Un primer balance de las actuaciones de la comisión investigadora de Diputados sobre el espionaje militar en democracia, que el próximo lunes 20 recibirá los informes de las distintas bancadas, subraya que se han comprobado “hechos de apariencia delictiva” en los seguimientos, pinchazos telefónicos, vigilancias e infiltraciones cometidas por agentes de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), que desplegaron el espionaje contra personalidades, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, entre 1985 y 2005 (por mayores detalles véase separata Infiltrados, Brecha, febrero de 2017).
Esa comprobación indujo al Frente Amplio a anunciar, aun antes del debate en comisión previsto para el miércoles 29 y su posterior análisis en el plenario en setiembre, que todos los documentos y las versiones taquigráficas serán elevados a la justicia penal. La medida será acompañada por la Unidad Popular y quizás también por el Partido Independiente, que asumirá una posición después de estudiar los informes.
El fracaso de la comisión en lograr que altos oficiales que tuvieron responsabilidad en las estructuras de inteligencia concurrieran a la comisión probablemente será enmendado por la justicia, que tiene potestades para obligar a la concurrencia y al interrogatorio.
