El laudo mínimo de maestros y profesores de educación media es de 11.200 pesos nominales y las cuotas han subido con holgura por encima de la inflación. A pesar de ello, en este caso los partidos tradicionales no hacen énfasis en la eficiencia y son afines a incrementar las subvenciones para el sector privado, bajo el argumento de la libertad de elección para las familias.
Ninguneado, quizá por su escala o por el resguardo del que suele gozar la actividad privada, el conflicto de los trabajadores de la educación no estatal terminó alcanzando su apogeo durante las siestas de enero. En las últimas semanas varios colegios han decidido enviar personal al seguro de desempleo, agrandar los grupos de estudiantes y recortar la plantilla de funcionarios, y en el peor de los casos cerrar, como pasó con el Varela. Este colegio se declaró en cesación de pagos y comunicó ayer que venderá los bienes que no le han sido embargados para pagar los créditos laborales.
Pero esa es sólo la punta visible de un panorama más complejo. En este sector no se ajustan los sueldos desde febrero de 2015 y los laudos salariales están muy por debajo de los vigentes en la educación pública. Ello ocurre a pesar de la cuantiosa renuncia fiscal que hace el Estado a través de exoneraciones tributarias y de que las cuotas mensuales superan los índices de inflación desde hace una década.
Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) se apunta a un modelo de gestión que, a pesar de gozar de esos beneficios constitucionales y de la libertad para fijar sus cuotas, no logra resolver su ecuación económica y carga las tintas en los incrementos salariales. Para la organización sindical, los beneficios impositivos y la competencia por captar al mercado que ha abandonado la castigada enseñanza pública han llevado a que los colegios se reproduzcan, como “hongos bajo la lluvia”. En cambio las cámaras que agrupan a los colegios ponen el foco en el enlentecimiento de la economía y en que la mejora de algunas áreas de la educación pública (principalmente el nivel inicial) han generado una migración de alumnos.
El ex consejero de Secundaria Martín Pasturino, especialista en temas educativos, explicó a Brecha que los colegios y liceos privados son muy sensibles a las tendencias de la economía, pero que aun en los peores momentos los descensos en la matrícula no son estrepitosos. Según el Panorama de la educación 2014 (publicado por el Ministerio de Educación), entre 2000 y 2003 –de los años más críticos de la historia económica reciente– la cantidad de alumnos de educación media básica bajó de 22.100 a 19.984. “Si la baja no fue tan grande ni siquiera entre esos años, no hay nada que indique que se esté dando una gran baja en este momento”, planteó.
Pasturino, quien supo ser director interino de Planificación Educativa de la Anep hasta 2006, considera que la situación que atraviesan varios colegios de Montevideo y del área metropolitana responde a mala gestión: “Vieron que crecía la matrícula y empezaron a gastar y a subir los precios”. De todas maneras, aclaró, hay que distinguir entre varios tipos de colegios, porque la situación dista de ser uniforme. En su análisis distingue tres categorías. Primero, los “colegios de elite”, cuya anualidad ronda los 15 mil dólares o más, tienen una matrícula estable y casi no sufren ante cambios económicos. Segundo, los colegios de barrio que cobran alrededor de 3 mil pesos mensuales, y por último, los colegios de la clase media, que son los más sensibles a los vaivenes económicos. Los que se encuentran en conflicto entran dentro de esta última categoría.
Desde 2002 hasta el presente la educación media básica privada aumentó su demanda en un 30 por ciento, y con ella también se dispararon los precios. Lo mismo sucedió en la educación primaria, fenómeno que provocó una importante presión inflacionaria. “El rubro educación es, entre todos los que componen el índice de precios al consumo, el que más aumentó”, planteó Pasturino, con base en cifras del Ine. Además, como puede observarse en la gráfica que acompaña este artículo, el crecimiento de los precios de la educación superó al crecimiento general de los precios. En 2014, por ejemplo, la inflación fue de poco más de 8 por ciento, pero los precios promedio de los colegios aumentaron por encima de los 14 puntos porcentuales. En 2015 la inflación superó los nueve puntos y las instituciones privadas incrementaron el costo de sus cuotas un 12 por ciento.
La renuncia fiscal del Estado (que implica por ejemplo la exoneración de aportes patronales que sí deben ser volcados por la Anep a Rentas Generales) asciende –según el especialista– a unos 200 millones de dólares anuales. En la propia web de la Dgi se precisa el punto: tales instituciones, por sus fines educativos y por ser consideradas sin fines de lucro, están “exoneradas de todo impuesto nacional o departamental así como de todo tributo, aporte y/o contribución”, lo que incluye desde el impuesto a la renta, o los aportes patronales, hasta la contribución inmobiliaria.
Otro aspecto que incide en la ecuación tiene que ver con los costos de los diferentes niveles de la educación. Así, una clase de bachillerato con 15 alumnos es mucho menos “rentable” que una clase de 15 alumnos en primaria, puesto que para la puesta curricular de los primeros se necesita como mínimo una decena de funcionarios para impartir las diferentes materias, mientras que el número mínimo para atender una clase de primaria podría ser uno (el maestro de la clase).
RELEGADOS. Históricamente, ser trabajador en la enseñanza privada constituía una situación privilegiada. Los salarios de la educación pública eran menores y las condiciones desfavorables. Pero en la última década, mientras en la enseñanza pública hubo avances, los salarios de los trabajadores de instituciones privadas se han estancado. El índice medio de salarios (Ims) de los trabajadores de estas instituciones no sólo está por debajo del de los trabajadores de instituciones públicas, sino que se encuentra por debajo del Ims nacional.
Liliana Gilardoni, secretaria general del Sintep, planteó a Brecha que además de los casos particularmente resonantes, la situación general de los trabajadores es incierta. De hecho el convenio colectivo no se pudo plasmar en diciembre y hasta febrero no están previstas nuevas instancias de negociación. “Hay quienes no tenemos aumento salarial desde hace un año y han subido los precios de todo”, explicó.
Asimismo, los laudos mínimos vigentes para los trabajadores de la educación privada representan casi la mitad de lo que se percibe en el ámbito público (véase infografía). En el caso de los maestros titulados, efectivos, por 20 horas de trabajo semanales perciben en la educación pública poco más de 20 mil pesos nominales por mes, mientras que en las instituciones privadas el convenio establece un mínimo de 11.200 pesos. Lo mismo sucede con profesores de educación media básica y bachillerato, así como con los funcionarios. A esto se suma la inexistencia de grados en el ámbito privado, lo que implica que, más allá de los años de trabajo, el sueldo nominal sea el mismo. El complemento sobreviene sólo por prima de antigüedad, en los casos de actividad ininterrumpida en una misma empresa. Gilardoni explicó a Brecha que muchos colegios –especialmente los más chicos– pagan estrictamente el laudo. “Depende del colegio, algunos pagan más que el laudo, pero igual no llegan a pagar lo que paga la educación pública”, asegura.
Sergio Somaruga, secretario de asuntos laborales del Sintep, agregó que más allá de lo salarial, la negociación no fue consolidada en diciembre por la “falta de voluntad” de las cámaras empresariales de negociar condiciones extrasalariales. Entre ellas, una cláusula contra el despido arbitrario, que obligaría a los institutos a notificar con 30 días de anticipación las desvinculaciones no motivadas en incumplimientos, a fin de que los trabajadores tengan un período para resolver su situación laboral ya sea en otra empresa o en el sector público. También sostuvo que las cámaras se negaron a aceptar una cláusula de justicia salarial que obligara a las empresas a pagar en los plazos legalmente establecidos, puesto que la informalidad en ese aspecto es costumbre extendida.
En diálogo con este semanario, la presidenta de la Asociación de Institutos de la Educación Privada (Aidep), Zózima González, afirmó que los precios de las cuotas en los últimos años subieron pero que eso no se traslada linealmente a los salarios pues los colegios deben hacer inversiones constantes en infraestructura y mantenimiento. Alegó, además, que el 80 por ciento de los ingresos se destina a salarios y que cuando se negocian aumentos necesariamente deben trasladarse a las cuotas para asegurar la subsistencia de las instituciones. González matizó la visión de Somaruga: “De hecho no fue por falta de voluntad nuestra que no se firmó el convenio”. La directiva apunta que la relación con el Sintep es positiva y existe un diálogo fluido.
Somaruga, en cambio, considera que la postura, tanto de Aidep como de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), sí pesó y complicó las cosas. Señaló además como “determinante” la falta de acuerdo en el subgrupo de la educación no formal, uno de los siete que componen la negociación en la rama educación y que comprende entre otros a los Caif. No haber concretado las condiciones de ese subgrupo impidió que la totalidad del sector firmara el convenio. Otro de los puntos a rediscutir es la disminución de la carga horaria semanal de 44 a 40 horas, puesto que es un sector en el que los sábados no se trabaja, pero sí se computan a la hora de calcular la licencia anual.
El director de Trabajo, Juan Castillo, procuró poner paños fríos. Consultado antes de que se confirmara el cierre del Varela, precisó que ante el Ministerio de Trabajo (Mtss) los únicos funcionarios que se presentaron fueron los del colegio bautizado con el nombre del padre de la escuela laica y los del Gabriela Mistral. El ex dirigente del sindicato portuario dijo desconocer el malestar de los trabajadores del Crandon y el Nubarián, que también pasaron por situaciones conflictivas en los últimos días. Adelantó que está dialogando con el sindicato a propósito de una propuesta enviada por el ministerio “para lograr firmar el convenio en enero”. El documento que tanto el sindicato como Castillo prefirieron no divulgar apuntaría, según este último, a solucionar ciertos puntos de desacuerdo, como el tiempo entre cada correctivo salarial, que el Mtss establece en 18 meses “como mínimo y el sindicato no lo lleva”.
Las autoridades son crípticas cuando se las inquiere sobre el eventual papel de auditoría del Estado. De acuerdo a Rosita Inés Ángelo, la nueva directora nacional de Educación, su ministerio “no tiene atribuciones legales para intervenir en este tipo de situaciones”. Explicó que la Anep es la encargada de habilitar y hacer el seguimiento de los colegios privados. El Mec sólo lleva registro de lo que “ellos nos trasmiten”. Respecto de las exoneraciones tributarias tampoco emitió juicio: el ministerio habilita y eso sólo posibilita el trámite de las exoneraciones.
Los números sobre la matriculación en 2015 tampoco están sobre la mesa dado que el informe se presentará a fines del corriente año. Brecha intentó comunicarse con las autoridades de la Anep para aclarar las dudas que persisten sobre las condiciones educativas de los alumnos del colegio Varela y acerca de sus atribuciones como auditora de los colegios privados, pero no obtuvo respuesta.
El Varela en knock out
Los dueños del colegio (la Sociedad Uruguaya de Enseñanza) comunicaron durante una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) la cesación de pagos y el inminente cierre de la institución. Liliana Gilardoni (Sintep) explicó a Brecha que la empresa anunció un acuerdo con el colegio Elbio Fernández, institución que absorbería la sede de Ciudad de la Costa, y por tanto a sus alumnos y funcionarios. El Varela, que surgió luego de que la directora de la Sección Femenina del Elbio Fernández renunciara por problemas con el director de la Sección Masculina, y fundara el nuevo colegio, volverá, en parte, a sus orígenes.
La sede de Montevideo en cambio no tiene, de acuerdo a lo que comunicaron en la tripartita sus dueños, ninguna solución. “Liquidarían las propiedades que no les fueron embargadas y con eso pagarían los créditos laborales”, explicó Gilardoni. La crítica situación –no anunciada hasta el 30 de diciembre, según sostuvo la representante sindical del Varela, Rocío Hernández– “alcanza a la totalidad de los trabajadores, que somos 432”, y afecta a unos 1.200 alumnos. Los funcionarios que fueron enviados al seguro de desempleo serían despedidos en todos los casos en que no se haga cargo el Elbio. “Además, por la normativa vigente, la mayoría de los trabajadores no cobran el seguro de desempleo”, puesto que establece que los docentes suspendidos durante el período de receso de clases no cuentan con ese derecho así como tampoco los trabajadores que desarrollen otra actividad remunerada.
En las redes sociales un grupo de padres mostró su solidaridad con los funcionarios “que tan bien han cuidado a nuestros hijos”, y busca alternativas para que el centro sea sustentable. “Están buscando capitalizar el colegio, dicen que pueden acceder a préstamos y están preparando un proyecto”, apuntó Gilardoni. La posibilidad, que personalmente la sindicalista ve como muy difícil, estaría supeditada a que sea aceptada por los dueños del colegio: “Y para eso tendrían que mostrar los números, cosa que no quieren hacer. Entre otras cosas porque, le doy vueltas y vueltas al asunto, no puede haberse fundido. Un colegio que con la cuota de un alumno paga el sueldo de un maestro no puede haberse fundido”. Con todo, reconoció problemas de gestión o muestras de una “burbuja” en la oferta, como por ejemplo la existencia de 40 docentes de educación física o un cargo de coordinador de campamentos con una remuneración de varias decenas de miles de pesos.
La comisión de padres apostaría a capitalizar el colegio y quedarse con los alumnos “congelados”, término que usan para referirse a aquellos que pagaron por adelantado toda la anualidad o los seis años de formación, y que significan para los dueños de la institución una deuda estimada en un millón de dólares. Ignacio Porro, integrante de la comisión de padres, dijo a Brecha que “consideramos que el colegio es viable” y todavía su destino “no está definido”. El martes se reúne el consejo directivo de la empresa “y se verá qué pasa”, agregó, día en que convocan a una movilización.
El Varela es la peor cara de una conflictividad impensada para esta época del año. El Gabriela Mistral también se encuentra en conflicto, luego de que despidieran a una trabajadora de limpieza, única sindicalizada. El Crandon, por su parte, envió a trabajadores al seguro de desempleo y efectuó despidos. Gilardoni advierte en ese caso “una reestructuración curricular”, que se manifiesta en el número de alumnos por clase.
[/notice] [notice]
El retorno de los vouchers
La idea de implementar bonos educativos, vouchers, o como se los quiera llamar, siempre está latente en el discurso de los partidos tradicionales, y no sólo. Una de sus primeras apariciones ocurrió durante el período de Germán Rama.
La posibilidad de otorgar bonos o becas a los padres para que puedan enviar a sus hijos a la educación privada fue planteada ocasionalmente por Vázquez durante la campaña presidencial, aunque luego la quitó rápidamente de escena. En ese momento fueron los blancos aliancistas y los colorados batllistas quienes criticaron una eventual “privatización” de la educación, concepto con el que coin-
cidió la mayoría de la coalición de izquierda y que también provocó un rebobinado de Vázquez (que argumentó que no se había entendido bien la idea).
En este período otros legisladores (ambos blancos) han retomado la senda del voucher. El diputado Rodrigo Goñi dijo a la prensa que una propuesta de este tipo serviría para apoyar a las familias de bajos recursos y a los colegios en dificultades. Aldo Lamorte, por su parte, presentó en noviembre un proyecto que pretende universalizar gradualmente el recurso, comenzando primero por las familias de bajos ingresos.
[/notice]