La justificación que la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático utiliza de manera recurrente ante la falta de ambición es la no injerencia en las políticas nacionales de los países. Y este argumento se fundamenta en una visión extremadamente parcial.
Por un lado, es cierto que pedir a un país como Estados Unidos que deje de exportar petróleo, o a España que deje de quemar carbón, es una injerencia activa en las políticas nacionales. Sin embargo, lo que olvida esta restringida visión es que al no luchar contra el cambio climático condenamos a países enteros a la desaparición, la desertificación o a una sucesión de catástrofes climáticas.
Esta falta de ambición, por tanto, es también una intervención en las políticas de un Estado, y que además de tener mayor impacto que la exigencia de transitar hacia la descarbonización de la economía, viola derechos tan fundamentales como la alimentación, la salud y la vida.
Resulta inadmisible que se permita a un país cuestionar el consenso científico por intereses particulares, porque no se pueden saltar las leyes de la física. Sin embargo el resultado de la presente Cop 24 arroja cierta sombra de duda al pedir “fortalecer las bases científicas sobre el informe de 1,5 grados centígrados”, una sutil forma de contentar a algunos países que objetan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta búsqueda perpetua de un falso consenso no es nueva y ya ha salido cara en el pasado. Lo fue cuando se permitió que fueran los países los que fijaran sus propios compromisos de forma voluntaria en el acuerdo de París. Se arrinconó así el consenso científico y eso permitió un acuerdo sin herramientas capaces de obligar a los países a cumplir con sus responsabilidades pasadas, presentes y futuras.
El acuerdo de París, además, eliminó –por las presiones de los países petroleros– cualquier mención a las causas del problema climático: el uso de los combustibles fósiles y un crecimiento perpetuamente desbocado. Se trató de un acuerdo que miró para otro lado mientras los pequeños estados insulares afirmaban desde 1992 que para ellos no frenar el cambio climático supondrá su extinción.
Y hablando de mirar para otro lado, nada mejor que analizar la falta de altura de miras de muchos políticos y medios de comunicación en España, que parece que todavía no han entendido que si en la región mediterránea la temperatura sube por encima de 1,5 grados centígrados, esto puede suponer su casi completa desertificación.
Parecen más preocupados por un obsoleto concepto económico, como la productividad de las fábricas de vehículos, que nos está llevando a una crisis planetaria sin precedentes. En esta crisis el Estado español será uno de los más perjudicados, perdiendo cosas tan patrias como el aceite o el vino. Por ello es moralmente reprochable mirar a otro lado. No podemos permitir que los grandes intereses empresariales o los políticos expertos en liar discursos eviten abordar el problema y persistan con un modelo de negocios antiplanetario ya obsoleto.
En Katowice se ha llegado a un consenso para no generar conflicto ni ruptura con países como Estados Unidos, Arabia Saudita o Rusia, que repiten el argumento de la no injerencia. Y es la hora de preguntarse: ¿es este el consenso que necesitamos?
Si no somos capaces de un acuerdo que impida aumentar la temperatura global en más de 1,5 grados centígrados, esto significará que nuevamente la comunidad internacional habrá abandonado a España al sufrimiento y al dolor como ya lo hizo cuando abandonó la defensa de la democracia española mediante un comité de no intervención.
* Responsable de clima en Ecologistas en Acción, de España. Esta columna se publicó en Elsaltodiario.com. Brecha reproduce fragmentos de este texto.
