El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, deberá volver al Parlamento. El Frente Amplio (FA) decidió interpelarlo por las contradicciones en la fuga del recluso Hugo Pereira de la Unidad Penitenciaria número 4, el ex-Comcar, entre otros asuntos del sistema carcelario. En puridad, el FA pretendía convocarlo en régimen de comisión general, pero la negativa del oficialismo de dar sus votos modificó la estrategia.
La fuga de Pereira se concretó el 14 de agosto, pero fue informada recién diez días después, tras lo cual se produjeron una serie de contradicciones. Heber declaró que el recluso se fugó a pie por la puerta del ex-Comcar, disfrazado de policía; más tarde cambió la versión y apuntó que se escapó por el alambrado perimetral, algo que fue descartado por un informe del Ministerio de Defensa, responsable de la custodia perimetral (VTV Noticias, 31-VIII-21).
Tras estas confusiones, Heber minimizó la relevancia del fugado, que fuera presentado como un capo narco: «Este es un señor que consumía drogas y traficaba drogas dentro del penal. No es un narco». Por estos dichos, Aníbal Martínez Chaer, abogado de Pereira, anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro.
Cuando el tema llegó al Parlamento, la coalición de gobierno se alineó detrás del ministro, con el argumento de que Pereira fue recapturado –al retirarse de un bar en el centro de Montevideo–, y que este asunto debía tratarse en comisión. Pero el FA insistió: «El ministro es el responsable político y el responsable ante la sociedad de identificar errores y corregirlos», afirmó la diputada Lucía Etcheverry (Informe Capital, 2-IX-21).
Sin embargo, este no es el único frente abierto para el secretario de Estado. Esta semana, el FA solicitó su renuncia por el contrato firmado entre el gobierno y Katoen Natie para ampliar por 60 años la concesión para la explotación de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. En su moción de censura, la oposición insistió en la inconveniencia de un contrato plagado de irregularidades. La moción fue rechazada por la mayoría oficialista, que se alineó detrás de Heber, como lo había hecho tras la interpelación. Sin embargo, esta vez solo los senadores blancos salieron a defenderlo; el Partido Colorado y Cabildo Abierto prefirieron el silencio.
Con este mar de fondo, la oposición adelantó que el asunto pasará a la órbita judicial. «Acá hay un conjunto de posibles ilícitos. Hay un beneficio enorme por medio de este acuerdo que gana esta empresa privada, y hay un perjuicio enorme para la sociedad uruguaya en su conjunto», afirmó el senador Charles Carrera en la sesión. La denuncia –dijeron fuentes a Brecha–apuntará al ministro Heber y al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, pero también al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.
