Demoliendo humedales

A dos semanas de que el país se dispusiera a elegir a los nuevos intendentes, circuló con cierta fugacidad una noticia importante. El Ministerio de Ambiente (MA), ya en manos del nuevo gobierno, había intimado a la Intendencia de Maldonado (IDM) a detener los vertidos en una zona que forma parte de uno de los humedales más grandes del país. La administración de Enrique Antía, además, estaba incurriendo en una infracción «pasible» de ser sancionada con una multa de 1.000 unidades reajustables –unos 45 mil dólares–. La sanción no representa demasiado respecto de la torta presupuestal de una de las comunas más pudientes del territorio y, de hecho, está en el rango de las más leves, pero le dio un nuevo impulso a un conflicto territorial de larga data. La noticia se conoció gracias a la acción de la Agrupación Vecinal por el Arroyo Maldonado, una de las organizaciones más activas en las denuncias desde fines del año pasado, que logró acceder al expediente del MA mediante un pedido de acceso a la información pública.

La situación registrada por los inspectores del MA el 20 de marzo es desoladora no solo por la descripción labrada en el acta, sino por la impunidad subyacente: el principal contaminante aquí es el organismo público departamental que debe proteger los ecosistemas, fiscalizar los vertidos de desechos y también educar ambientalmente a los ciudadanos. A modo de resumen: los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) encontraron que el panorama era aún peor que el encontrado en febrero de este año, cuando habían realizado una primera actuación bajo el gobierno anterior: «Dado que la situación persiste, continúan vertiéndose varios tipos de residuos y se ha agravado en cuanto la superficie ocupada por residuos es mayor, incluso una laguna ha sido completamente tapada, el Departamento de Control de Industrias, Servicios y Saneamiento ratifica que el vertido de residuos en este sitio es inadmisible, dado que implica una afectación directa al humedal, comprometiendo la calidad del suelo, el agua y la biodiversidad asociada a un ecosistema de relevancia ecológica». Se volvió a constatar que las lagunas del castigado humedal, antes destinadas a los depósitos de las barométricas, continuaban siendo rellenadas con escombros y «restos de plástico, chatarra, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, caños, bolsas plásticas e incluso residuos de gran volumen como calefones». Aquel 5 de febrero, el equipo técnico del MA ya había propuesto en el informe elevado a sus autoridades políticas la necesidad de intimar a la comuna a detener la descarga y restaurar el área, pero nada de eso pasó, en parte por la actitud complaciente de las exautoridades y el extitular de la Dinacea, Eduardo Andrés, quienes se limitaron a transmitir sugerencias y no siguieron con el proceso tendiente a la aplicación de la multa (La Diaria, 13-II-24). Cuando los servicios del MA volvieron al lugar, en marzo, la cosa estaba peor. Los inspectores se toparon con la práctica frente a sus narices: «El acceso al sitio se encuentra habilitado, ingresaron tres camiones y en el predio se encontró una máquina bulldozer».

También en el segundo mes del año, tanto la Dinacea como la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) habían conminado a la IDM a efectuar un proceso de restauración pasiva, es decir, a recomponer el predio mediante el control de las presiones que provocaron su degradación, a fin de que el humedal se recupere por sí mismo. Además, la comuna debía haber comenzado a desobstruir los taludes para «habilitar la conexión y el flujo de agua entre el sistema de lagunas y el humedal», y relevar las formaciones vegetales presentes para después, cada seis meses, monitorear el proceso de sucesión ecológica.

Pero fue luego de la fuerte intimación del 26 de marzo que la IDM presentó su «plan de restauración del padrón número 2.572». En este último documento remitido el 8 de abril a la autoridad ambiental, al que Brecha accedió, la intendencia alega que «comprende» y «defiende» la relevancia ecológica de los humedales, lo cual resulta sugestivo cuando el aún intendente Antía sigue enunciando en torno al predio una frase que ya suena antológica: «Eso no es un humedal». El argumento ensayado en los descargos es que la situación antes era peor, porque las «excretas» del asentamiento Kennedy iban a parar al arroyo. No tuvo mejor idea el intendente que depositar los desechos del asentamiento realojado directamente en esa zona del humedal, convenientemente cercana a la demolición. O sea: en las mismas piletas de oxidación que aduce haber cerrado en 2016, con el fin de proteger la zona que «defiende».

Los técnicos del MA han respondido en la intimación que estos rellenos artificiales no pueden considerarse «en ningún modo» parte del plan de cierre y exhortan a la intendencia a limpiar la laguna parcialmente rellena (pileta B), algo que ya no puede hacerse con la que está sellada, puesto que la afectación sería ahora mayor.

Hasta el momento en que se escribían las últimas líneas de esta nota, el lugar estaba incambiado. A casi tres meses de la última inspección, los camiones municipales ya no ingresan al predio, pero en la bucólica espera burocrática la comuna no ha limpiado lo que sigue desperdigado. Finalmente, Brecha pudo saber que, en esta semana, el titular de la Dinacea, Alejandro Nario, firmó la ratificación de la multa y el aval para el plan de recomposición presentado por la IDM, aunque con algunas observaciones. El MA sigue emplazando a la comuna a recuperar gradualmente la pileta B (la intendencia pretendía solo nivelarla, porque extraer «el tercio» enterrado implica «hacer un gasto»), retirar todos los residuos electrónicos peligrosos y enviar registros fotográficos de la disposición final. Sin embargo, la Dinabise planteó «desestimar» el proyecto de parque de la comuna «en el entendido de que su diseño no se encuentra alineado con las acciones de restauración del ecosistema solicitadas» y podría generar impactos no deseados, como la introducción de especies exóticas. Al expediente le resta todavía la firma del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño –que avalaría la decisión de las direcciones–, y será después de la notificación que la comuna comenzaría a revertir el daño.

UNA HISTORIA DE DESIDIA

Recién después del recordatorio de la multa enviada por las nuevas autoridades es que la comuna presentó su plan de recuperación, en el que se compromete a realizar la reconexión hidráulica del humedal, monitorear la calidad del agua (el MA la intima a hacerlo bajo seis parámetros y cada dos meses), relevar la vegetación y colocar cartelería educativa. Aunque anunció la instalación, al cabo de seis meses, de un «parque» para llevar adelante actividades ecoturísticas, para nada se trata de un plan de manejo integrado de un ecosistema que goza de un estatus de protección de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) –plan que está pendiente desde hace una década–. La IDM anuncia algo similar a lo que hizo con el predio del exasentamiento El Placer –ciclovías, miradores de madera, cartelería–, pero no se vislumbra el diseño de un instrumento de protección ambicioso para todo el humedal, con participación académica y ciudadana, similar al que comenzaba a esbozarse en 2015, con fuerte participación del Centro Universitario Regional del Este (CURE), de la Universidad de la República.

Fue en ese año que la Junta Departamental de Maldonado, en el último semestre de la administración de Óscar de los Santos (en esa fecha, ya a cargo de Susana Hernández), aprobó un decreto –el 3.931– que declaró unas 830 hectáreas como «reserva departamental» y Ecoparque Metropolitano del Humedal del Arroyo Maldonado. A partir del regreso de Antía, el proyecto pasó alfreezer y nunca se avanzó en un plan de manejo profundo y zonificado. El arroyo Maldonado recorre el departamento de norte a sur, conformando un humedal lineal de 25 quilómetros, pero uno de los tramos de mayor relevancia es el que está próximo a la desembocadura, que conforma el humedal salino más extenso de Uruguay.

PRESIONES PRIVADAS Y CONFLICTO SOCIAL

Sin embargo, en esta década transcurrida, el humedal no solo no logró un mayor estatus de protección, sino que ha estado bajo constantes amenazas, cercado por la expansión de grandes proyectos inmobiliarios e inversiones privadas. La presión urbanizadora creciente era alertada hace un par de años por quien ha sido designada precisamente como directora de la Dinabise, del MA, la doctora en Ciencias Biológicas Estela Delgado. Ella es una de las autoras, en 2014, de un proyecto para el manejo del área como docente del CURE («Abordaje interdisciplinario para la gestión integrada del parque del humedal del arroyo Maldonado»). Delgado fue también una de las científicas que salieron públicamente, en 2023, a defender la importancia de estos ecosistemas frente a un proyecto para instalar una zona franca a partir de la confiscación de 20 hectáreas incluidas en el área de la reserva, con el aval del gobierno nacional. El territorio se puso en venta por unos 4 millones de dólares. «Afortunadamente no se presentó ningún interesado, pero el proyecto, que considero el hecho de mayor gravedad en todo este proceso, sigue abierto», enfatiza el profesor de Derecho Ambiental en el CURE José Sciandro. El abogado, versado en mil batallas durante los conflictos socioambientales más recientes, narra al semanario que estos vertidos son apenas una cuenta en un largo collar signado por «el ataque, el desconocimiento o el menoscabo del humedal», una zona que, aunque se omita, ya está protegida por instrumentos de la ley de ordenamiento territorial y cuyo valor ambiental es reconocido desde la década del 90.

La constante presión del capital privado –el hotel Fasano, una pista de aterrizaje para jets, la zona franca, un eventual espacio para picadas de autos– llevó a distintos colectivos de la zona a movilizarse, con los altibajos de entusiasmo que subyacen a estos conflictos. Pero la visualización de los camiones de la intendencia volcando los residuos del asentamiento Kennedy y del demolido hotel San Rafael fueron el golpe de gracia –en torno a esto, el MA describe en el expediente que fueron 3 mil las descargas–. En enero pasado, un puñado de vecinos del barrio El Tesoro armó un grupo de WhatsApp. Empezaron siendo cinco, pero llegaron a ser una asamblea de 120 personas. Nacía así la Agrupación Vecinal por el Arroyo Maldonado, que ahora funciona mensualmente y con grupos de trabajo por área.

Las organizaciones buscan proteger el humedal con todas las herramientas a su alcance. Es así que, patrocinados por un grupo de abogados y con el apoyo de distintos científicos, planean poner a prueba todos los instrumentos previstos en la ley de ordenamiento territorial. Más allá del triunfo alcanzado con la intimación del MA, que emplaza a la comuna a utilizar el predio solo como reserva ecológica departamental, siguen en curso otro tipo de acciones, como la presentación de la llamada diligencia preparatoria frente a tres organismos: la IDM, el MA y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este procedimiento permite solicitar información e intimar a los organismos para «constituir la mora en el cumplimiento de sus obligaciones», como etapa previa a la demanda propiamente dicha. Sciandro explica que ese recurso está enunciado en la propia ley de ordenamiento territorial: «Es una especie de acción popular que faculta a cualquier ciudadano a recurrir al Poder Judicial cuando no se cumple con esta ley. Es un artículo [el sexto de “derechos territoriales de las personas”, literal c] que no suele aplicarse, porque tampoco hay en Uruguay un mecanismo que facilite la participación ciudadana efectiva a través de procesos judiciales. No tenemos ninguna subvención, ni consultorio jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde estas acciones están instauradas», ilustra el jurista.

Por eso los vecinos organizados están juntando fondos a través de rifas para solventar el costo administrativo de un eventual juicio ordinario, si bien los académicos del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE y otro estudio jurídico trabajan honorariamente: «Lo estamos haciendo como un ejercicio académico y de extensión universitaria, explicándoles que esta es una herramienta con posibilidades de éxito limitadas, porque, si bien acá hay una ilicitud, esta acción se hace por primera vez. Vamos a forzar el sistema».

Los demandantes entienden que hay una corresponsabilidad en los incumplimientos del Estado no solo subnacional, sino también nacional. Sciandro está convencido de que los gobiernos nacionales están facultados para hacer cumplir la ley 18.308 y mandatar a las intendencias. La visión de que el MA no podría incidir en la concreción del área protegida departamental parte, a su criterio, de un «error conceptual» porque «los instrumentos de ordenamiento territorial aprobados de acuerdo a la ley tienen una instancia de coordinación obligatoria con el gobierno nacional. Hubo un discurso explícito hacia la descentralización que en el ordenamiento es todo lo contrario: la ley de ordenamiento disciplina lo que pueden hacer los gobiernos departamentales». El proyecto del ecoparque, además, está en el inventario nacional de ordenamiento territorial, que es una norma de orden público: «Esos instrumentos son vinculantes para todo el mundo». El jurista cree que cuando el gobierno nacional evita intervenir es porque subyacen cuestiones de «índole política», como «no querer entrar en conflicto con un gobierno departamental que es de otro signo político, donde entran a jugar otras negociaciones».

Con ese nuevo horizonte, y al margen de las derivas político-partidarias, los colectivos siguen viento en popa y remarcando que no pretenden un ecoparque en «donde no se pueda hacer nada», sino un proyecto en plena sinergia con el turismo de naturaleza y otras actividades armónicas con el entorno.