En “Esa materia pendiente”, Sofía Kortysz,1 con empaque periodístico, hace afirmaciones cuyo excesivo sesgo constituye una columna de opinión, de flaqueantes datos, a favor de la pronta aprobación de la Universidad de la Educación.
Omite decir que un proyecto de creación del Instituto Universitario de la Educación (Iude), prescripto por la ley de educación, nunca se discutió en el Parlamento según su formato original. Aunque la propuesta para su estructura académica y curricular se tramitó de acuerdo con la ley de educación –y fue elaborada y aprobada por las autoridades de Anep y de Udelar– el Mec elevó un proyecto que presentaba diferencias con el informe de ambas instituciones2. En el Parlamento se cambió el nombre de la institución: de Iude a Universidad de la Educación (Uned). La diferencia no es sólo terminológica, pormenorizamos su desventurado trámite en extenso artículo de opinión.3 Kortysz confunde los proyectos, así como activamente ignora la historia y las implicancias de esa distinción.
En los documentos aprobados por Anep y Udelar se estipularon “cursos y carreras de posgrado en educación contemplando el componente disciplinario”; en el primer proyecto posterior del Ejecutivo (2012) el componente disciplinario desapareció de la definición de las carreras de posgrado a ser dictadas, que pasaron a ser “posgrado en educación”. Este menoscabo de la formación disciplinaria se agrava en el segundo proyecto presentado (2017), fracasado el primero. Así, se debilita aun más la relación entre las tareas de la Uned y el conocimiento disciplinario: si en el proyecto fracasado se establecía que los fines de la institución eran “acrecentar y promover la cultura a través de la investigación y de la extensión y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional y regional”, el siguiente agrega una palabra “acrecentar y promover espacios de investigación y extensión pedagógica, contribuyendo…”. Hay clara voluntad de separar la formación de los profesores del conocimiento de las disciplinas.
La periodista opina luego que “mientras los parlamentarios deliberan, los institutos públicos de formación siguen sin poder emitir títulos de grado ni dictar maestrías ni doctorados”. Las noticias no dicen que los parlamentarios estuviesen deliberando y los institutos de formación docente emiten títulos de grado, tal como la ley los habilita: así los llama Anep en sus documentos4 y “graduación” suele llamarse la ceremonia de egreso. En cambio, no pueden dictar cursos de posgrado; su dictado no es un derecho humano ni corporativo: sí es una actividad legalmente ordenada que impone requisitos (un cuerpo docente estable dedicado durablemente a la investigación, laboratorios, bibliotecas, etcétera). Los concursos que se están implementando por vez primera en las especialidades muestran su endeblez: cerrados a personas ajenas a la institución, destinados a blanquear –“efectivizar”– el interinato generalizado. Lejos se está de cumplir con requisitos universitarios, el primero de los cuales es concursos abiertos, con pruebas adecuadas y tribunales calificados. Además, no se está concursando por un puesto provisto de una carga horaria, sino que se concursa, siguiendo el sistema de Secundaria, para ocupar un lugar en una lista de prelación. Esto posibilitará elegir horas, en caso de que las haya (en caso de que se haya formado el grupo, de que haya presupuesto, estudiantes, licencias por enfermedad, por viajes: el caos conocido).
Luego afirma Kortysz que, para formación docente, “no tener carácter universitario limita también sus propuestas de investigación y extensión”. ¿De qué manera las limitaría? Si el carácter no universitario limita las propuestas, ¿en dónde o a quiénes les surgieron esas propuestas para las que hay limitaciones? ¿Acaso el cambio de nombre pondrá fin a las investigaciones y extensión limitadas? ¿Acaso esas limitaciones no responden a una institución con hábitos poco universitarios (inestabilidad laboral, sobrecarga, ausencia de concursos, clientelismo, concursos apañados como los en curso, relegación de los conocimientos disciplinares en pos de un conglomerado psicosociodidactizante, etcétera)? ¿Cómo hará el nuevo nombre institucional que se busca adquirir para que florezca la investigación y la extensión?
Menos que de reetiquetajes, la investigación surge de la investigación: es porque uno ya investigó que sigue investigando, es porque otros ya investigaron que uno empieza a investigar. Y la extensión cobra sentido con la enseñanza y la investigación disciplinares: si, por ejemplo, se estuviera pensando en “extender” hacia la sociedad las investigaciones en didáctica de la matemática, ¿qué ha impedido hasta ahora hacerlo?
Afirma Kortysz que el carácter no universitario dejaría a los egresados “en desventaja frente a las privadas”. El auge de las universidades privadas en el expendio de títulos de posgrados en ciencias de la educación se debe a los gobiernos posdictadura, siempre bien dispuestos hacia estas instituciones. Véase la excelente disposición del Mec frenteamplista para amparar a los trescientos cincuenta maestrandos y doctorandos en ciencias de la educación que fabrica la Universidad de la Empresa (Ude). Véase la habilitación que el Codicen frenteamplista concedió a la Universidad de Montevideo para formar profesores de filosofía, historia, literatura. Cuando las universidades privadas con ligereza acceden a posgraduar, mediante pago, a los egresados “no graduados” de formación docente… ¿serán actos filantrópicos? ¿Por qué la Anep encontrará en las universidades privadas más flexibilidad para posgraduar a sus graduados?
Continúa que en visitas a “la comisión que trata el asunto” se trasmitió la postura del Congreso Nacional: “que la Uned se cree en este período como ente autónomo de Anep” (obviamente, los entes autónomos no son de otros autónomos), y que esté integrado “al menos inicialmente” por todos los institutos y centros actuales… que son 33. Sin reparar en las dificultades organizativas y académicas que plantearía transformar en universidad una estructura desparramada en 33 cuasi partes, de tratarse de algo más que de un cambio de nombre, el artículo sigue de largo.
Dice luego que una docente de formación docente “no dudó en recordarles (a los parlamentarios) que estamos en año electoral y que todos quieren mejorar y profundizar la educación y que hoy se puede concretar”. Más que recordarles lo que difícilmente estén olvidando, es necesario no silenciar el debate sobre las transformaciones –fuera del cambio de nombre– que pueden “mejorar y profundizar la educación”. Esta es la materia pendiente, sofocada por diputados buscando votos y votantes buscando títulos universitarios.
1. Véase Brecha, 17-IV-19.
2. Véase resolución universitaria del 17 de julio de 2012, en especial el punto 12, referido a aspectos “que se apartan de las ideas desarrolladas y acordadas en el informe final de la Comisión de Implantación (del Iude)”.
3. “La cuerda dispuesta para tropezar. Los avatares de la formación docente”, Brecha, 12-V-17.
4. Por ejemplo, “Bases particulares de concurso de oposición y méritos para adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación”, Anep-Cfe, 2019.
(Nota del editor: El texto citado informa sobre la discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley que crea la Uned.)
