Diciembre de 2020 fue un mes de buena zafra para la fundación A Ganar. En un período de diez días, esta organización de la sociedad civil obtuvo contratos con las intendencias de Paysandú, Durazno y Rocha –todas dirigidas por el Partido Nacional– y renovó su extenso vínculo con la Secretaría Nacional del Deporte (SND). La mayoría lo hizo a través de procesos competitivos en los que fue la única oferente. Por esos días, logró otro contrato con un organismo estatal.
La Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) le adjudicó un llamado para la selección de personal en esa dependencia. La contratación se hizo mediante la modalidad de compra directa tras el fracaso de la licitación abreviada n.º 3/2020 de fines del año pasado, según documentos entregados a Brecha como respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
El objetivo de la licitación era la contratación de una ONG (asociaciones civiles o fundaciones) para la gestión de un programa de inclusión socioeducativo-laboral y contratación del personal. Por esta vía, la DNA contrataría a diez personas de entre 20 y 60 años para «atender necesidades puntuales de personal» detectadas en distintas áreas de esa unidad. Esto incluye la contratación de administrativos, técnicos, profesionales, operadores de servicio y estudiantes avanzados (en abogacía, ciencias económicas, administración, arquitectura, etcétera), así como un servicio de transporte con chofer a la orden.
En este proceso, se recibieron dos ofertas: una de la fundación A Ganar, por todo el paquete, y otra de una emprea unipersonal, que mostró interés sólo por el servicio de transporte. Las dos fueron rechazadas al no cumplir con el pliego de la licitación. Ante esto, la DNA inició un proceso de compra directa, en el que cursó invitación a las dos firmas oferentes, con idénticas condiciones que la licitación; sólo se presentó A Ganar, que resultó la adjudicataria. La resolución –fechada el 28 de diciembre– está firmada por el director de la DNA, Santiago Borsari, hijo del exdiputado y actual director de la Agencia Nacional de Viviendas, Gustavo Borsari.
Con este contrato «se pretende llevar a cabo la satisfacción de las necesidades de personal mediante una modalidad que permita el ingreso de personas que se encuentren interesadas en enriquecer su perfil laboral, mediante el desarrollo de tareas en el sector público que les permita una posterior inserción laboral en el mercado. Como puede apreciarse, la modalidad de selección e ingreso al sector público –sin constituirse en funcionarios públicos– tiene una connotación eminentemente social», argumentó el MTOP, en su respuesta a Brecha.
La fundación A Ganar se creó en 2005 con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de la capacitación técnica, la inserción laboral y la inclusión social. Desde sus comienzos, tuvo nexos profundos con el Partido Nacional y fue presidida por María Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas.
Esos nexos se mantienen hasta estos días: su director es Alejandro Rico Andrade, exdirector del Instituto Nacional de la Juventud y asesor de varios dirigentes nacionalistas, como el intendente de Maldonado, Enrique Antía; la «subdirectora técnica» es Verónica Martínez Vicentino, hermana de Nicolás Martínez, amigo y secretario particular del presidente de la república, Luis Lacalle Pou (véase «Es ahora», Brecha, 5-II-21).
Su vínculo con el Estado comenzó en 2015, a través de un contrato con la SND, para la capacitación en oficios de jóvenes deportistas. Con el tiempo, asumió la administración del Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate, la infraestructura deportiva techada más grande del país. En diciembre de 2020, se adjudicó tres licitaciones impulsadas por la SND: el mantenimiento de espacios verdes en plazas de deportes, el mantenimiento de instalaciones deportivas y otra para brindar un servicio de atención integral a instalaciones deportivas. Entre las tres, la fundación facturará unos 10 millones de pesos.
El comienzo de la pandemia derivó en acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para la gestión de dos centros de atención para personas en situación de calle: el que se instaló en el hotel Urban Express –propiedad del empresario Marcel Gerwer, esposo de la exsenadora Verónica Alonso– y el del Estadio Centenario. En ambos casos, el acuerdo se concretó a través de la SND. Según su página web, la fundación aún trabaja en los Centros de Contingencia-Plan Coronavirus del MIDES para adultos mayores. Asimismo, tiene convenios con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y con el Consejo de Educación Inicial y Primaria.
En 2015, también comenzó su relación con la Intendencia de Maldonado. Bajo la administración de Antía obtuvo varias adjudicaciones no exentas de polémicas: según el edil Joaquín Garlo (Frente Amplio), la fundación opera como una «agencia de acomodo» para el ingreso de personas a la administración departamental. En este marco, en diciembre de 2020 logró acuerdos con las intendencias de Paysandú, Durazno y Rocha, signados por críticas similares de la oposición.
En Paysandú, se le adjudicó el «gerenciamiento de recursos humanos» vinculados con programas otrora gestionados por el gobierno departamental, incluída la gestión de los centros CAIF y el centro Siempre, que operaban en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. La fundación también ganó la licitación para gestionar los recursos humanos en Durazno; por esta tarea cobra un 5 por ciento del monto total que paga la intendencia para la contratación de esos trabajadores.
El acuerdo con la Intendencia de Rocha se concretó el 29 de diciembre. La fundación fue la única oferente en la licitación para liderar el «Programa socioeducativo de temporada para prestar servicios de higiene ambiental y otros relativos a la temporada estival». Por este contrato, que se extendió durante 50 días, cobró 2,5 millones de pesos. Esta contratación puede terminar en la Justicia, debido a una presunta conjunción del interés público y privado.
El secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez Vicentino, es hermano de la secretaria técnica de la fundación. Ante esto, la bancada de ediles del Frente Amplio solicitó la formación de una comisión investigadora en la Junta Departamental, al tiempo que el diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini presentó el caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública y elevó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para obtener detalles sobre la forma de contratación. De acuerdo con la respuesta de estos organismos, se podría presentar una denuncia penal, dijeron fuentes políticas a Brecha.
El contrato con el MTOP, por su parte, se extenderá durante 12 meses. La fundación tendrá a su cargo la selección y contratación de diez personas que deberán ser incluidas en su plantilla de trabajadores, así como la liquidación y el pago de haberes a los trabajadores contratados (sueldos, aguinaldos y salarios vacacionales), para lo cual «la DNA aportará la correspondiente partida económica por adelantado». También tendrá a su cargo la supervisión permanente de estos trabajadores y deberá dictar talleres de capacitación y orientación laboral a los participantes del programa en tareas del área de servicios, así como talleres de sensibilización en temas de interés social.
Por esta tarea cobrará una comisión del 8 por ciento mensual del total de los sueldos nominales de los trabajadores –definidos por la DNA– «por concepto de honorarios de gestión administrativa de los recursos humanos». Además, se le pagarán 27.300 pesos al mes por concepto de supervisión de los recursos humanos y 2.500 pesos mensuales por cada alumno que participe de los diferentes talleres. En el caso del servicio de transporte con chofer, cobrará 440 pesos por hora, de lunes a viernes de 8 a 16 horas; este precio aumentará un 15 por ciento en cada hora extra, así como los días sábados, domingos y feriados. También se pagará un precio adicional de 13 pesos por quilómetro realizado, que también aumentará un 15 por ciento fuera de horario. Según el contrato, el precio máximo a pagar a la fundación será de 10 millones de pesos.
