos que es necesario tener presente la Ley Marco de Defensa Nacional (18.650), con la convicción de que debemos continuar buscando los más amplios consensos para construir de forma colectiva una política pública. Es preciso tener una mirada prospectiva en el área de defensa, en el uso de los medios de los que dispone el país, en la formación del personal civil y militar. Es necesario un ajustado análisis de un mundo tan inestable como cambiante, al que la región no es ajena. Necesitamos un sistema político que esté a la altura de las circunstancias, con una acción político-estratégica seria, reflexiva y conjunta. Esperemos que ese anhelo se haga realidad. De lo contrario, la compra de las OPV será una anécdota más, como la del Santísima Trinidad, aquel célebre navío español al que apodaban el Escorial de los Mares y que terminó hundido.
Claudio Alonso es secretario ejecutivo de la Agrupación Socialista de Estudios de Defensa Nacional Dr. Jorge Menéndez, perteneciente al Partido Socialista de Uruguay. Fue director de Política de Defensa en anteriores gobiernos del Frente Amplio.
