A comienzos de este mes, el pollo “regresó”a Cuba. La expresión podría parecer un burdo ejercicio de sensacionalismo, pero no lo es. En realidad, a finales de noviembre del año pasado, los paquetes de pollo congelado comenzaron a desaparecer de los anaqueles de las tiendas en todo el país; durante diciembre y enero su ausencia fue total.
Todo sucedió en el peor momento posible. Por los mismos días habían sufrido roturas los tres molinos de harina de trigo existentes en la isla, lo que puso en crisis diversas producciones alimentarias. La del pan fue la más afectada, al punto de que en muchas regiones se decidió suspender su elaboración, debido a la pésima calidad de la materia prima disponible. El panorama se completó con la aguda escasez de carne de cerdo, que venía arrastrándose desde el año precedente, que impidió a numerosas familias celebrar las tradicionales cenas de Nochebuena y Fin de Año.
En días tan difíciles, la revolución conmemoró su aniversario número 60. Santiago de Cuba, la ciudad escogida para el acto central, semejaba un oasis de “fervor revolucionario” en medio del malestar reinante en buena parte de la geografía nacional. La inquietud se hacía más profunda ante las perspectivas del futuro inmediato, que el presidente Miguel Díaz-Canel definió como “de sacrificios y mucho trabajo”. Confirmando sus palabras, en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional a finales de diciembre se preveía una reducción de más de 400 millones de dólares en las importaciones para el primer semestre de 2019 (una reducción de alrededor de 10 por ciento respecto de las ya magras partidas de 2018). Como nota al pie, vale apuntar que el gobierno cubano dedica una cuarta parte de sus divisas a la adquisición de alimentos; el mismo objetivo, dentro del presupuesto de una familia promedio, puede llegar a demandar hasta la totalidad de los ingresos mensuales… por insólito que parezca.
¿QUÉ SE VOTA ESTE DOMINGO? Más de ocho millones y medio de cubanos están convocados a las urnas este 24 de febrero, en el primer referendo constitucional organizado en el país desde 1976. Aunque a todas luces resultará virtualmente imposible igualar el masivo respaldo que por aquella época mereció la actual carta magna (97,7 por ciento de aprobación, con 98 por ciento de asistencia), en la isla son pocos quienes dudan de que el proyecto conseguirá el respaldo necesario para salir adelante.
A estas alturas del proceso, las únicas preguntas válidas parecen ser las relativas a la magnitud que alcanzará el porcentaje de votos en contra, anulados o en blanco, y si la activa campaña oficial será capaz de revertir –o, al menos, contener– la tendencia decreciente en la asistencia a los colegios. Durante los últimos procesos electorales, el primero de esos segmentos ha ido ganando seguidores, hasta englobar un pequeño pero en modo alguno despreciable 5,6 por ciento de los sufragios. En paralelo, la participación cayó a 85,6 por ciento en los comicios generales de marzo del año pasado, que a su vez marcaron un descenso de 5 por ciento respecto de la más reciente consulta de ese tipo, organizada en enero 2013.
“Doy por hecho que el proyecto tal cual está –por muchas razones; una de ellas, que no se ha podido hacer una campaña contrapuesta al voto Sí– será aprobado”, anticipó días atrás el jurista y bloguero Eloy Viera Cañive, al participar en un panel desarrollado en el centro cultural Padre Félix Varela, adscripto al arzobispado católico de La Habana. En su opinión, la atención debe centrarse, antes que en el texto en sí, en las numerosas normas que habrán de complementarlo. El proyecto “dice en más de ochenta ocasiones que la ley posterior regulará algo que debió haber dejado por lo menos claro, llano y diáfanamente enunciado. Lo que le queda a la ciudadanía activa por delante es un proceso de veeduría de las formulaciones, porque en esas se van a materializar más control o menos control, más defensa o menos defensa de la ciudadanía”.
Lograrlo no será fácil, consideró en la ocasión otro de los asistentes, el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, al recordar los estrechos márgenes en que se movió el debate constitucional dentro del Parlamento. “Es muy extraño que no haya habido en el voto nominal ni un No. Eso liquida la posibilidad de que la Asamblea Nacional represente a todos los sectores de la población, como se ha dicho hasta ahora. Para eso tendría que haber al menos un voto negativo. Todos los que voten No el 24F estarán sin representante en el órgano legislativo”.
Casi desde el comienzo de la discusión, a mediados de 2018, la nueva carta magna perdió su condición de texto jurídico para convertirse en una suerte de bandera plebiscitaria acerca de “la continuidad del socialismo”. A lo largo de sus distintas etapas (que arrancaron con el anteproyecto redactado por una comisión presidida por el propio Raúl Castro), el proceso ha sido aprovechado para que Díaz-Canel acumule respaldo popular sobre la base de una retórica inclusiva, dominada por mensajes como el de “aceptar todos los criterios”, y constantes recorridos por el interior del país, un ejercicio que Fidel y Raúl Castro postergaron en los epílogos de sus respectivos mandatos.
Más de seis meses después, lo acontecido genera visiones contrapuestas. En tanto la disidencia interna asegura por medio de Internet que grandes colectivos sociales se oponen al proyecto, las autoridades estatales dan por descontado “el éxito del referendo” o, en otras palabras, el triunfo arrollador del Sí.
De cara al 24 de febrero, la autotitulada oposición resulta poco menos que intrascendente, por su número y los continuos años de peleas entre grupos rivales, más preocupados por las asignaciones del exterior que por presentar un proyecto alternativo de país. Desde hace tiempo, su agenda se centra en amplificar cuanto hecho delictivo se produce en la isla y promover mediáticas marchas de protesta, en las que los agentes de la seguridad del Estado y los curiosos superan con creces al número de sus manifestantes.
Partiendo de esa “ausencia de rivales”, analistas progubernamentales, como el escritor y periodista Iroel Sánchez, han proyectado un escenario en el que el éxito de la propuesta se perfila como inevitable, tras la masiva asistencia a las asambleas de consulta del texto. “Entre agosto y noviembre de 2018 emanaron más de 700 mil propuestas que modificaron el 60 por ciento del proyecto. O sea que el pueblo participó directa, libre y ampliamente en un proceso inédito en muchas otras naciones”, resaltó Sánchez en una entrevista aparecida días atrás en medios españoles y replicada en su blog, La Pupila Insomne.
DE LA CALLE A LA LEY. A comienzos de semana, una “guía” difundida por el sitio digital alternativo El Toque ofreció a sus lectores 11 aspectos positivos e igual número de negativos a tener en cuenta en el momento de acudir a las urnas. Entre sus motivos para ratificar la propuesta, sobresale el reconocimiento al “sistema de derechos humanos como base de regulación” (algo inédito en la legislación local) o la reasunción de la autonomía municipal, abriendo la posibilidad a una participación más amplia y efectiva de la población en el gobierno. Desde una óptica negativa, son asumidos el monopolio político ratificado para el Partido Comunista, que lo coloca por “encima de los órganos estatales”, y la distinción hecha entre la inversión extranjera (que se promueve) y la nacional (obviada en todas las versiones del texto), lo que avala “la discriminación de lo cubano con respecto a lo extranjero”.
En diciembre, a poco de haber sido llevada a la Asamblea Nacional la versión que ahora se somete a escrutinio, el sitio digital oficialista Cubadebate publicó un amplio resumen de los planteamientos de la ciudadanía. Significativamente, sólo tres artículos (de entre 224) habían motivado 45 por ciento de las intervenciones. El primero de ellos era el que abría la puerta al matrimonio igualitario, en definitiva “diluido” en el compromiso de convocar un referendo sobre el nuevo Código de Familia dentro de dos años. Los otros dos artículos se centraban en los protocolos establecidos para la elección de un cargo hasta ahora inexistente (el de presidente de la República), y no fueron modificados.
Tampoco encontraron cabida en el documento final las más de 50 mil opiniones que demandaban establecer la obligatoriedad del trabajo, pues esa idea, resaltaron desde la comisión constituyente, “no se ajusta a los convenios internacionales firmados por nuestro gobierno”, y una larga lista de propuestas (49,9 por ciento del total) quedó fuera por haber sido consideradas “improcedentes desde el punto de vista jurídico”.
A pesar de las urgencias cotidianas, el “tema de la Constitución” se ha mantenido por meses en el espectro de intereses del cubano promedio, mas tal grado de prioridad no puede conservarse de forma indefinida. Sobre todo cuando asuntos tan vitales como la adquisición de alimentos demanda todo el tiempo y los recursos disponibles. Y menos cuando buena parte del camino por venir ya tiene trazada su hoja de ruta, cualesquiera sean las estadísticas que nos deje el domingo.
