Quizás el lector haya registrado, de pasada, en el fárrago de noticias de los últimos días, que la Sección Segunda en lo Penal de la Audiencia Nacional de España se opuso, a fines de noviembre, a la extradición, solicitada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, de un ciudadano uruguayo, Fleming Julio Gallo, denunciado por tres ex-presas políticas; entre ellas, la excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar.1 Gallo fue detenido en abril de este año en Huesca y cuando compareció ante la audiencia se declaró inocente. El fiscal prefirió un camino menos espinoso: argumentó que el delito de lesa humanidad por el que se lo reclama en Uruguay entró en vigor en España recién en 2004 y los otros que pudieran invocarse han prescrito.
UN ALUMNO APLICADO
Es...
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