Parece haber quedado en el pasado el desconocimiento a los resultados, la patada a la mesa y las arbitrariedades de último minuto. Por primera vez en años hubo una participación activa de misiones de observación internacionales, junto a la presencia de un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo a la misión de la Unión Europea, en estos comicios «mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores». Además de un cumplimiento cabal del protocolo, se divulgó el mismo día de la elección el primer boletín con resultados preliminares. En fin, un avance importante en materia de normalización política.
El evento produjo, al mismo tiempo, un nuevo mapa político que parece abiertamente favorable a la coalición oficialista, con victorias en al menos 18 gobernaciones de las 23 en disputa (la oposición ganó en tres y hay dos cuyo resultado sigue en suspenso al escribirse este artículo, por lo cerrado de la votación). Cualquier observador inocente podría considerar que la derrota opositora es evidente y que el chavismo volvió a arrasar. Esta es, no obstante, una verdad que puede relativizarse.
La oposición moderada logró lo que quería: ubicarse en el tablero institucional y prepararse para un escenario superior: las presidenciales de 2024. Con la oposición más radical ya alejada (y derrotada en el escenario militar que había escogido), los moderados lograron obtener condiciones mínimas que, de mantenerse, podrían poner en grave riesgo la continuidad chavista en la presidencia. Los resultados confirman esta tendencia: a escala nacional, las diferentes candidaturas de la oposición obtuvieron en total más de 700 mil votos, casi 10 puntos porcentuales por encima del chavismo. En más de diez gobernaciones, la división o dispersión del voto opositor fue definitoria para el triunfo del oficialismo.
A nivel municipal, además, la oferta electoral opositora, que en 2013 había ganado 76 alcaldías y en 2017 apenas 26, estaría triunfando ahora en más de 117 de ellas (de un total de 335), lo que es un récord propio en elecciones locales. Muchas de estas alcaldías pertenecían a la «zona de confort» del chavismo, donde solía ganar sin problemas.
Más que una oposición fuerte, lo que podemos ver es un chavismo que continúa en proceso de desafiliación: ya perdió alrededor de 500 mil votos en relación con una de sus votaciones históricas más bajas, las parlamentarias de 2020, en las que sacó cerca de 4.300.000 votos (recordemos que, en las presidenciales de 2013, el oficialismo había obtenido casi 7.600.000 votos; cuando su derrota en las parlamentarias de 2015, 5.600.000 votos, y en las regionales de 2017, unos 5.800.000). La abstención el domingo alcanzó el 58 por ciento del padrón electoral. Además, hay más de 4 millones de venezolanos que no pueden votar por encontrarse en el exterior y que, de hacerlo, es de esperar que no sería por el chavismo.
En las últimas regionales, el partido de Nicolás Maduro alcanzó más del 50 por ciento de los votos en unas 17 gobernaciones; en 2021, solo lo logró en tres de ellas. En aquella oportunidad tuvo más del 60 por ciento de los apoyos en unas cuatro gobernaciones; en 2021, en ninguna. Este 21 de noviembre perdió o quedó a punto de perder en los estados que históricamente fueron los más chavistas del país: Apure, Barinas, La Guaira y Cojedes.
El oficialismo ha intentado crear una narrativa pos-Chávez, no solo en su apuesta a una política económica heterodoxa y aperturista, por no decir neoliberal y dolarizada (véase «¿Estabilización o desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), sino también en la esfera retórica y electoral, donde la figura, simbología e ideas del expresidente y fundador del partido oficial han sido desplazadas bajo un nuevo relato que intenta llegar a nuevos electores. Parece obvio que este intento ha contribuido a –o no ha alcanzado para detener– la erosión de su nicho de votantes más sólido.
HÁNDICAP OPOSITOR
El problema con esta visión optimista del desempeño de la oposición es que, de las alcaldías en las que ganó, 59 corresponden a la Mesa de la Unidad Democrática (la oposición institucional, por decirlo de alguna manera) y 58 a agrupaciones disidentes con las que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no pudo llegar a acuerdos. Aquí se le presenta a la oposición institucional un nuevo dilema, que ya no es si participar o no en los comicios, sino el de buscar la unidad con sectores a los que ha considerado «alacranes» o «entreguistas» al gobierno.
Los opositores radicales han dejado en claro que quieren eliminar a esa oposición disidente tanto o más que al propio chavismo, pues la consideran traidora por participar en eventos electorales donde ellos llamaron a la abstención. El caso es que esa disidencia ha conseguido prácticamente la misma cantidad que la que consiguió la oposición nucleada en la MUD.
En el chavismo la preocupación va en un sentido parecido. Beneficiarse de una abstención que inmovilizaba a la oposición ya no le funciona como antes, porque la falta de asistencia a las urnas ha comenzado a afectarle seriamente a él mismo y no resulta suficiente para debilitar completamente a sus rivales. Es de la división opositora de la que depende ahora para alcanzar el triunfo y es hacia allí a donde dirigirá sus acciones. De momento, quedan tres años de descanso electoral y no será hasta 2024 que las presidenciales se presenten en el horizonte. Hasta entonces, cada bando deberá implementar su propia estrategia para derrotar al adversario: a punta de votos o de tácticas divisionistas.
