En octubre de 2025, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sorprendió al anunciar «decisiones que son históricas», relacionadas a «reparaciones en materia de derechos humanos que están vinculadas a inmuebles». En concreto, Lazo dijo públicamente que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) haría entrega a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del apartamento donde Elena Quinteros vivió y del que fue secuestrada en 1976 por la dictadura, y también de «otro bien más polémico»: la cárcel del pueblo. Ambos inmuebles fueron requisados ilegalmente por la dictadura y permanecían en manos del MDN.
La novedad fue bien recibida por las organizaciones de derechos humanos y por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), propietario original del inmueble donde vivía la maestra e impulsor inicial de que el apartamento saliera de manos de las Fuerzas Armadas. «Contrariamente a lo que había sucedido en administraciones frentistas anteriores, ella [Lazo] dijo que teníamos toda la razón, que eso no podía ser así, y logramos el compromiso de que íbamos a trabajar para ver cómo lográbamos que esa propiedad efectivamente saliera de la órbita de las Fuerzas Armadas», recordó en ese momento Raúl Olivera, integrante del PVP, que consideró «histórico que luego de 49 años terminemos con un hecho que constituía una afrenta, sin ninguna duda, no solamente a la memoria de Elena, sino a lo que fue su trayectoria y su lucha contra la dictadura» (La Diaria,21-X-25).
La liberación del apartamento habilitaría, entonces, la declaración del lugar como sitio de memoria, algo que había sido rechazado por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), que sí había aceptado colocar una placa señalando el lugar.
Tal era la convicción de que eso sucedería que el 10 de diciembre tuvo lugar la asamblea fundacional de una asociación civil cuyo objetivo es la administración del sitio y el desarrollo de distintas actividades con el fin de «promover, difundir y defender los derechos humanos, la memoria histórica, la justicia social, la igualdad de género y la vigencia del Estado de derecho y la democracia», anunciaba en un comunicado la flamante organización.
Sin embargo, los humores empezaron a cambiar cuando este 6 de marzo la asociación civil logró obtener el texto de una resolución –del 5 de diciembre– por la que el ministerio cede el inmueble a la ANEP. Dos cosas llamaron la atención: la cesión es mediante un comodato por 30 años, tras los cuales el apartamento será devuelto al MDN, y su uso estará limitado «a los fines que la Constitución y la Ley le asignan» a la ANEP, lo que deja por fuera la posibilidad de que allí funcione un sitio de memoria.
«Si es el MDN el que determina qué se puede o no hacer allí, entonces sigue ejerciendo una tutela administrativa y jurídica» sobre el apartamento, dice ahora Olivera a Brecha. En todo caso, «alcanzaba con agregar que podría usarse también según la ley de sitios de memoria, pero no se hizo», afirma, y aclara que tanto la ANEP como el MDN estaban al tanto de la creación de la asociación civil y de cuáles eran sus fines, a tal punto que la ministra consideró enviar una nota de adhesión el día de la asamblea fundacional, aunque finalmente no lo hizo. Al retener la propiedad, dice Olivera, el ministerio «mantiene la apropiación ilegal del inmueble; el apartamento sigue siendo un botín de guerra».
El semanariose puso en contacto con el abogado Fabián Piñeyro, subdirector general de Secretaría del MDN, que participó en las reuniones que se mantuvieron por este tema. Piñeyro se comprometió a devolver el llamado, pero al cierre de esta nota no lo había hecho. Por su parte, Julián Mazzoni, consejero del Consejo Directivo Central (Codicen), informó que la aceptación de los inmuebles fue una decisión exclusiva del presidente del organismo, Pablo Caggiani, de la que el consejo fue notificado con el acuerdo ya firmado. Ese día Caggiani también propuso crear «un espacio de pernocte para docentes del interior que participen en cursos de formación», según consta en el acta 45/25 a la que accedió Brecha, lo que fue aceptado por 4 votos a 1 (se abstuvo Daysi Iglesias, que consideró que los inmuebles cedidos tendrían que haber ido a «Derechos Humanos»).
Olivera dice que esa propuesta les fue comunicada el año pasado por el propio Caggiani, antes de la firma del acuerdo, y que manifestaron su discrepancia, puesto que «no se trata de reivindicar la trayectoria de Elena como maestra, sino como militante contraria a la dictadura». «Luego propusimos la asociación civil, que fue bien recibida, y a partir de ahí no tuvimos más contacto.»
Esta semana la asociación mantuvo una reunión con los consejeros docentes de la ANEP, que se mostraron abiertos a buscar una solución. «Está todo en veremos, se puede volver a discutir si hay voluntad política», dijo Mazzoni, para quien las atribuciones constitucionales de la ANEP no deberían ser impedimento para declarar el apartamento de Massini como sitio de memoria: «Entre los fines del Codicen está difundir el pasado reciente. Desde lo académicamente probado, no creo que sea contradictorio. Nos agarró de sorpresa; era aceptar o no [lo firmado por Caggiani]. Con Daysi lo hemos hablado, estamos dispuestos a conversar».
Luego de que en 2016 una investigación de Brecha dio a conocer que el MDN mantenía en su poder el apartamento, el PVP hizo una serie de pedidos de acceso a la información pública para conocer la situación jurídica del bien. Una vez descartada la posibilidad de reclamar su reintegro, decidieron en 2024 pedir que fuera declarado sitio de memoria. El 16 de octubre, la CNHSM decidió la colocación de una señal de la memoria (una placa que se pone afuera recordando los hechos allí sucedidos), pero descartó la declaración como sitio porque entendió que no estaban dadas las condiciones, dado que se trataba de una casa habitada. Y si bien es cierto que hubo algún tímido intento de buscarle la vuelta, no menos cierto es que finalmente la votación fue unánime. Esa negativa a crear un sitio de memoria fue la que derivó en el inicio de las conversaciones con Lazo.
«Los sitios de memoria son para reparar de manera simbólica el daño que se generó a las personas. ¿Dónde está la reparación si el colectivo que se movió, que hizo el pedido, no está conforme? ¿Cuál es el sentido último de esa estrategia de reparación?», se pregunta Javier Correa. Magíster en Historia y Memoria y exintegrante de la CNHSM en representación de la Universidad de la República, Correa opina que Uruguay carece de una institucionalidad clara y de una política de memoria definida: «Si tenés seis instituciones y cada una hace una parte y no sabés ni a quién le podés reclamar…». «La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no tiene presupuesto propio, y es así desde que se creó. ¿Qué política podés crear si tenés que mendigar cargos y presupuesto?»
María Luz Osimani, integrante de la comisión en representación de Crysol (Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay), dijo que la resolución del MDN nunca les fue comunicada y que hay «varios temas» para conversar. Entre ellos, el de Elena y también la colocación de una placa en el centro clandestino de reclusión y tortura 300 Carlos, que funcionó en un galpón del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Unos días antes de la ceremonia, el MDN informó que la placa debía ponerse fuera del predio militar. En su momento circularon dos versiones: que había obras que hacían inconveniente la circulación de personas y que la ministra no quería incomodar a los militares con cuestiones de memoria. La solución, explicó Lazo, sería provisoria, pero la placa sigue sin ingresar al cuartel.
