Los ediles de los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Maldonado se aumentaron un 28,3 por ciento las polémicas partidas que perciben desde el comienzo de la actual legislatura «para el mejor cumplimiento de sus fines». La resolución, retroactiva al 1 de octubre, fue acordada entre el presidente blanco Adolfo Varela y la Comisión de Asuntos Internos, integrada por los coordinadores del Partido Nacional (PN), el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC). Además del citado aumento, la resolución, a la que accedió Brecha, indica que el monto se ajustará semestralmente por el índice de precios del consumo (IPC) en enero y julio de cada año. También recategoriza a los beneficiarios del dinero: hasta ahora, los montos se entregaban a los sublemas, que luego repartían el dinero entre sus diferentes sectores; pero si por algún motivo un sector se declaraba independiente, quedaba expuesto a no cobrar la partida. La nueva disposición adecua el concepto de sector y elimina tal riesgo, garantizando que todos los ediles –independientemente de su pertenencia a un sublema– accedan al beneficio.
Aunque ya tiene varias semanas, la resolución no fue comunicada al plenario en los habituales boletines administrativos ni ha sido publicada en el portal web de la Junta, como establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Tampoco hay versiones taquigráficas sobre cómo se discutió el tema en la Comisión de Asuntos Internos, confirmaron varios ediles a Brecha. El secretismo se entiende: el incremento se produce mientras miles de trabajadores están desocupados o con salarios reducidos, y reina la incertidumbre sobre cómo impactará la magra temporada turística –principal motor de la economía departamental– en las alicaídas arcas de la Intendencia de Maldonado, que provee los recursos presupuestales.1
MILLONES OBSERVADOS
Al cierre de la actual legislatura los sectores blancos, colorados y frenteamplistas con ediles titulares o suplentes en la Junta se habrán embolsado más de 76 millones de pesos (casi 1,8 millones de dólares), que escalaron año a año de la siguiente manera: 4.683.000 pesos en 2015, 11.129.155 correspondientes a 2016, 13.285.980 durante el ejercicio 2017, 14.220.202 en 2018, 15:624.000 en 2019 y 17:072.196 estimados para 2020, según informes del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) relevados por Brecha. Este organismo emitió una decena de observaciones al gasto, en el entendido de que contraviene los artículos 86, 211 y 295 de la Constitución, y de que no se ajusta al régimen de reintegro y control de partidas que el propio TCR aprobó en diciembre de 2010. La observación más reciente salió el 5 febrero sobre el gasto estimado para el ejercicio 2020, que será atendido con recursos del rubro presupuestal 299 («otros servicios no personales»).
El presidente de la Junta argumentó a Brecha que el incremento aprobado busca compensar los ajustes por IPC que no se cumplieron en estos años, como estableció la resolución 292. Sostuvo que la medida no implica un aumento del gasto del actual legislativo, ya que los fondos se obtendrán de los «ahorros» que generó en otras áreas durante su gestión. Como los sectores no están obligados a rendir cuentas sobre el destino del dinero que reciben, Varela dijo que desconoce si se usa para mejorar el desempeño de las bancadas –presunto motivo de sus correligionarios blancos para crear el mecanismo en 2015–, si se utiliza a modo de «pago» a titulares y suplentes,o si resulta otra vía para financiar a los partidos, como surge de las declaraciones públicas de varios legisladores en estos años. «No me consta que eso ocurra», insistió el presidente, para quien no caben cuestionamientos éticos ni jurídicos al asunto.
El coordinador de la bancada frenteamplista, Leonardo Delgado (lista 738), admitió a Brecha que «algunos sectores les dan viáticos a los ediles y otros lo usan para alquilar locales u otros fines». No existe un monto específico por edil, sino que se atribuyen «65 mil pesos por línea de ediles», acotó. Esto parece reafirmar que las partidas tienen carácter remuneratorio o contribuyen al financiamiento de los partidos, y que los ediles se aprobaron un beneficio para sí o para los sectores que integran, como concluyeron la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la organización anticorrupción Uruguay Transparente en 2018. Ese año emitieron sendos informes para denunciar la inconstitucionalidad y la ilegitimidad del mecanismo, además de la falta ética.2 Sin embargo, todo cayó en saco roto. La Asamblea General, que tiene potestades constitucionales de control sobre las juntas departamentales (artículo 85), nunca consideró el informe de la JUTEP ni las observaciones del TCR. Lo mismo ocurrió dentro del sistema político: el año pasado dirigentes de la mesa nacional del FA y del ejecutivo colorado manifestaron a Brecha su voluntad de analizar el asunto, pero jamás lo hicieron.3 Tampoco hubo planteos de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, así que el sistema quedó firme y los sucesivos presidentes blancos del legislativo reiteraron el gasto una y otra vez, con el aval de los coordinadores de las tres bancadas, sin que esto trascendiera a la opinión pública. Sin embargo, no es un asunto laudado.
ENTUERTO JUDICIAL
Desde mayo de 2019 el fiscal penal de tercer turno de Maldonado, Schubert Velázquez, tiene en su despacho una denuncia planteada en 2018 por el exmilitante colorado Germán Bonilla. El magistrado debe determinar si cabe imputar algún delito a los ediles que aprobaron las partidas en 2015. Fuentes del caso señalaron a Brecha que las actuaciones –retrasadas debido al intenso trabajo en la fiscalía, la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y la campaña electoral– se retomarán en estos días. Por ahora, el expediente está conformado por las observaciones del TCR, los informes de la JUTEP y de Uruguay Transparente, artículos de medios de comunicación digitales e impresos, versiones taquigráficas e informes jurídicos de la Junta.
Solamente el denunciante prestó declaraciones ante el fiscal, que tiene citaciones y actuaciones pendientes para determinar el destino de los fondos percibidos por los diferentes sectores. Tampoco se descarta que Velázquez solicite un informe a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para complementar dos informes jurídicos contratados por la Junta con el doctor Gonzalo Aguirre, por un lado, y con Carlos Delpiazzo, Gonzalo Fernández y Álvaro Garcé, por otro. Todos se expidieron a favor de la legitimidad de las partidas.4
El fiscal apunta a definir si los ediles cometieron una arbitrariedad en perjuicio de la administración al aprobar partidas para sí o para sus sectores y si cabe atribuir a esa conducta un delito de «abuso de funciones en los casos no previstos especialmente por la ley». Las fuentes añadieron que el magistrado pretende expedirse antes de que finalice esta legislatura, pese a las diligencias pendientes y a las dificultades para determinar un delito sobre cuya naturaleza existen varias doctrinas jurídicas.
1. Véase «Toca bajar la manteca del techo», Brecha, 16-X-20.
2. Véase «Olímpicos», Brecha, 2-XI-18.
3. Véase «Tomar distancia», Brecha, 9-XI-18.
4. Véase «Cada cual atiende su juego», Brecha, 2-VIII-19.
