El gobierno usa las fortalezas de las empresas públicas y contiene las tarifas de cara al referéndum

No estaban tan mal

Leonardo Cardozo Mauricio Pérez
7 enero, 2022

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El año comenzó con ajustes en el precio de los servicios públicos convenientes para la imagen del gobierno, que los definió como «moderados o neutros». Alejado de los prometidos «criterios técnicos», el Ejecutivo resolvió congelar los precios de los combustibles y la telefonía e incrementar por debajo de la inflación los de la energía eléctrica y el agua, a cuenta de revisiones previstas para después de la batalla del referéndum. El ataque a las empresas públicas, que volcaron recursos extraordinarios a las arcas del Estado y contribuyeron a bajar el déficit fiscal, también se ha moderado o neutralizado, aunque persiste el desinterés por invertir en la infraestructura que posibilita esas ganancias. El aumento tarifario, en su conjunto, supera el de los salarios.

Gabriel Gurméndez, presidente de ANTEL, junto a Omar Paganini (izq.) e Isaac Alfie (der.), en la asunción del directorio del ente, en julio de 2020 ADHOC, JAVIER CALVELO

Aquello de no tropezar dos veces con la misma piedra parece estar presente en la toma de decisiones del gobierno. Si el triple incremento del precio de los combustibles durante el último invierno fue un envión determinante para la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), este verano el oficialismo fue más cuidadoso en el ajuste de las tarifas, al otear el referéndum que se avecina a finales de marzo. La «fijación de las tarifas de los servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras», consignada en el Compromiso por el País, de la coalición multicolor, quedó por el camino, al menos de momento. Aunque los ajustes fueron variables –con dos congelamientos–, el gobierno los anunció en conjunto, enfatizando que ninguno de ellos s...