—Empezamos nuestra lucha pensando en encontrar caminos para eliminar la contaminación en la zona. Creo que teníamos la expectativa real de que si se detectaban y neutralizaban las fuentes de contaminación, si se creaban mecanismos locales para la atención de los contaminados como las policlínicas, incluso cuando se habló de cubrir con hormigón los terrenos contaminados se estaría muy cerca de tener éxito. Pero a medida que fueron apareciendo más y más casos con una contaminación importante, algunos llegando incluso al rango de la intoxicación, empezamos a comprender que la situación era mucho más grave de lo que habíamos imaginado. Pensábamos que existía un camino conjunto entre nosotros y los técnicos, aunque al principio las autoridades cometieron muchos errores. A pesar de eso, parecía que todos habíamos encontrado un objetivo común. Pero creo que la realidad desbordó completamente a las instituciones; apareció una cantidad inesperada de contaminados, y la descoordinación y hasta falta de confianza entre los técnicos fueron notorias, y eso redundó en una tremenda ineficacia.
—¿Cómo fue eso?
—Participamos desde el principio en la Comisión Interinstitucional (CI), y en ese ámbito siempre se nos trató con frialdad. Más allá de que se reconoció de hecho nuestro derecho a participar en esas reuniones, se nos retaceó información clara sobre los caminos que se estaban adoptando. Creo que no esperaban –ni toleraban muy bien– que discrepáramos con lo que ellos decían, algo así como que los que sabían eran ellos, que son los técnicos, y nosotros sólo podíamos esperar, seguir esperando. Esas reuniones se fueron desnaturalizando con el correr del tiempo, porque a veces nos quedamos horas esperando a que nos recibieran, cada vez nos daban menos información, la asistencia por parte de ellos fue disminuyendo. Puedo decir, incluso, que a mí personalmente más de uno de los integrantes de la CI me manifestaron en el mano a mano una tremenda disconformidad con su funcionamiento, en el sentido de que aquello internamente era caótico, que cada cual intentaba simplemente salvar su propio pellejo, y que si se grabara un video de las reuniones entre ellos y se pasara por televisión sería una vergüenza nacional.
Eso me lo dijeron personas que aún integran la CI. Al principio tuvimos una relación muy tensa con la IMM y con la DINAMA. Nuestros cuestionamientos nunca fueron personales, sino que apuntaron a la calidad de la labor de esas instituciones con relación a la contaminación con plomo. Lamentablemente nunca pudimos tener técnicos que empujaran de nuestro lado, que participaran directamente en nuestra lucha, así que dependimos siempre de lo que pudimos averiguar por nuestros propios medios o de la información que nos acercaron personas solidarias, pero ningún profesional. Creo que en la actualidad, la situación de la CI es desastrosa, porque al mal funcionamiento se agrega una carencia total de sensibilidad, de calor humano hacia las víctimas. Ni hablar de la ausencia de información concreta que impide que se pueda llegar a la asamblea de vecinos con datos, con hechos firmes que puedan facilitar un análisis objetivo de la situación a partir del cual adoptar decisiones.
—¿A qué tipo de información se refiere?
—Para empezar, la información más reciente que se nos ha ofrecido con respecto a la cantidad y calidad de los contaminados fue elaborada con datos obtenidos hasta el 8 de junio, o sea de hace un mes y medio, relativos a los resultados de 2.628 plombemias, cuando sabemos que ya se han efectuado más de 6.000 análisis. Todo ha funcionado con trabas y dificultades. Si hacemos un planteo se nos contesta con dureza, con enfrentamientos. Si pedíamos los resultados de las mediciones de aire, se nos contestaba sólo que «están dentro de los rangos normales». Pero no sabemos con qué comparar esas cifras que, por otra parte, sólo se nos comunican verbalmente, pero jamás en un documento. Así, cualquiera es Gardel. Lo mismo pasa con las muestras de agua, de las cuales se nos comunicaron los resultados, pero nunca documentados y, además, siempre en una gran confusión de datos, porque por momentos se nos dijo que las muestras se habían extraído de las canillas, pero después eso se negó. Lo cierto es que a pesar de nuestras demandas, nunca se nos entregaron documentos. Entre otras muchas cosas, eso impidió hasta ahora que convocáramos a técnicos independientes para hacer nuestro propio análisis de la situación. Por ejemplo: uno de los equipos medidores de aire, el que se instaló en el Centro Comunal Zonal 14, era de la UTE; después nosotros supimos por el sindicato de UTE que ese equipo no funcionaba. Lo denunciamos, pero hasta ahora nos preguntamos si las autoridades no lo sabían y colocaron el equipo simplemente para hacer un poco de bulla. En este aspecto, además, seguimos sin saber cuáles fueron los resultados reales de esas mediciones, porque nos comunicaron las cantidades de plomo en el aire, pero ¿y qué hay de la presencia de otros metales pesados o sustancias peligrosas, incluso teniendo en cuenta la proximidad de la refinería de ANCAP?
—¿Con qué argumentos se niegan a proporcionar documentos de la información que comunican?
—En el caso de los exámenes de sangre, el recurso de amparo que se presentó en lo Contencioso Administrativo impedía que nos dieran cualquier documentación ya que ella sólo pertenece a los padres de los niños analizados y al MSP.
—¿Y sobre los demás aspectos como los ambientales?
—Ellos se amparan en la misma explicación. Tengo la convicción de que la mayor preocupación de todos ha sido cuidar la imagen de cada una de las instituciones representadas por los funcionarios que integran la CI. En el caso de la OSE, por ejemplo, hasta ahora se ha negado a reconocer que el agua está contaminada en varios lados, y eso impide que se pueda avanzar hacia lo que supuestamente todos deberíamos querer: encontrar soluciones. Puedo dar un ejemplo concreto de que en ningún momento se ha querido reconocer la contaminación en La Teja: el pasado domingo 15 se publicó el llamado a licitación para construir las 108 viviendas de los vecinos de Rodolfo Rincón y Cañada Victoria, y en el texto decía que era para «los contaminados por plombemia». Tengo entendido que plombemia es el análisis que busca plomo en la sangre. Es como si se hubiese dicho «contaminados con uricemia». Reconocerlo hubiese sido que las autoridades del gobierno dijeran públicamente –y no entre bambalinas como una vez me lo dijo la doctora Gloria Ruocco– que este caso es grave y tiene particularidades complejas como la pluralidad de fuentes contaminantes y de difícil manejo. Ellos nos trasmitían que tenían muchas dificultades de funcionamiento y que caminaban a ciegas.
—¿Cuántos resultados de análisis de sangre están retenidos en la Facultad de Química por falta de pago del MSP?
—Nos dijeron varias veces que ya estaba todo arreglado, pero nunca se concretó. Es posible que de los 6 mil análisis que se han hecho, esté retenida cerca de la tercera parte de los resultados. Eso provoca que la gente se despreocupe porque tiende a pensar que si no reciben noticias es que sus hijos no deben tener problemas. Al principio intentaron hacernos creer que la facultad no podía ir más rápido, pero después nos enteramos de que el MSP no quería gastar el dinero que se necesitaba para producir más resultados. Ahora estamos en las mismas, sólo que Química decidió «no entregar
más mercadería» para intentar cobrar una deuda que, según comentarios, sería de 100 mil dólares.
—¿Cómo valora éticamente esa decisión de Química?
—Es inadmisible que la gente contaminada, que está viviendo algo que no eligió, sea tomada de rehén, sobre todo porque se trata de niños y mujeres embarazadas. Es responsabilidad tanto del MSP como de la Facultad de Química. Como siempre, lo más fácil es joder al de abajo. Siempre ponemos el ejemplo de las vacunas de aftosa: 10 millones de vacas fueron inoculadas dos veces con un producto cuya dosis cuesta 33 centavos de dólar. Eso hace un total de 6,6 millones de dólares. Pero a nuestros hijos y nietos nos tienen colgados por 100 mil dólares. Todo ha sido un largo camino, muy duro y angustiante. Hay momentos de mucha desesperación y han quedado muchos vecinos en el camino porque la tarea ha sido agotadora, desgastante. No se trata de un cuadro de fútbol o de un sindicato sino que es un tema vinculado a la salud, y entonces aparece la angustia de las familias que al principio no sabían qué pasaba, después se habló de aplicar quelantes a los niños, y a continuación supimos que muchos médicos decían que era preferible no aplicar esos medicamentos porque era peor el remedio que la enfermedad. Se habló de familias que se iban del barrio, los médicos decían que la gente se tenía que ir, pero después algunos iban a sus consultorios –como me lo relataron varios vecinos– de acá de la zona y aún hoy dicen que no saben nada de la contaminación con plomo. Hay otro médico cuyo nombre no voy a dar para no mandarlo en cana, pero le dijo a un padre que era mejor no hacerle el análisis al niño porque de todas formas si daba positivo igual no le iban a hacer nada. Es angustiante en lo personal. A mí también me provocó crisis importantes. Es muy difícil tener que discutir con gente que tiene más formación, que cobra un sueldo para estar allí pero invierte la situación para que uno sienta que le están haciendo una concesión al atendernos. Ellos tienen su comida asegurada, pero nosotros tenemos que dejar de trabajar para ocuparnos de todo esto.
—¿Los contaminados han recibido una atención adecuada?
—Desde el principio hemos planteado que la OMS afirma que a partir de 10 microgramos es
contaminación. Por lo tanto, no hay lugar a dudas, con 11 microgramos estás contaminado y punto. Hemos planteado infinidad de veces que el criterio adoptado por la CI es erróneo, en el sentido de que considera contaminados sólo a quienes tienen más de 20 microgramos. Incluso no sabemos bien en qué consiste el supuesto seguimiento que se les hace a estos últimos. Es terrible pensar que si una familia vive en la extrema pobreza y tiene hijos con 18 o 19 microgramos, en realidad le conviene que les suba a 20 porque así pueden recibir la atención médica y la canasta de suplemento alimentario que ahora se les niega. Además, a veces los técnicos dan explicaciones disparatadas, como en el caso de una niña, Magliano de apellido, que tenía 14,5 en el primer examen y ahora tiene más de 20, y a la madre le dijeron que la razón era que la gurisa come tierra. Pero la niña es grande, ya tiene cerca de 10 años y sabe lo que hace. No tenemos información como para saber si lo que se está haciendo está bien o no. No sabemos si las cifras de contaminados que nos están dando son las correctas porque no nos reconocen el derecho a saber. Ellos se reservan la información, y es necesario que expliquen por qué.
—¿Por qué no se le hicieron radiografías de los huesos largos por lo menos a una muestra representativa de los niños?
—Para conocer verdaderamente la realidad de la contaminación, tenemos entendido que se debería haber instrumentado un sistema de segundo análisis de sangre, algo así como un sistema testigo de muestras tomadas al azar y reanalizadas en otro laboratorio. Nunca se aceptó hacerlo, a pesa de que las recomendaciones científicas nacionales e internacionales lo aconsejan. No se trata de dudar de la honestidad de la gente de Química, sino de aplicar reaseguros científicamente utilizados en muchos otros trabajos de análisis, incluso comerciales. Se trata de una práctica común y corriente, no de algo excepcional. También planteamos que cada tantos niños a uno se le hicieran placas de los huesos largos, ya que el plomo suele instalarse allí cuando la contaminación es antigua o de varios años, como es este caso de La Teja. El resultado del análisis de sangre es una foto de cuánto plomo hay circulando en el torrente sanguíneo en el momento de la extracción, pero no necesariamente indica el grado de contaminación que puede tener una persona, ya que el plomo se fija en los huesos y en los tejidos blandos como los riñones, hígado, cerebro, entre otros. Se argumentó que no se harían placas para evitar «irradiar innecesariamente a los niños». Sospechamos que es una mera evasiva, pero como no tenemos apoyo técnico no podemos valorarlo en su justa medida. Claro que nadie quiere irradiar a los niños porque sí, pero la pregunta es: ¿no es necesario en este caso? Puedo hablar de un niño de la zona, Lucas, de cuatro años, que tiene 23,7 microgramos. Padece importantes problemas de salud como anemia, sordera, sinusitis permanente y se le caen las uñas de los pies. Es al único niño que según nuestra información se le ha hecho una radiografía, y lamentablemente demostró que tiene gran cantidad de plomo en los huesos. Pero no se la ordenó el MSP, sino una médica del BPS, la doctora Altes. Entonces, cualquiera puede sacar conclusiones: si Lucas tiene plomo en los huesos con 23,7 en sangre, ¿quién asegura que otros niños con igual, mayor o menor cantidad de microgramos en sangre no estén en realidad mucho más contaminados de lo que parece? Con el sistema que aplicó hasta ahora el MSP, nadie lo sabe. En realidad, no lo quieren saber. O mejor: no quieren que nosotros lo sepamos. Lo que tenemos es que en La Teja se le buscó mercurio a un solo niño y se le encontró, y que se le hizo una radiografía a otros dos -uno de ellos Lucas, y ambos por el BPS-, de los cuales uno tiene plomo en los huesos. O sea, el 50 por ciento de los estudiados. Sin embargo, esto no ha sido razón suficiente para instalar preocupación en las autoridades de la salud. No sé quién vela en realidad por la salud de los niños uruguayos, si es Bensión o, ahora, Fraschini. Parecería que Bensión.
—¿A qué se debe que no recibieron apoyo explícito de técnicos y científicos?
—Personalmente creo que la Universidad debería estar al servicio de la población en general, cosa que no sucede. Hemos carecido de apoyo en ese aspecto. Este es un tema quemante, porque los valores impuestos socialmente provocan que cuando se reciben, la enorme mayoría de los profesionales busquen satisfacciones económicas, y enroscarse en un tema de éstos les puede significar tener que seguir el resto de sus vidas en un camino difícil, como es el de los pobres. Creo que faltó lo que comúnmente se llaman cojones, porque defendiéndonos a nosotros se cierran otras puertas. Tal vez no se tenga suficientemente en cuenta que ellos estudian gracias al sacrificio de toda la sociedad, que en su enorme mayoría no hace uso de la Universidad. Ellos valoran su propio esfuerzo, y está bien, pero olvidan que a la Universidad la banca el lomo de la gente que labura y que no tiene acceso a nada. Si hubiésemos tenido ese apoyo habríamos evitado recorrer muchos de los caminos de barro en los que andamos incluso ahora mismo.
—¿Han recibido apoyo de alguna ONG?
—Más verbales que de hecho. Apoyo, lo que se dice apoyo, sólo lo hemos recibido de la Federación ANCAP, de Brecha, de Canal X, de Fernanda Cabrera de Canal 10 y de la diputada Nora Castro. Acá hubo alguna gente que vino a extraer información y después desapareció.
—¿Cuál es la situación en la actualidad?
—Es difícil. Alguna gente se empieza a cansar, a descorazonar, a veces tanta lucha y angustia lleva a que se priorice lo secundario sobre lo principal. Incluso hay padres que ya no llevan a los niños al control en la Policlínica del Pereira Rossell. Pero también sucede que otras veces se quedaron esperando con los chiquilines en la calle porque el vehículo que los lleva hasta allá no vino a buscarlos. Falta un trabajo serio, dedicado. Creo que hay apenas dos asistentes sociales para toda la población afectada, y por aquí no apareció ni un solo psicólogo para apoyar a las víctimas. ¿O se piensa acaso que los pobres no precisamos ese tipo de apoyo, que un hecho de este tipo no te da vuelta la cabeza y el corazón? Ahora la CI parecería –porque no se nos informa derecho– que cambiará su integración. Ya no asistirán ni el doctor Touyá, quien hace ya semanas que no viene, ni la doctora Ruocco. Parecería que ha quedado a cargo la doctora Mariana Gómez, recientemente nombrada directora de Salud Poblacional. Esta doctora tiene cierta preparación, una especialización en salud ambiental, pero eso no quiere decir que sepa cómo manejarse con la gente. Lo primero que exigió fue que a las reuniones lleváramos las preguntas por escrito. Creo que se deben juntar todos los actores de este problema y se debería producir un sinceramiento acerca de los problemas que enfrentamos. Tanto del lado
de los técnicos como de la gente, que debe seguir aportando su apoyo social. Pero de poco servirá nuestra lucha si no obtenemos apoyo científico independiente, si no podemos disponer de toda la información y cotejarla con la realidad. Eso nos debilita tremendamente. Porque, por ejemplo, sabemos que en algunas mediciones de suelo se ha encontrado más cinc que plomo, más cobre que plomo, más cromo que plomo, pero no sabemos qué significa eso desde el punto de vista ambiental. Reconozco que hay intenciones individuales de ayudarnos desde la Universidad, pero en conjunto, como institución social, no ha participado con nosotros, está en deuda. Sabemos por ejemplo que a nivel internacional se considera que los suelos con más de 140 microgramos por quilo de tierra no son aptos para vivienda, y sabemos que en Canadá en una zona industrial se hallaron valores de hasta
700 microgramos, pero aquí se encontraron suelos con 1.800, con más de 2.000 y hasta con 3.000 microgramos. La gente que está viviendo en INLASA, por ejemplo, no sabe cuándo recibirá viviendas para irse, mientras tanto los niños que viven ahí se siguen contaminando. Y si este movimiento muere, es probable que no se vayan nunca. Siguen apareciendo casos de niños con alto nivel de contaminación en zonas cada vez más alejadas de La Teja como el Prado, Paso Molino, Nuevo
París, Belvedere. Hay un trabajador de la fundición Filmetal, de aquí de la zona, que en la segunda muestra tenía 81 microgramos por decilitro de sangre y que lamentablemente eligió el trabajo antes que la salud porque había regresado a la empresa. Según nuestra información actualmente está internado con severos problemas de salud. Si esto es cierto, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo?
—¿Cómo resumiría esta lucha desde el punto de vista de la experiencia social?
—Nadie tenía experiencia de lucha ambiental en este barrio. Nos costó organizarnos, pero después crecimos desmesuradamente, al punto que las asambleas eran por momentos caóticas. Sufrimos un intento de copamiento de la asamblea por parte de un grupo del Frente Amplio, la Corriente de Izquierda, y eso provocó que nos dividiéramos. Más adelante se produjo un importante recambio de los asistentes a la asamblea, particularmente con la integración de la gente del Rodolfo Rincón, con quien hemos aprendido muchas cosas y pudimos encontrar un lenguaje común. Creo que ha quedado por el camino gente muy valiosa, que desearía que regresara. A otros no tanto. Creo que esta asamblea ha logrado dejar los partidos políticos en la puerta para luchar por la salud, por el ambiente. Y a pesar de todo lo que se ha hecho, tengo la clara sensación de que demasiada gente quiere «cerrar el caso La Teja». Si no hacemos algo, es probable que lo logren, y muy pronto.
