La guerra de nunca acabar

Semanas atrás el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton confesó que el Plan Colombia, que arropó con el ex presidente colombiano Andrés Pastrana hace 11 años, fue un fracaso. Desde entonces ambos países destinaron 8.500 millones de dólares para pelear la batalla contra el narcotráfico, que contó con los mayores recursos económicos y militares en todo el hemisferio. El Estado colombiano echó mano a los impuestos, los préstamos internacionales y las privatizaciones para financiar las obras de ingeniería militar. A punta de fusil retrocedería la indisciplina de cárteles, guerrillas, paramilitares y la corrupción, desde La Guajira hasta el trapecio amazónico, pasando por el Cauca. Pero no fue así, no erradicaron la mitad de los cultivos que el ex presidente Álvaro Uribe había prometido en 2006.

APUNTEN. A principios de diciembre el consejero de Seguridad de Estados Unidos Dennis McDonough se reunió en Bogotá con el general León Riaño, director de la policía nacional colombiana. El gendarme suda­mericano quiso saber cómo era eso de que en el país del norte hubiera estados que habilitaban el consumo recreacional de marihuana “mientras aquí todavía ponemos muertos en la lucha contra el narcotráfico”. Riaño confirmó al matutino bogotano El Tiempo el recorte presupuestal para el Plan Colombia a 400 millones de dólares para 2013. Es que la administración de Barack Obama dedicará 15 por ciento menos que este año a guerrear contra los que producen y mueven drogas en las parcelas productoras, que se multiplicaron y se fortalecieron, sobre todo en las fronteras, desde el inicio del Plan Colombia. La estrategia contra la producción de drogas estaba diseñada para culminar a los seis años… La respuesta de los viejos cárteles fue la diversificación, la atomización y la conquista de nuevos territorios, no sólo para la producción destinada a la exportación sino para el consumo interno. El negocio se dislocó y también las zonas de producción se difuminaron entre las sombras de valles, montañas, guerrillas, paramilitares y las redes de la ciudad. Después de que fumigaran con glifosato las plantaciones de cannabis y coca, durante los primeros años de la década de 2000 aparecieron seriamente en Colombia el opio, el ácido lisérgico y las drogas de diseño, que llegan a las calles a precio de outlet. La góndola local también se expandió y se diversificó. Entre los estudiantes de educación media los usuarios de cocaína aumentaron 75 por ciento entre 2008 y 2012 por la sobreoferta que ocasionó el Plan Colombia. En 1976 Colombia producía unas 12 toneladas de clorhidrato de cocaína, que mayoritariamente iban a parar a Estados Unidos; hoy obtiene aproximadamente 600 toneladas, que se siguen esnifando en Nueva York, Los Ángeles o Seattle y también en las calles colombianas, sobre todo las de los circuitos turísticos, que son una botica a cielo abierto. Los psicoactivos son baratos y de gran calidad para un viajante acostumbrado al sobreprecio y timado por los cortes que la cadena de distribución le imprime al ácido lisérgico, el cannabis, la cocaína y los derivados del opio. El menudeo tiene el visto bueno, o por lo menos la vista gorda, de las policías.

Mientras, las selvas que protegen las 70 mil hectáreas de cultivos ilícitos se desangran contra molinos de viento. La hoja de coca se planta en varias fincas que hace diez años se dedicaban a otras aventuras. Una de las promesas del Plan Colombia para los campesinos era la reconversión de su fuerza laboral.

Guillermo García Miranda, jefe del Programa de Desarrollo Alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, aunque no admitió el fracaso de su buró, reconoció otro, a medias tintas. Ante la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas celebrada a principio de diciembre en Bogotá, el funcionario pidió “explorar alternativas a las penas de prisión para los usuarios”, y mitigar las consecuencias de la “policialización” y la medicalización del fenómeno drogas atendiendo a la inclusión social “sustentada en evidencia científica” . Algo impensable apenas dos años atrás.

Algunos países de América Latina parecen dar la pelea para reformar en cierta medida las políticas sobre drogas. Los beneficios de la lucha ya no son parciales. Simplemente no aparecen. Si bien la producción de cocaína en Colombia disminuyó desde el desembarco del Plan Colombia, la de Perú aumentó. En Colombia los niveles de violencia derivados del enfrentamiento no son tan duros como diez años atrás, pero el llamado efecto globo del Plan y el despliegue bélico caribeño hicieron que los grupos de narcotraficantes salpicaran de barbaridades toda Centroamérica.

FUEGO. Cuando se cerró el paso por el Caribe, abierto desde los setenta para abastecer al mercado estadounidense, la ruta se pavimentó en México. Hasta entonces los colombianos controlaban el negocio, es decir los contactos en Estados Unidos, la producción y la logística. Los mexicanos proveían servicios y cobraban sus comisiones para pasar las drogas. Pero las cosas cambiaron por siempre para paisas, guajiros y bogotanos desde que Amadeo Carrillo Flores, más conocido como el “Señor de los Cielos” por su amplia flota aérea al servicio de las drogas que viajaban por el Caribe de sur a norte, cambió las condiciones del juego. Flores pidió a los colombianos que no le pagaran con dinero sino con drogas. Los narcos colombianos construyeron bodegas para almacenar las drogas, protegidas con estructuras armadas. La sobreoferta mexicana creció en las calles y la lógica territorial militarizó los grupos criminales en barrios, pueblos y guetos citadinos.

Otro de los personajes clave en la mutación del narcotráfico fue el mexicano Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo. Cárdenas reclutó a ex militares de elite que luego se autonomizarían y constituirían el núcleo duro de Los Zetas. El modelo operativo fue funcional y se multiplicó. Nacieron en México, y de a poco caminaron el resto de Centroamérica, grupos altamente sofisticados que manejan arsenales de guerra modernos. El problema cambió de escala. El signo mutó también con la instalación de colombianos en varios puntos de América Central. Nacieron Los Pelones, Los Negros y otras estructuras parecidas a las bandas paramilitares de los setenta, financiadas entonces sin tapujos por la CIA, como lo hacía también con los movimientos de contras en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los ejércitos recibían pagos de los narcos para solventar sus costos.

La reconstrucción de los países que sufrieron los conflictos armados de los ochenta y noventa es harto complicada ahora por el fenómeno narco. El sistema judicial y la policía no están sometidos a ningún estímulo oficial, sino al descrédito popular de la carrera pública, pero sobre todo a la ley del plomo o la plata. Los partidos políticos reciben también las dádivas del narco. Las elites, que nunca fueron amigas de la democracia, acostumbradas a “luchar contra el marxismo” comprando seguridad, ahora la obtienen del poder armado de turno, el del crimen organizado, que también sabe frenar las demandas sociales y políticas si fuera el caso.

El negocio representa ganancias de 60.000 millones de dólares para los grupos centroamericanos que proveen a Estados Unidos el 90 por ciento de su cocaína. En Guatemala su lucro es de unos 6.000 millones de dólares, más del 10 por ciento de lo que el país produce. En la última década los asesinatos en Guatemala se triplicaron y a casi la mitad de esas víctimas se las relaciona de una u otra manera con el mundo del tráfico ilícito de drogas.

El fenómeno de la alta demanda fue acompañado por la creciente oferta de Perú, uno de los principales productores de clorhidrato de cocaína. Y también de Brasil, que después de diez años de éxitos económicos pide más pasta base en sus “cracolandias”. En Perú, el abogado Ricardo Soberón, integrante del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos y ex responsable de la agencia gubernamental antidrogas Devida, recordó que se está gestando un corredor geográfico para el tráfico ilícito en dos vías: una por el río Putumayo y el trapecio amazónico que comunica Colombia, Brasil y Perú a través de las ciudades brasileñas de Tabatinga, Manaus y Belen do Pará con Europa; la otra, saliendo de las selvas peruanas y bolivianas, se dirige directamente a las cracolandias brasileñas que demandan crack.

De las 1.100 toneladas de cocaína que se producen en el mundo, 600 son incautadas por las policías nacionales y 500 llegan a destino, aunque multiplicadas porque las drogas “se estiran” mediante la adición de sustancias ajenas que multiplica la cantidad por dos y hasta tres. “Todos los esfuerzos policiales se subsanan con un simple corte a las 500 toneladas y se llega a las 1.500 en centros de consumo. El quilo de clorhidrato de cocaína en una chacra en el Valle del río Apurimac y Ene (VRAE, zonas de cultivo, refinación de sustancias y conflictos armados) cuesta 1.100 dólares. Al salir de la frontera de Perú llega a 5 mil o 6 mil dólares y en los centros de consumo puede costar de 25 a 28 mil”, explicó Soberón en la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

ARDE MÉXICO. En 2006 Vicente Fox le declaró la guerra a los cárteles y México se incendió de la violencia más extrema que se recuerde. En 2008 el país implementó un rígido control sobre su frontera aérea sur, las aeronaves latinoamericanas debían ser sometidas a revisación rigurosa. Para evitar el control los vuelos clandestinos aterrizan y despegan en la costa atlántica de Honduras y del norte guatemalteco. En estos territorios, sobre todo rurales y con fuerte presencia indígena, los grupos organizados alrededor de varias actividades ilícitas obtuvieron el control del tráfico de drogas y se potenciaron.

En Honduras algunos cárteles mexicanos, principalmente Los Zetas, pactaron alianzas territoriales con las maras (pandillas) locales, que empezaron a disponer de dinero contante y sonante en grandes cantidades. Entre 1996 y 2008 el número de efectivos de las fuerzas armadas se redujo a la mitad por el proceso de paz, una circunstancia que llevó a que hubiera disponible una mano de obra barata que pasó a dedicarse al tráfico ilícito de sustancias. La presencia del Estado, que ya era casi nula, terminó de brillar por su ausencia en varias localidades rurales, la justicia, la economía y hasta la resolución de los conflictos del hogar o la comunidad pasaron a ser dirimidos por las organizaciones narcos, y las poblaciones acatan. La baja de homicidios que se registra en algunos países centroamericanos en los últimos años, al parecer, obedece a que la lógica narco se instaló en los territorios conquistados después de la disputa y de alguna manera los “pacificó”, proveyendo bienes y servicios de los que el Estado no dispone en amplias zonas alejadas de las ciudades. “El bienestar del narco es una seguridad que depende de tu libertad. Si vives allí el narco es la ley y concentra los poderes del Estado, una mala mirada te puede costar la vida. (…) Donde los narcos tienen el control probablemente no haya altas tasas de homicidios porque ellos controlan el territorio”, graficó a Brecha Edgar Gutiérrez, embajador especial de Guatemala ante la OEA para la Reforma de Drogas.

En los últimos tres años México registró una caída importante de homicidios. Bajó la violencia de corte tradicional, intrafamiliar, la generada por los conflictos por tierras e intercomunitaria. Pero además el Estado intervino. “Hubo un desmantelamiento agresivo de las organizaciones criminales. De sus 37 cabecillas, 25 fueron capturados. Esto llevó a dos fenómenos: la fragmentación de elementos criminales, su expansión geográfica y una diversificación criminal donde el narco provee la infraestructura para el delito y esa red se usa para el robo o el secuestro”, explicó a Brecha el mexicano Alejandro Hope, director general de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad. Los tentáculos de las redes se expanden por toda Centroamérica. “En Guatemala han llegado a matar a choferes del transporte público por la microextorsión”, se lamenta.

“En El Salvador el Estado construyó una tregua entre las maras Calle 18 y la Salvatrucha (véase Brecha 17-VIII-12). Los homicidios bajaron 60 por ciento. Además, resolvieron que en las escuelas no reclutarán más maras, lo que habla de que hay maneras de mitigar la violencia. Hay cosas que sí se pueden hacer desde lo local atendiendo las peculiaridades”, reafirmó Hope. “Si queremos una política decente, sana, de convivencia social, tenemos que plantear como eje fundamental un cambio de políticas de drogas en el continente. No saldremos de la violencia en América si no somos capaces de dejar de matarnos los unos a los otros”, explicó el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

La ausencia de previsión en cuanto a la forma en que el crimen organizado y el narcotráfico responderán después de las repetidas intervenciones armadas, desde México a Jamaica, de Colombia a Perú, es lo que en buena medida discuten hoy los gobiernos de México, Colombia, Guatemala y Belice.

Lo que empezó como una caza de brujas hace 40 años no ha hecho más que precipitar las violencias, potenciar a los grupos armados por todo el continente y pisotear los derechos de usuarios y cultivadores. Mientras Estados Unidos regula más y más su mercado, el continente americano pide alternativas a las rígidas convenciones que desde su aprobación (1961, 1971 y 1988) no han hecho otra cosa que empeorar los problemas. Las Naciones Unidas, a pedido de Guatemala, Colombia y México, estudiarán estos asuntos en 2016, un tiempo de esos que no se ajustan a las urgencias de la población, pero las cosas, al parecer, van pasando.