La ex presidenta de Chile nunca había sido cuestionada por las izquierdas y los progresismos hegemónicos a causa de sus políticas hacia el pueblo mapuche o por su alineamiento con empresarios neoliberales. Bajo sus dos mandatos presidenciales, sí fue severamente cuestionada, en cambio, por relatores especiales de derechos indígenas y órganos de las Naciones Unidas por la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche.
Ahora aparece una catarata de críticas contra Bachelet emitidas por “intelectuales” afines al progresismo, porque en su calidad de alta comisionada de la Onu para los Derechos Humanos denuncia con datos creíbles, y confirmados desde Venezuela, la violencia sistemática del régimen, que se cobra, en promedio, alrededor de 400 asesinatos extrajudiciales cada mes a manos de los aparatos de seguridad del Estado (y de grupos informales apoyados por ellos). Denuncia torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes opositores.
Buena parte de los críticos de la ex presidenta chilena –por la que no siento la menor simpatía política– callaron cuando se reprimía a los pueblos, pero ahora corren, presurosos, a defender a un Estado y a sus aparatos represivos. Lo hacen por razones geopolíticas, porque en sus cálculos mezquinos Venezuela es una pieza en la lucha contra la hegemonía estadounidense en la región y el mundo.
En rigor, no desmienten ninguna de las afirmaciones del informe presentado por Bachelet, sino que se limitan a desacreditar a la persona que lo rubrica. Si colocar al Estado por delante y por encima de la gente común organizada en movimientos es ya de por sí grave, denigrar al acusador sin responder las acusaciones remite a una historia bien conocida por las izquierdas del mundo. Es la política que utilizó José Stalin, hasta la paranoia, contra sus adversarios políticos. Miles de comunistas y millones de soviéticos cayeron en sus garras, con el silencio cómplice de la inmensa mayoría de los comunistas del resto del mundo.
Se dirá que quienes apelamos a la ética como argamasa de la política somos ingenuos incorregibles, destinados a caer bajo las balas del realismo de los enemigos. Los que eso dicen olvidan, sin embargo, que las mejores tradiciones del campo rebelde, y algunas de sus mayores creaciones, fueron devoradas por un pragmatismo ramplón que convirtió a las fuerzas del cambio en opresoras, que desacreditaron todo intento por hacer del mundo un lugar mejor.
Los desastres del estalinismo (desde la revolución española hasta Sendero Luminoso, pasando por los crímenes de Roque Dalton y la comandante Ana María en El Salvador) nunca fueron analizados a fondo por las plumas mercenarias. Todavía hay quienes defienden a un violador y genocida de nombre Daniel Ortega, siempre con la excusa del imperialismo y otras estupideces.
Estamos ante un doble recodo de la historia que habrá de cambiar el mundo para siempre. Uno, marcado a fuego por el conflicto entre naciones imperialistas (Estados Unidos, China, Rusia) para hacerse con la hegemonía mundial. Otro, transitado por las feministas y los pueblos originarios, que, con su empeño antipatriarcal y anticolonial, abren grietas profundas en la dominación.
No se puede estar con un pie en cada lado. Los que eligieron el poder estatal y la acción desde arriba serán o bien relegados por los movimientos de abajo, o bien se convertirán, como en Nicaragua y Venezuela, en sus verdugos.
