Mientras se acercan las elecciones generales españolas, avanza el proceso judicial contra el independentismo catalán. La defensa denuncia la parcialidad de la justicia y un doble rasero que favorece, entre otros, a la ultraderecha.
A pocos días de que el Estado español elija un nuevo gobierno, continúa en el Tribunal Supremo la causa penal sobre el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Doce políticos catalanes son acusados de haber tomado parte en la organización de esa votación y en la posterior declaración unilateral de independencia.
Este martes 16, la fiscalía se opuso a conceder un eventual permiso a los dirigentes presos del partido Junts per Catalunya para que participen en la campaña de cara a los comicios del 28 de abril. Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull lideran las listas de esa formación, que, de acuerdo a las últimas encuestas, obtendría cinco diputados en el Congreso de los Diputados de España.
Brecha habló sobre este proceso judicial con Sergi Blàzquez, miembro de la asociación de juristas Drets, fundada en 2014 para “defender a la sociedad catalana de los ataques sistemáticos que sufre en forma de odio e insultos”, según se presentan a sí mismos. Blàzquez es licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona y asesor de organizaciones de la sociedad civil, como la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas.
—Sobre este juicio planea el dilema, el combate, entre la legalidad que invoca el gobierno español y la legitimidad que alega la defensa.
—Desde Drets y otras organizaciones de juristas entendemos que los catalanes tenemos toda la legitimidad: todo pueblo, toda nación tiene derecho a la autodeterminación. Si no, que se lo pregunten a las repúblicas sudamericanas o centroamericanas que conquistaron este derecho, aunque no de forma pacífica y democrática: la gran mayoría lo consiguió mediante procesos armados, violentos, revolucionarios, algo que ni discuto ni critico. Pueblos que ejercieron el derecho de autodeterminación frente a la metrópoli. La crítica habría de hacerse a quienes, habiéndose valido de este derecho, se lo niegan hoy a un pueblo que pretende lo mismo de modo pacífico. Tenemos legitimidad y también tenemos la legalidad de nuestra parte.
—Desde las instituciones españolas, sin embargo, se niega que esto sea así. Alegan que es un derecho no contemplado en la Constitución española.
—Tampoco lo estaba en el ordenamiento jurídico británico y Escocia pudo votar. Ni lo estaba en la legislación de Canadá y la reformaron para dar cabida a los referéndums de Quebec. Además, la justicia internacional ya reconoció procesos independentistas –como el de Kosovo, de forma unilateral y sin que estuviese dispuesto en la Constitución serbia– y les ha concedido validez jurídica. La legislación internacional sí que está de nuestra parte, pues reconoce el derecho a la autodeterminación. Que este no aparezca en la Constitución española es cuestión de interpretación jurídica. Sabemos que el Tribunal Constitucional, que interpreta la carta magna, se compone de miembros propuestos por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
—Desde Drets se mantiene que “no hay base jurídica” sobre la que construir las acusaciones. La respuesta de Madrid subraya que este es un “juicio penal”, que se juzgan presuntos hechos delictivos, no las ideas de los acusados.
—Es, en efecto, un juicio penal: se está aplicando el Código Penal. Pero, eso sí, se aplica de modo arbitrario contra políticos que han hecho política. De hecho, han ejercido el mandato (convocar y realizar un referéndum de autodeterminación) que les fue entregado por el pueblo en unas elecciones. Es todo un gobierno que en virtud de un mandato otorgado por las urnas, de la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña, pone en marcha un proceso democrático y pacífico, no violento, con el derecho a la autodeterminación como umbral. ¿En qué lugar del mundo se juzga y se piden 23 años de cárcel por poner urnas? Es un proceso político y hay presos políticos.
—Ustedes interpretan este mecanismo como “un uso ideológico del derecho”, ¿por qué?
—Aquí hay una tergiversación muy clara de la ley. Ejerzo la abogacía desde hace 30 años y debo decir que las prácticas jurídicas, las interpretaciones realizadas por la fiscalía, los escritos de acusación, la aplicación de la prisión preventiva a los reos y la inhabilitación que se les aplica para ejercer sus tareas políticas –aun siendo cargos electos– son hechos que nunca hemos visto en el ejercicio diario de la profesión. No hay igualdad de armas para la acusación y la defensa. Siempre que he interrogado a un testigo y he percibido una contradicción, he podido solicitar al juez, a la sala, que esa contradicción fuera contrastada con algún tipo de prueba documental, como fotografías o videos. No se entiende que esta práctica habitual no sea ahora aceptada. No se entiende que esto no se haga así cuando es muy fácil contrastar el testimonio de algunos testigos mediante el uso de fotografías. Ganaríamos mucho tiempo y daría mayor veracidad al juicio porque es muy complicado manifestar las contradicciones de los testigos al cabo de dos o tres meses, cuando se vean todos los videos juntos, de una vez. Esta es una de las quejas de las defensas. Es una vulneración de derechos que será denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
—¿Creen que este juicio sólo busca articular los elementos que conduzcan a una sentencia ya decidida?
—Aún pueden darse cambios en cuanto al tipo jurídico a aplicarse, si es rebelión o no, o el grado de participación en los hechos que cada cual tuvo. Pero lo cierto es que ya hay una condena y ahora hay que buscar su encaje; hay que fabricar el relato de los hechos para dar cabida a la sentencia. Se busca la condena como arma política de escarmiento y venganza para con quienes han tenido el valor de plantarse ante el Estado español. Las actuaciones policiales, las detenciones, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española (intervenir desde Madrid el régimen autonómico catalán), la disolución del Parlamento de Cataluña y su gobierno, y, finalmente, el empleo del Poder Judicial son los medios de los que el Estado se vale para materializar este escarmiento. Recordemos las palabras de la ex vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la aplicación del 155, durante la campaña electoral de diciembre de 2017: el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, consiguió que Esquerda Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya “no tengan líderes porque están descabezados”.
—En la construcción de todo relato es indispensable la participación de los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido el accionar de la justicia en este plano?
—Hay que recordar que entre los encausados no sólo hay dirigentes del gobierno autonómico catalán, también hay líderes de dos organizaciones civiles (Omnium Cultural y Asamblea Nacional de Cataluña) y policías, como el mayor de los Mossos d’Esquadra (policía catalana). Hay también cientos de alcaldes. Es un proceso político que quiere juzgar a todo un movimiento. Además de presos políticos, hay exiliados: dos términos, “presos políticos” y “exiliados”, que el pasado 28 de marzo la Junta Electoral española prohibió utilizar a los medios de comunicación públicos catalanes. Es increíble, pero hay una persecución ideológica incluso contra un color, el amarillo (se refiere a la prohibición del uso de lazos amarillos, símbolo independentista, en edificios públicos catalanes). Se intenta censurar al periodismo, a los medios públicos. Por otro lado, la misma Junta Electoral, responsable de estas prohibiciones, permite que candidatos de un partido político (Vox, de extrema derecha) estén presentes en el juicio, en televisión durante ocho horas, en calidad de acusación particular. Hay un doble rasero, una doble vara de medir en la Junta Electoral, que, recordemos, está compuesta por, entre otros, tres jueces del Tribunal Supremo, el mismo que encausa a los presos políticos.
—Varios medios de comunicación del Estado español presentan este proceso como un intento de salvaguardar la democracia. Por ejemplo, La Vanguardia lo comparó con el juicio por el intento de golpe de Estado del ex teniente coronel Antonio Tejero en 1981.
—Creo que este es un juicio contra la democracia y contra los derechos fundamentales de los catalanes. Además, en mi opinión, es grave equiparar un golpe de Estado, materializado por un guardia civil que entró a tiros en el Congreso de los Diputados, con un referéndum democrático, pacífico, por el derecho a la libertad y a la autodeterminación, amparado por textos como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un proceso judicial sobre la democracia, pero no por intentar violentarla, sino por ejercerla. Es algo que en Cataluña tenemos muy claro.
