«La Comisión de Estupefacientes [CND] de ONU vuelve a revisar su política de drogas. Crea un panel de expertos, pero evita las preguntas claves: qué quiere lograr, cómo saber si lo está logrando, y cuáles serían las consecuencias de ir al fondo del problema» afirma el economista colombiano Francisco Thoumi en un artículo de Razón Pública (22-III-26). Hace ya diez años que se llevó a cabo el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass, por sus siglas en inglés), en el que pequeños avances generaban legítimas esperanzas de un avance decisivo hacia una política mundial más humana.
La resolución 68/6, aprobada por la CND en 2025, establece un panel multidisciplinario de 19 expertos independientes para fortalecer el sistema internacional de fiscalización de drogas. Su objetivo es producir recomendaciones para mejorar la aplicación de tratados de drogas de cara al examen de la comisión en 2029.
El panel de expertos de ONU tiene principalmente un desafío político. Los aspectos técnicos y jurídicos están al servicio de decisiones políticas que den un giro copernicano. En matemáticas y lógica ningún problema se puede resolver si está mal planteado. ¿El panel constituirá un nuevo, repetido y hasta abusivo planteo de sostener el sistema prohibicionista y la guerra contra las drogas, que ha demostrado su fracaso rotundo?
Los 19 expertos no pueden obviar que el mundo ha cambiado de manera abrupta. Está cuestionado y atacado el multilateralismo, se viola el derecho internacional y los derechos humanos. Existen ataques letales sin aviso previo y con ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. Más de 45 lanchas denominadas en lenguaje insidioso «narcoterroristas» han sido destruidas, 163 personas asesinadas. No se conocen sus identidades cuál era la carga de drogas que incautaron, cuáles las organizaciones a las que respondían.
En 2012, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dirigía una task force que tenía capacidad de intervenir en el 23 por ciento de los 1.800 eventos que la inteligencia detectaba. En 2025, Estados Unidos en el Caribe desplegó una flota con el portaviones Gerald Ford, 3 cruceros, 47 aviones, 1 submarino y 2.500 soldados para llevar a cabo la Operation Southern Spear. Su costo fue de 8 millones de dólares diarios. En términos costo-beneficio fue un desastre económico, un nuevo y rotundo fracaso. El llamado Escudo de las Américas es caro y no detiene ningún flujo de drogas.
DIEZ AÑOS DE UNGASS 2016
En abril se cumplen diez años de la celebración en Nueva York de la Ungass 2016. A pesar de lo abrupto del cambio en la situación mundial, pocas cosas han cambiado en políticas de drogas, salvo la guerra letal lanzada unilateralmente por Estados Unidos, que profundiza la ya infame guerra contra las drogas que ha demostrado su fracaso total y es responsable de 1 millón de muertos pobres en América Latina y el Caribe. De nuevo falta de parte de la ONU un balance serio de los avances, retrocesos y estancamientos, y de las graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos.
El dato más promisorio en este período fue la captura y prisión de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, y su puesta a disposición de la Corte Penal Internacional. Será juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre de la guerra contra las drogas. Treinta mil víctimas.
La criminalización por delitos menores de drogas sigue concentrándose sobre todo en posesión y consumo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los 10,1 millones de personas que tuvieron contacto con el sistema penal por delitos de drogas en 2023 aproximadamente dos tercios lo hicieron por posesión o uso personal. Respecto a la pena de muerte, más de 30 Estados aún la mantienen para ciertos delitos de drogas, en especial tráfico, importación o posesión de determinadas cantidades. Las muertes por sobredosis con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos llegaron a más de 100 mil. Ahora se señala al fentanilo, pero la crisis surgió con la oxicodona fabricada y promovida por la industria farmacéutica (véase al respecto el documental El crimen del siglo, de HBO).
Demos una oportunidad a la paz
El Escudo de las Américas es la iniciativa que el señor Donald Trump lanzó desde Miami con la presencia de mandatarios de 12 países de la región a los que invitó a sumarse a su plan. Todos ellos afines en términos ideológicos. Suscribieron que acuerdan «usar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y sus redes terroristas».
Invitados, bien dicho. Porque no es un acuerdo entre iguales. Es una adhesión a la proclama del Sr. Trump, a pesar de su insulto («no voy a aprender su maldito idioma») y de haber reiterado su apetito por el canal de Panamá. No existen dudas: esto es un escudo de Estados Unidos que va desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, control geopolítico y piratería de petróleo y tierras raras. La coalición militar contra los carteles va en el mismo sentido.
Entre 2016 y 2026, las intervenciones militares directas de Estados Unidos –bombardeos, despliegues de tropas, ataques con drones, operaciones especiales o apoyo militar activo con fuego– tuvieron lugar en diez países: Afganistán, Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Venezuela, Níger y Nigeria, Líbano. El Congressional Research Service reconoce al menos 469 intervenciones entre 1798 y 2023,sin contar operaciones encubiertas ni de fuerzas especiales
El presupuesto militar de Estados Unidos pasó de 585.000 millones de dólares en 2016 a 839.000 millones de dólares aprobados para 2026, un aumento nominal del 43 por ciento. Si se toma la cifra más amplia usada por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo –997.000 millones de dólares a 2024–el aumento respecto de 2016 ronda el 70 por ciento. Ahora se anuncia que trepará a la cifra astronómica de 1,5 billones de dólares. La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias estadounidense solicitó para el año fiscal 2025, 8.100 millones de dólares. Ese presupuesto financia prevención, tratamiento, recuperación, respuesta a sobredosis, naloxona, servicios comunitarios y programas de salud mental. Hubo una reducción de 72 millones de dólares en determinadas partidas. El gobierno intentó recortar 1.900 millones, pero el Congreso no lo permitió.
La pobreza mundial ronda el 10 por ciento de la población, pero, teniendo en cuenta estándares propios de países de ingresos medios o altos, que ubican la pobreza en ingresos menores a 6,85 dólares por día, la situación es mucho peor: en 2024 había unos 3.500 millones de personas pobres, equivalentes a un 44 por ciento de la población mundial de acuerdo a un informe de 2024 del Banco Mundial. Respecto a la pobreza multidimensional –que incluye privaciones simultáneas en vivienda, saneamiento, electricidad, nutrición, educación y salud– en 2024 había unos 1.100 millones de personas en situación de pobreza aguda.Más de la mitad eran niños y cerca de 40 por ciento vivían en contextos de conflicto armado
El mundo soporta guerras, hambrunas, persecución de migrantes y, como corolario, el apogeo de grupos de crimen organizado que se dedican a los negocios: las drogas son solo una de las carteras. El tráfico de armas de norte a sur, la trata de personas y el lavado de dinero forman un combo que no está en la mira, sostenido literal o indirectamente por agencias represivas, militares y policiales, fabricantes de armas y municiones, tecnología para la interdicción, entre otros actores que con sus abultados presupuestos han logrado mucha más violencia y más muertes, y un aumento exponencial en las cadenas de tráfico ilícito de todas las carteras de negocios.
La corrupción e infiltración del crimen organizado en el sistema político, judicial, empresarial, policial y militar son las llaves legitimadas por la cultura de multimillonarios que abogan por el libre mercado y la no regulación, por la lógica de business are business. No importa cómo.
El panel de expertos de ONU tiene una responsabilidad ética, política e institucional. No puede hacer como que la cruda realidad mundial no existe o no tiene nada que ver con la política de drogas. No es admisible ningún consenso bajo el tronar de los misiles.
Será también un desafío para la dignidad personal de cada experto defender todos los derechos y afirmar, como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que «sostenemos como verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».
(Milton Romani Gerner integrará el panel de expertos independientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
