En gran parte del debate político latinoamericano todavía miramos el mundo a través de un esquema bastante conocido: por un lado, las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, y, por otro, los países periféricos, que intentan resistir o adaptarse a ese orden. Ese marco sirvió para explicar muchos procesos del siglo XX. Pero empiezan a aparecer otros que se desarrollan fuera de ese mapa. Uno acaba de aterrizar en Colonia.
El jueves 24 de setiembre, en Nueva York, Yamandú Orsi se reunió con Dryden Brown. Brown dirige Praxis, una startup estadounidense que se define como «nación digital» y dice reunir a más de 150 mil personas en línea. En esos mismos días, +Colonia, la urbanización donde Praxis quiere instalarse, presentó ante el Ministerio de Ambiente una nueva etapa de su desarrollo.
Praxis es la versión más concreta de una idea que en ciertos entornos tecnológicos empezó a circular en los últimos años: la de los llamados network states. El concepto lo formuló Balaji Srinivasan, exdirector de tecnología de Coinbase, en su libro The Network State, de 2022, que explica cómo fundar un país nuevo a partir de comunidades políticas que nacen primero en internet y solo después, si logran consolidarse, aspiran a algún tipo de reconocimiento territorial o estatal. A diferencia del Estado nación tradicional, estructurado a partir de un territorio definido, una ciudadanía estable y un aparato institucional, los network states invierten ese orden. Srinivasan lo resume en una fórmula: primero la nube, después la tierra. La pertenencia no la determina el lugar de nacimiento, sino la adhesión voluntaria a un proyecto común. El autor, además, fue uno de los primeros inversores de Praxis, en 2021, y le dio escenario a Brown en una de sus conferencias sobre network states.
Praxis buscó tierra durante años: evaluó Groenlandia y Grecia, entre otros lugares, antes de decidirse por Uruguay. El acuerdo con +Colonia abarca unos 350 mil metros cuadrados edificables. Eduardo Bastitta, impulsor de la urbanización, que alguna vez la definió como «el proyecto más libertario del mundo», calculó que las viviendas de los integrantes de Praxis podrían sumar unos 1.000 millones de dólares. Por ahora está todo verde: la venta de los terrenos no se concretó y falta el fraccionamiento. Los primeros residentes llegarían en 2027.
Quienes promueven este tipo de proyectos suelen pertenecer a sectores altamente formados, globalizados y cercanos al mundo tecnológico. Provienen de países distintos, pero comparten un ecosistema cultural y profesional que funciona cada vez más al margen de las fronteras nacionales. Lo que los une no es tanto una ideología común como una forma particular de relacionarse con los problemas: están acostumbrados a diseñar sistemas y coordinar redes globales. En ese universo mental, la política democrática aparece como un entorno lento, conflictivo y difícil de modificar.
Lo que hasta hace poco parecía una excentricidad de Silicon Valley ya es un hecho, y se anuncia con bombos y platillos en nuestro país. Hace unos meses escribí que a muchos de estos actores no parecía interesarles disputar el poder político dentro de las democracias existentes. Que exploraban comunidades paralelas, más pequeñas y diseñadas desde cero, no necesariamente porque quisieran destruir la democracia, sino porque habían dejado de creer que fuera el espacio donde vale la pena invertir su energía creativa. Praxis me obligó a corregir esa lectura. Brown se sacó la foto con el presidente Orsi y la publicó en X con un mensaje: «Los países hermosos y culturalmente ricos van a ser grandes beneficiarios de la AGI. Gracias, presidente». Se refería a la inteligencia artificial general, una tecnología que todavía no existe.
Orsi pertenece a un partido que nació de minorías que no encajaban en el orden existente y que buscaron transformar el sistema desde adentro, voto a voto. Lo intentaron en 1971, volvieron a las urnas en 1984 con Liber Seregni todavía proscripto y recién llegaron al gobierno en 2005. Aquel Frente de Seregni, el del programa antioligárquico, difícilmente habría imaginado a su presidente constitucional en la foto con el fundador de una comunidad de inversores que se instala en lo que su propio desarrollador llama «el proyecto más libertario del mundo». Las minorías tecnocráticas que hoy buscan tierra en Colonia no necesitan el camino largo. Les alcanza con que un Estado democrático les haga lugar.
Uruguay ya se lo hizo, por ley. Y el régimen tiene hasta nombre de folleto: tax holiday («vacaciones fiscales»). Lo usan los estudios jurídicos y las consultoras que lo promocionan en sus sitios web, y también la propia DGI. Hoy lo regula la ley 20.446 de presupuesto nacional, vigente desde enero de este año.
En concreto, permite a quien fija su residencia fiscal en el país optar por tributar como no residente y no pagar impuestos por las rentas de capital que genera en el exterior durante el año de llegada y los diez siguientes. Se accede pasando más de 183 días al año en Uruguay, comprando un inmueble urbano de más de 2 millones de dólares o aportando unos 100 mil dólares anuales a fondos de innovación, pero quien entra por inversión no está obligado a pisar el país. La única vía que exige presencia real, la de los 183 días, es justamente la única que no pide invertir un peso. La misma ley ahora les cobra más IRPF (impuesto a la renta de las personas físicas) a los uruguayos con ahorros afuera, y al recién llegado le perdona 11 años.
Con esa ley a la vista, la cifra de Bastitta se lee de otra manera. Los 1.000 millones son casas, pero el beneficio por vía inmobiliaria arranca en los 2 millones de dólares. No sé cuántos de los futuros residentes de Praxis van a optar por el régimen ni cuántos llegarán a ese umbral. Nadie lo sabe todavía. Si lo hacen, será con la ley en la mano, sin zona franca ni régimen especial. Tampoco se sabe cuánto deja de cobrar el Estado con estas renuncias. En octubre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI, le informó al diputado frenteamplista Bruno Giometti que se habían adherido 2.313 personas y que la recaudación estimada del impuesto al patrimonio de ese grupo fue de unos 300 mil dólares en 2024. Eso es lo que aportan, no lo que se deja de percibir.
Este régimen no se hizo para ellos. Lo sostuvieron tres gobiernos de dos partidos: lo implantó José Mujica en 2012, lo amplió Luis Lacalle Pou en 2020 y lo reajustó Orsi en su presupuesto. Y, sin embargo, cuesta imaginar un perfil más ajustado al que busca atraer que el de una comunidad de inversores con patrimonios repartidos por el mundo.
En países pequeños y relativamente estables como Uruguay, donde la democracia sigue siendo el marco principal de la vida política, estas ideas pueden parecer atractivas, un buen aporte a la economía: capital que llega y casas que se construyen. «¿Lo son? ¿Y a qué costo?» El libro de Srinivasan presenta a los network states como una salida de los Estados existentes. En Uruguay se parecen más a un contrato, en el que la comunidad trae capital y promesas y el Estado pone el territorio y renuncia a cobrar. Y cuánto renuncia es justamente la cifra que no aparece.
Si hacemos un poco de historia, Colonia del Sacramento nació en enero de 1680 como una avanzada portuguesa frente a Buenos Aires, impulsada por comerciantes de Río de Janeiro que querían hacer negocios en el Río de la Plata por fuera del monopolio de la Corona española. Durante décadas fue una puerta de contrabando y una moneda de cambio entre dos imperios: soportó asedios, cambió de manos una y otra vez, y en 1750 un tratado llegó a canjearla por los pueblos de las Misiones. Recién en 1777 quedó definitivamente del lado español. Su barrio histórico todavía guarda las dos herencias en las calles. Tres siglos y medio después, a pocos quilómetros de esas murallas, se proyecta otro enclave, pensado desde afuera y para gente de afuera. Algo tiene ese lugar que invita a fundar colonias. Esta vez nadie tendrá que entrar de contrabando. Les abrieron la puerta grande.
(Leticia Borrazás trabaja en proyectos de transformación digital en América Latina)
