En estos días obtuvieron nuevos respaldos institucionales dos propuestas particularmente removedoras. Ambas, de seguir adelante, implican significativas transformaciones de sus respectivos ámbitos territoriales que no han sido ni analizadas ni debatidas, ni menos aun decididas como corresponde. Ambas, por tanto, también significan una seria distorsión de las políticas públicas que en la materia se ha tratado de construir desde hace varios años.
- Una de las propuestas referidas es la iniciativa de la empresa Buquebus para la construcción de una nueva terminal de barcos de pasajeros en la Rambla Sur de Montevideo. La propuesta presentada por el interesado asocia la realización de dicha terminal a la construcción de un hotel cinco estrellas, un centro comercial y un estacionamiento subterráneo que se localizarían en dos padrones de propiedad pública, vecinos al dique Mauá, que cuentan con un área superior a las tres hectáreas y cuya propiedad debería ser transferida al ganador de la licitación. Para cumplir con dicha condición, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop) solicitó la venia correspondiente al Legislativo. En la actualidad la propuesta de venta tiene el respaldo de la Cámara de Senadores y de la Comisión de Transporte de Diputados. Pronto llegará a la Cámara baja y la ley quedaría vigente. Entonces el Mtop tendrá las manos libres para licitar la construcción y explotación de una nueva terminal de buques de pasajeros en el dique Mauá, en un todo de acuerdo con el proyecto presentado por el único interesado conocido.
La propuesta de la empresa de López Mena no figura en ningún antecedente de ninguna naturaleza que tenga relación con ese sitio. Desde la fundación de nuestra ciudad hasta sus más recientes planes generales, particulares, sectoriales o locales, nunca fue ni siquiera insinuada una hipótesis semejante. Por el contrario, a lo largo de los años se fue proyectando, construyendo y equipando como parte de uno de los espacios públicos más relevantes de nuestra ciudad. Me refiero a la rambla costanera que Montevideo construyó a lo largo de un siglo, incomparable tanto por sus calidades espaciales y paisajísticas como por el disfrute profundamente democrático que nos procura en toda su extensión a los montevideanos y a nuestros visitantes.
En los mismos predios que el Mtop propone vender a López Mena para que realice un complejo comercial, el Ministerio de Educación y Cultura (Mec) propuso la construcción de un Museo de la Ciencia de última generación. El ministerio trabajó mucho en la idea y su proyecto, invirtiendo recursos presupuestales y humanos a lo largo de varios años. Incluso a través de un concurso público se construyó una línea de tiempo a lo largo de la rambla, cuyo “punto cero” debería haber estado en el propio museo.
La propuesta que promueve López Mena no cuenta con ningún respaldo conocido en ningún campo que de alguna forma pueda interesar a nuestra comunidad y afirme de manera contundente que se trata de una iniciativa que va a permitir mejorar en algo nuestra ciudad, nuestros paseos o nuestra movilidad. El único adherente comprometido con su idea resulta ser el Mtop, es decir, la única institución estratégica para poder lograr la habilitación de un negocio tan fuera de lugar como inconveniente.
No hay ningún estudio del impacto de dicha operación en un ámbito territorial tan sensible ni hay ningún estudio que explore la propuesta en el marco de los distintos planes y programas de desarrollo urbano de nuestro departamento. Lo único cierto es la voluntad de autorizar la privatización de más de 30 mil metros cuadrados de propiedad pública catalogados como monumento histórico nacional que hoy son intensamente usados por los montevideanos.
- La otra propuesta que logró respaldos importantes es la que refiere al futuro del hotel San Rafael. En efecto, el negocio promovido por el grupo Cipriani y el arquitecto Viñoly obtuvo su aprobación en la Junta Departamental de Maldonado. Los inversores deberán tramitar el permiso de construcción en la Intendencia, y a partir de su autorización tendrán 180 días para iniciar las obras. Se anuncia una inversión de 400 millones de dólares que promete abarcar hotelería, residencia, centro comercial, casino y centro de congresos, entre otros programas. La Junta también autorizó la venta de una fracción de la propiedad pública vecina, que será parte de la operación.
El hotel San Rafael hace muchos años que está en crisis. Hasta ahora, sin embargo, nunca nadie había imaginado que su recuperación pudiera implicar la instalación de intensas dinámicas urbanas que modificaran radicalmente el barrio con una oferta que, además de existente en otros sectores del balneario, no parece la más pertinente con relación a su entorno. Hasta ahora para la Intendencia de Maldonado, y en general para el turismo, las calidades paisajísticas del San Rafael eran parte de sus características, y su desarrollo urbano se proyectaba asociado a su protección.
Claro, nadie contaba con la explosiva y millonaria alianza Cipriani-Viñoly. No sólo vislumbraron un negocio suculento, tuvieron la astucia de asustar a la tribuna con una absurda altura de 300 metros para ganar lo que verdaderamente importa: una generosa edificabilidad total con condiciones programáticas excepcionales y una altura de “apenas” 100 metros.
Conocedores de la situación crítica que atraviesa el departamento y de las generosas “franquicias” promovidas por el intendente, los inversores consiguieron una inmediata y acrítica adhesión del gobierno departamental, es decir, del único actor cuyo aval necesitaban para poder concretar su iniciativa.
- Las iniciativas analizadas implican excepciones importantes a las normas existentes y la privatización de atractivas porciones de suelo público. En ambos casos excepción y privatización son presentadas como condiciones imprescindibles para su concreción.
Ambas operaciones se fundamentan en argumentos que poco tienen que ver con su propia condición. En un caso la propuesta deriva de la (desacertada) decisión gubernamental de exportar la celulosa de la futura segunda planta de Upm a través del puerto de Montevideo, y en el otro de su supuesto impacto en la creación de puestos de trabajo. En ambos casos, los proyectos y sus impactos ambientales, urbanos y sociales no parecen preocupar a las autoridades competentes.
Las dos iniciativas son llevadas adelante por poderosos grupos empresariales. Ambas cuentan con importantes respaldos circunstanciales, y más allá de que están lejos de demostrar su pertinencia social, su interés patrimonial o su mera necesidad, las dos están muy cerca de ser autorizadas. La soberbia que asoma por todos los resquicios de estos dos tristes casos es ilustrada con mérito por uno de sus actores, el arquitecto Viñoly, quien opina que “en Uruguay la planificación funciona a través de la opinión de políticos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo”.1
En este contexto no está de más recordar que hay un proyecto de ley de directrices nacionales costeras que podría tener incidencia relevante en estos asuntos, pero duerme desde hace varios años en el Parlamento. Tampoco que, estando profusamente legislado a nivel departamental y local (Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Especial del Barrio Sur, y directrices departamentales), la Intendencia de Montevideo haya mantenido un estricto silencio técnico y político sobre el tema. Algo similar podría señalarse a propósito del prolongado silencio de la autoridad nacional en la materia, es decir, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En ambos casos el apoyo a las propuestas logró trascender las banderías políticas, e incluso en Maldonado logró quebrar la unidad frenteamplista. Es algo sabido desde hace mucho tiempo: los argumentos de corto plazo calan hondo en los ciclos de la política electoral. A diferencia de Viñoly, creo que los políticos implicados en estos asuntos saben muy bien lo que hacen. Tanto los que enfatizan sus apoyos explícitos como los que se explayan en sus imprudentes silencios.
Por mi parte me pregunto: ¿hasta cuándo el argumento de las fuentes de trabajo nos hará rematar al mejor postor nuestra finita costa? ¿Vamos a seguir construyéndola a fuerza de excepciones? ¿Basta que un jerarca decida lo que nos conviene a todos para que leyes, planes y ciudadanos sean ignorados?
Confieso que para este décimo aniversario de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (la 18.308), tanto como frenteamplista como arquitecto mis expectativas eran muy diferentes.
- Véase Brecha, 20-VII-18.
