La pandemia de coronavirus y la crisis económica global representan una verdadera situación de urgencia para el país y para el mundo. Parece lógico que se tomen medidas extraordinarias y que el ritmo de la política cambie, y disparatado que el gobierno mantenga el rótulo de “urgente consideración” a las medidas que pensaba implementar hace meses, antes de que todo cambiara.
La necesidad de una ley de urgente consideración (Luc) fue planteada durante la campaña electoral por quienes ahora están en el gobierno. Este proyecto de ley incluye buena parte del programa del Partido Nacional: profundas reformas en la educación, en la justicia, en la política fiscal, en las atribuciones de la Policía y en los organismos de regulación, entre muchas otras cosas. La idea era aprobar estas disposiciones rápidamente, al inicio de la administración, mediante el mecanismo de la urgente consideración. El anteproyecto de 502 artículos entraría al Legislativo el 2 de marzo, pero su ingreso se pospuso; primero, por los desacuerdos en torno a su contenido en la coalición de gobierno, y después, porque se hizo inviable su tratamiento parlamentario por la crisis sanitaria.
URGENCIAS. La declaración de urgente consideración de un proyecto de ley es un recurso constitucional del que dispone el Poder Ejecutivo cuando por alguna razón quiere apurar el tratamiento parlamentario. Se entiende que, para que una ley amerite esta situación de excepción, tiene que darse alguna situación urgente, que dicha iniciativa enfrentaría. Nunca fue el caso de esta Luc. El mecanismo de urgencia respondía a razones estrictamente políticas: una coalición inestable –que posiblemente no llegue unida al final del mandato– tenía que tramitar con celeridad la mayor cantidad de asuntos, para reducir las concesiones que el presidente y su equipo más cercano hubieran tenido que hacer si cada tema se abordara por separado. Difícilmente hubiera una urgencia que se solucionara con la reforma del proceso penal, la importación de combustibles refinados y la elaboración de chorizos en carnicerías, todo al mismo tiempo.
El problema es que en marzo llegó una verdadera urgencia. No es necesario explayarse una vez más sobre su magnitud, pero no sólo hay una pandemia que está matando a decenas de miles de personas en el mundo, también hay una crisis económica sin precedentes desde la década del 30. Una nota del Financial Times del martes 14 se tituló “La economía global está colapsando”. Así nomás.
Parece simple: esta situación de excepción necesita acciones extraordinarias por parte del gobierno. Es defendible que ciertas medidas de excepción se justifican en una situación así. El problema es otro: es un abuso que se utilicen mecanismos de excepción para aprobar a toda velocidad la agenda legislativa del gobierno aprovechándose de la conmoción causada por la crisis. Doble abuso. Porque si ya era abusivo utilizar el mecanismo de la urgente consideración no habiendo urgencia, mucho más es usarlo si hay efectivamente una urgencia, que no tiene ninguna relación con el contenido de la ley “de urgencia”.
Más aun, porque la naturaleza de la pandemia exige una restricción del contacto social y de las aglomeraciones. Esto implica que, para tratar el proyecto, el Parlamento tendrá que hacer modificaciones reglamentarias ad hoc y que la sociedad estará parcialmente impedida de reunirse, organizarse y manifestarse para discutir tamaña propuesta de ley, en medio de una crisis social que dejó a decenas de miles de personas sin trabajo y trastocó la vida de todos. Imponer un programa de gobierno en estas condiciones es un acto de autoritarismo de parte de un joven gobierno que asumió cantando loas a la libertad.
Se trataría de un caso típico de lo que la periodista canadiense Naomi Klein llama “doctrina de shock”: el uso de una situación traumática para la población para imponer medidas que, de otra forma, generarían resistencia. Desde un punto de vista táctico, el gobierno puede ver esto como una buena jugada, pero no necesariamente lo es si se mira más hacia adelante. Para empezar, porque no es descabellado pensar que en el correr de los plazos en los que la Luc estaría en el Parlamento será necesario legislar asuntos realmente urgentes, con una cámara legislativa sobrecargada por 502 artículos que abarcan los temas más diversos. Eso, sin contar que el mecanismo de la urgente consideración no va a poder usarse para eventuales verdaderas urgencias.
Para seguir, todos sabemos que el gobierno deberá tomar medidas difíciles que requerirán de amplios apoyos. Y, justamente, esos son los apoyos que el gobierno está dinamitando. Aprovechar la crisis para imponer su programa ideológico va a tener un efecto polarizador. El gobierno, a pesar de su retórica de unidad nacional, está actuando como si no le interesara llegar a acuerdos, como demuestra la negativa de la cadena nacional que el PIT-CNT solicitó para el Primero de Mayo al no ser posible el tradicional acto. Es esperable que el ambiente se caldee cada vez más y que la situación sea cada vez más tensa y conflictiva en la medida que se vaya sintiendo el peso de la crisis. No es nada evidente que un oficialismo que tenga que administrar una situación así tenga las de ganar, y seguramente sería sabio de su parte no volar los puentes demasiado rápido.
EL FONDO. Pero hay un problema aun mayor, que tiene que ver con el contenido más que con la forma y la oportunidad. La crisis económica está forzando a los gobiernos de todo el mundo –incluidos los neoliberales– a desplegar paquetes de medidas sin precedentes. Enormes gastos sociales, apoyos a las empresas, nacionalizaciones de sectores enteros de la economía, políticas monetarias expansivas y formas de sacarse de encima o pasar por el costado de las reglas fiscales. Aquí, mientras tanto, estamos a punto de crear… una regla fiscal. Esto muestra un peligroso alejamiento de la realidad por parte del gobierno. La obstinación por mantener su programa, al parecer le impide ver que no va a poder hacer lo que quiere hacer y que, tarde o temprano, va a tener que poner impuestos, sostener económicamente a la población y hacer intervenciones políticas profundas en la economía, por más que vaya contra sus instintos ideológicos más profundos.
En el último mes, la situación cambió radicalmente en todo el mundo. El tiempo que viene es incierto e insólito, y lo peor que le puede pasar al país es tener un gobierno que se tape los ojos y avance como una aplanadora con un programa diseñado para el mundo anterior. Quizás todavía está a tiempo de pensarlo mejor.
