Hace unos días, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, publicó un hilo de tuits con 26 razones por las cuales la Ley de Urgente Consideración (LUC), compendio de poco menos de cuarenta leyes sobre diferentes temas aprobado recientemente por el Parlamento, es «Popular, Justa y Necesaria» (mayúsculas: sic). A primera vista parece curioso que el mandatario deba fundamentar una afirmación así, más aún tan detalladamente, porque ningún Parlamento que se precie (y el nuestro siempre se ha preciado) debería aprobar leyes que no fueran populares, justas y necesarias. Quizá, que el mandatario salga a demostrar que la LUC sí lo es se deba a que casi la mitad del país (incluido quien esto escribe) piensa exactamente lo contrario.
A mí, sinceramente, se me escapa una cantidad de cosas contenidas en la LUC, como seguramente les debe pasar a muchos de los legisladores que la votaron (y también a otros que no la votaron). Justamente porque es muy difícil, desde que Sócrates dejó de estar entre nosotros, que alguien pueda abarcar, comprender y opinar sobre una panoplia de esas dimensiones. Por algo la Constitución prohíbe al Ejecutivo enviar más de una LUC por vez, prohibición que el actual gobierno eludió engrampando casi cuarenta en un solo repartido.
Por eso, por esa incomprensión mía de tanto tema diverso, quizá habría recibido el hilo con más benevolencia si no hubiera sido porque la primera puntada, ¡justo la primera puntada!, tiene que ver con un tema que sí conozco y sobre el que ya he escrito en Brecha: las medidas sobre vivienda y, en particular, el nuevo sistema de arrendamientos, que introduce los desalojos y los lanzamientos exprés, y que para el mandatario «resuelve el problema de aquellos que necesitan alquilar su vivienda y no consiguen una garantía».
No es que el doctor Lacalle no esté diciendo la verdad, sino que sólo predica la mitad de la misa, porque la solución que ofrece la LUC no es proporcionar ni facilitar esa garantía, sino directamente suprimirla, lo que sería el colmo de la felicidad para los inquilinos si no viniera de la mano de que si por cualquier causa se atrasa tres días en el pago de la renta, se transforma en moroso y en menos de 15 días puede quedar en la calle.
Si esta es la primera prueba de lo popular, justa y necesaria que es esta LUC, permítanme desconfiar de las otras 25. Es curioso también que, en un hilo tan largo, Lacalle no gaste un par de teclazos en fundamentar por qué son urgentes estas medidas (algunas de las cuales son un saludo a la bandera hasta que el presupuesto ponga los recursos necesarios; si los pone, porque hasta la mano viene de sacar).
Puesto en duda el tema de la justicia y siendo indemostrable la impronta popular de la LUC, porque la enorme mayoría de las medidas votadas no responde a reclamos populares y las que responden en cuanto a la temática no lo hacen en relación con las soluciones planteadas, nos queda por dilucidar lo de la necesidad. Y ahí también surgen dudas: ¿necesidad para quién?, ¿quién, por ejemplo, necesita hacer pagos de hasta 100 mil dólares en efectivo? Sería bueno saberlo, y multiplicado por 26.
Quizá el padre del doctor Lacalle –otro doctor Lacalle– perdió las elecciones de 2009 cuando dijo que ya tenía la motosierra pronta para talar todo lo que había hecho el Frente Amplio en su primer gobierno. La motosierra estuvo guardada en el galponcito de la casa familiar, y ahora es el hijo el que la empuña. Ya vino la LUC, en la puerta está la Ley de Medios y atrás vendrán las empresas públicas, esa joya de la corona que ya le fue esquiva al padre. Como decía el eslogan de la fórmula ganadora: «Es ahora». Sólo que no estaba demasiado claro qué y ahora ya lo está.
¿Qué hacer frente a esta amenaza de vuelta a un pasado muy duro para los sectores populares? Hay quienes plantean que no están dadas las condiciones para defenderse con el arma del referendo para derogar los contenidos regresivos de la LUC, que retornaría la decisión a la fuente de la soberanía y que tan útil fue en los noventa. Y puede ser cierto, sobre todo por la desmovilización que causó, entre otras cosas, la forma como se enfrentó la pandemia. Pero las condiciones no se crean por decreto, sino informando y concientizando, y ya hemos pasado por experiencias en las cuales lo que no estaba dado al principio se dio después porque se trabajó para que se diera. Si nos sentamos en la vereda a tomar el fresco y esperar que pase el cadáver del enemigo, lo más probable es que nos muramos nosotros primero. De aburrimiento.
Repasemos la historia de los referendos de los noventa, que nos puede enseñar mucho. El aventurerismo es un mal consejero, pero el miedo a la derrota también, y no debe olvidarse que la única batalla que realmente se pierde es la que se abandona. ¿Esperar cinco años para que el gobierno se desgaste, cambien las mayorías y en marzo de 2025 presentemos una contra-LUC para poder desandar lo desandado ahora y avanzar más aún? Habría tanta cosa para corregir que ese proyecto sería tan vasto y anticonstitucional como este, y además las verdaderas urgencias de la gente no admiten esa dilación.
Las elecciones departamentales y municipales, un importante hecho político para el que falta ya poco más de dos meses, tampoco son una excusa para la inacción, sino todo lo contrario: una oportunidad. Porque, al tiempo que se ponen en evidencia los contenidos regresivos que traerán la LUC y mañana los otros proyectos en carpeta, se muestra qué peligroso sería que tuviéramos en cada departamento una reproducción de esta coalición multicolor, que viene a parar el reloj de la historia.
Cuando la oligarquía y los grupos de poder se apoderan de la democracia representativa, es la hora de la democracia directa, y hay pocas formas de que esta se exprese mejor que en un referendo. Después de las elecciones de setiembre quedarán nueve meses para trabajar, ya con las cartas sobre la mesa y boca arriba. Pero hay que planteárselo desde ahora.
Devolvámosle la palabra al pueblo. El sentido es otro, pero esto también «es ahora».
