Tras casi un año de intercambios, discusiones y consensos en el marco del Diálogo Social, los resultados parecen definir la próxima agenda del gobierno nacional. Ello se deduce de las declaraciones públicas de varios voceros oficialistas, lo que augura debates en el Parlamento relativos a la próxima rendición de cuentas. Seleccionamos en este caso algunas de las iniciativas que presumiblemente el Poder Ejecutivo habrá de plasmar en el proyecto de ley correspondiente, particularmente relacionadas con las infancias y las adolescencias, así como con otros sectores sociales vulnerables.
Con el supuesto definido por un conjunto de criterios que informan las propuestas, se apunta a rediseñar el sistema de protección social, sobre todo, a partir de un diagnóstico actualizado que considera un grupo de indicadores demográficos, sociales y económicos. Precisamente, uno de aquellos criterios que define el alcance de las reformas a ser abordadas subraya el universalismo como garantía del ejercicio pleno de los derechos sociales. «La protección social a lo largo del curso de vida debe ser universal y garantizar el acceso para todas las personas en igualdad de condiciones sin exclusión por su condición social, de género, etnia, de edad, procedencia territorial, diversidad funcional o cualquier otra condición», diceel informe final del Diálogo Social publicado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en abril.
En este sentido, algunas de las medidas que habrían de ser sometidas a la discusión legislativa supondrían un cambio cualitativo, que bien podrían caracterizarse como cambios del tercer orden, en los términos propuestos por Bruno Palier.1 Siendo más explícito, ello significaría un cambio de objetivos y no solo un ajuste o recalibración de los instrumentos o dispositivos de protección social. Con relación a las transferencias monetarias, la propuesta manifiesta, por un lado, la pretensión de una unificación de todas las prestaciones vigentes para las infancias y las adolescencias, y, por otro, el incremento significativo de los montos asignados.
En este sentido resulta necesario formular un par de acotaciones: si, en efecto, se pretende dotar de mayor eficiencia a los diversos dispositivos, procurando su unificación en un solo instrumento, ello guarda relación con una idea innovadora planteada hace tiempo atrás. La asimilación de aquella unificación a un ingreso básico garantizadopara infancias y adolescencias resulta plausible, siempre que el criterio mencionado en primer lugar sea efectivamente respetado. Dicho más claramente: si, como se declara, la universalidad de la cobertura es un criterio normativo, entonces consecuentemente las transferencias monetarias unificadas deberían abarcar a todas las infancias y las adolescencias sin excepción. En esta dirección, la distancia de la iniciativa de unificación con la implementación de una renta garantizada a niños, niñas y adolescentes es corta, por lo que, si se asume este carácter, la reforma podría llegar a ser profundamente innovadora y ejemplar para la región.
Asimismo, la eliminación de las condicionalidades también supondría un cambio paradigmático por cuanto se abandonaría la idea del control de las conductas esperadas de los destinatarios de las transferencias monetarias. Este criterio, aplicado para la percepción –sobre todo– de las asignaciones familiares, implica revocar algunos prejuicios o prenociones acerca de los hogares o las familias en situación de pobreza. Aun cuando se prevé un debate intenso, augurado por declaraciones de representantes de la oposición y algunos portavoces empresariales, la decisión de la eliminación de las condicionalidades supone un paso significativo y muy positivo hacia la consideración de las familias destinatarias en tanto sujetos de derechosy no como merecedores de la asistencia social. A propósito de esta cuestión, cuyo sustrato es ideológico y cultural, viene a colación una reflexión de Juliana Martínez y Diego Sánchez-Ancochea2 inspirada por la perspectiva conceptual de Peter Townsend:3 «A menudo, los programas focalizados insisten en asociar la pobreza a deficiencias individuales de los pobres y promueven que estas personas cambien su comportamiento. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de las transferencias condicionadas, las cuales se apoyan en el supuesto de que los incentivos son necesarios porque las familias de bajos ingresos no saben lo que es mejor para sus hijos en términos de salud y educación. Por el contrario, las intervenciones que de una u otra forma llegan a todos con programas de calidad refuerzan la visión de cada individuo como ciudadano integrante de una comunidad».
Por otra parte, se complementa ese auténtico giro radical con la idea del acompañamiento social, es decir, lo que realizaba el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) hace muchos años atrás y que se entiende desde la perspectiva del trabajo social como metodologías de promoción social. Precisamente, se trata de construir estrategias junto con las familias en contextos críticos para superar las situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Desde luego que –desde un abordaje integral y articulado– el conjunto de las políticas públicas debe orientarse tanto a la redistribución de la renta como a crear las oportunidades reales y no meramente formales.
En suma, se reconfiguran cuatro piezas clave en la arquitectura de protección social: unificación de todos los dispositivos, incremento de los montos, eliminación de las condicionalidades y acompañamiento social, desde un enfoque universalista, todo lo cual supondría un saludable y bienvenido cambio de paradigma. Su inclusión en la próxima rendición de cuentas exigirá una asignación presupuestal incremental y conforme a las modificaciones planteadas. Los efectos esperables apuntan a una reducción sustantiva de la pobreza, particularmente en aquellos hogares con niños y adolescentes a cargo. Concomitantemente, el acompañamiento –por ejemplo, la dimensión promocional de la política social– coloca desafíos relevantes, aun cuando este abordaje nunca desapareció del set de las tecnologías sociales aplicadas.
Sin embargo, dicho acompañamiento social habrá de requerir la ampliación de las capacidades profesionales del Mides (solo por mencionar un actor central de la política pública), un refuerzo de la dotación de equipos técnicos cualificados en las oficinas territoriales y una eficiente articulación con otros actores estatales desde el robustecimiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. No se necesita crear nuevos ámbitos más o menos formalizados, los hay y en abundancia; hace falta una buena estrategia y el liderazgo imprescindible cuando se trata de transformaciones sustantivas.
Estos y otros cambios propuestos a partir del Diálogo Social implicarían –si se concretan– un giro sustancial del régimen de bienestar, caracterizado históricamente como universalismo estratificado.4
- Bruno Palier, Beyond Retrenchment. Working Papers Series 77, Center of European Studies, 2001. ↩︎
- Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea, La incorporación social en Centroamérica: trayectorias, obstáculos y oportunidades. Cepal, 2015. ↩︎
- Peter Townsend, Sociology and Social Policy. Penguin Books, 1975. ↩︎
- Fernando Filgueira, «El nuevo modelo de prestaciones sociales en América Latina: eficiencia, residualismo y ciudadanía estratificada», en Brian Roberts, Ciudadanía y política social latinoamericana. Flacso-SSRC, 1998. ↩︎
