Luis Eduardo Morás planteó recientemente que el crecimiento de los homicidios en Uruguay no puede ser atribuido a una categoría tan amplia y vaporosa como la de crimen organizado.1 Morás pretende romper con el lugar común de que ese es el vector explicativo central de la violencia en el país para recuperar la importancia de los factores sociales estructurales, en particular las desigualdades territoriales. Por ejemplo, dado el rol estratégico que Uruguay juega en el fenómeno del narcotráfico, nada parece justificar los niveles de violencia que se registran en las zonas más carenciadas. Hacer del crimen organizado o del narcotráfico conceptos totales favorece una narrativa mediática, política y social que justifica los discursos de guerra y castigo, que coloca los mayores peligros en los lugares más marginales y que impide que se eche luz sobre la historicidad de los fenómenos, las desigualdades persistentes, las subjetividades alienadas y las responsabilidades del Estado.
La noción de crimen organizado es un artilugio para hablar siempre de ciertas violencias y omitir las ilegalidades que se cometen desde el poder; es un significante vacío que los actores políticos han comenzado a utilizar con fines estratégicos y que también se ha filtrado en las conversaciones sociales y académicas. Sin embargo, a la luz de la experiencia uruguaya, hay un espacio que exige interpretaciones sobre dinámicas sociales de alta complejidad; hay lógicas, conexiones, interacciones situadas, juegos de sentido, comportamientos instrumentales, etcétera, que tienen que poder calibrarse con otra precisión, más allá de las aproximaciones que se obtienen de los datos y los relatos de la inteligencia policial.
Lucía Dammert ha hecho un formidable trabajo de sistematización y divulgación sobre los mercados y los poderes ilegales en América Latina que distingue la noción de crimen organizado de la idea de mercados ilegales y explora estos últimos con especial elocuencia.2 Poner la mirada en esos mercados permite estimar la magnitud de los poderes ilegales en nuestros países y, desde allí, comprender la violencia criminal, que, junto con la debilidad del Estado y la crisis de representación política, configura los rasgos dominantes del presente. Mientras los mercados sobreviven y se amplían, con sus fluctuaciones y actores diversos, el crimen organizado (como grupo estructurado, continuo, jerarquizado y en red) se ha vuelto más flexible y diversificado. Como tantas veces se ha señalado, esta ecuación es en especial explosiva para los procesos de democratización, el desarrollo económico sostenido y la disminución de las brechas de desigualdad.
El ejemplo más conocido y extendido es el del narcotráfico, en una región en la que el 80 por ciento de la cocaína que se produce se consume en los Estados Unidos. Pero, además, están los pujantes mercados de la explotación sexual y laboral y del tráfico de migrantes, sin dejar de mencionar a la minería ilegal –con su epicentro en el oro– que produce altas tasas de ganancias con pocos castigos. Por otra parte, Dammert profundiza en los asuntos de la tala de bosques, la explotación de recursos naturales, el tráfico ilegal de vida silvestre y la pesca ilegal (con una mención especial al puerto de Montevideo), todos ellos vinculados, además, con las rutas y los negocios del narcotráfico. Por fin, figuran los mercados de las prácticas extorsivas, que, bajo las más variadas y extendidas formas, afectan todos los rincones de la región.
Estos poderes ilegales necesitan dos apoyos claves: el acceso a las armas de fuego y la posibilidad de lavar el dinero. El mercado de armas y municiones es uno de los más poderosos, pues sin ellas el negocio no funciona. América Latina tiene problemas severos de violencia armada y Estados Unidos se configura como el verdadero nodo exportador. A la vez, según estimaciones recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo del crimen representa cerca del 3,5 por ciento del PBI latinoamericano, al tiempo que entre el 2 y el 5 por ciento del PBI mundial corresponde al lavado de dinero de los mercados ilegales.
En este contexto, Dammert no niega la importancia de los factores estructurales y reivindica la necesidad de políticas de igualdad, pero es enfática al reclamar más inversión en políticas de seguridad, en modernización de los cuerpos policiales y en formación de funcionarios. Estos problemas se enfrentan con enfoques integrales y multidimensionales, que dejen atrás la ineficacia de las políticas de mano dura y guerra a las drogas (su reseña del proceso reciente de El Salvador de Nayib Bukele es especialmente esclarecedora).
En definitiva, entre la necesidad de limitar el uso abusivo de la noción de crimen organizado y la obligación de dimensionar con rigor la expansión de los mercados ilegales y su incidencia en los procesos actuales, emerge una serie de aspectos desafiantes para un proyecto de izquierda, sobre todo porque el escenario se divide entre un discurso dominante de guerra al delito y de castigos ilimitados, y una visión más en los bordes de la tecnocracia que apuesta a la modernización de las instituciones del Estado penal para desplegar estrategias racionales que «sí funcionan». Hay que redoblar esfuerzos interpretativos y políticos que posibiliten la construcción de otros lugares de acción programática.
En primer lugar, en la inserción periférica y subordinada de América Latina en el contexto actual de la globalización se reactiva con estas dinámicas. Los mercados ilegales y el crimen organizado son constitutivos de la reproducción de un «capitalismo caníbal» y de las lógicas de la dependencia. Nuestros países aparecen como productores de bienes primarios ilegales, ponen los muertos en ciudades y regiones remotas y, a cambio, reciben del norte armas, municiones, créditos y paradigmas dominantes sobre cómo controlar el delito y la violencia. En segundo lugar, los mercados ilegales ocupan un lugar central en los procesos de desarrollo de la región, pues son parte de los engranajes de la economía, de las mediaciones políticas y, en muchas oportunidades, de la propia sobrevivencia social. En América Latina predomina una lógica de la reproducción y de la normalización con base en el sufrimiento, el dolor y la desconfianza. En tercer lugar, el calado de las desigualdades sociales obliga a pensar a fondo el proceso de las últimas décadas y a resituar los desempeños de las experiencias progresistas o posneoliberales en nuestros países. No es que la izquierda o los progresismos no hayan visto el problema de la inseguridad, sino que han perdido precisión y afán transformador.
Por último, el Estado juega en este terreno un rol ambiguo y complejo. Entre la debilidad y la instrumentalización, se han introducido agendas de cambio y el Estado penal se ha expandido a través de sus aparatos policiales y sus instituciones de encierro. La ecuación neoliberal, que demanda por todas partes la reducción del Estado, pero al mismo tiempo presiona para ampliar el campo policial-penal, es una clave que se advierte con facilidad en estos tiempos. En momentos de severas restricciones fiscales y de múltiples prioridades, los recursos incrementales para la seguridad siempre obtienen legitimación. Detrás de todo eso, hay un dilema muy difícil de resolver: por una parte, es indiscutible que las mejoras de la seguridad requieren de más inversión y que hay margen para hacer cosas relevantes que mitiguen los niveles más intolerables de violencias; sin embargo, por otro lado, bien sabemos que esos esfuerzos –aún los más logrados– son insuficientes y no pocas veces contraproducentes. Entonces, ¿qué hacer?
La funcionalidad de este fenómeno complejo se construye día a día sobre la base del dolor, el sufrimiento, la alienación y la expoliación. Una vez más, el destino de América Latina parece marcado por la hondura de sus dramas. ¿Podemos imaginar proyectos políticos en los que el poder deje de pensarse bajo las coordenadas de la explotación y la dominación? Reconceptualizar el poder y sus prácticas implica hacernos de nuevo. No cabe imaginar un desafío mayor, y más ineludible.
