La inversión

Escapar de un juicio internacional por 1.500 millones de dólares. Tal fue el motivo esgrimido por el gobierno para fundamentar su acuerdo con la empresa belga Katoen Natie. Entre los múltiples términos negociados, el Poder Ejecutivo eligió destacar la inversión de 450 millones de dólares a la que la empresa se comprometía, pero, una vez conocido el texto, quedó en evidencia que Katoen Natie –socia mayoritaria en la Terminal Cuenca del Plata, de la Administración Nacional de Puertos (ANP)– se quedaría con el monopolio en la operación de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081, desplazando a los competidores. Los frentes de batalla desatados por este acuerdo fueron múltiples: la interpelación al entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; la denuncia penal del Frente Amplio; los recursos administrativos presentados por Montecon y el sindicato portuario –que hoy tramita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)–, y una investigación de la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia, entre otros. A todos ellos próximamente se les sumará uno de peso: una demanda internacional contra el Estado. Sí, como aquella de la que el gobierno pretendió escapar.

«Las demandas internacionales no van a ser de Montecon, sino de sus accionistas, que van a defender sus intereses y sus inversiones en Uruguay. Estamos en el proceso de presentar las cartas que anuncian esos arbitrajes y, seguramente, en las próximas semanas haya información al respecto», dijo a Brecha Martín González, gerente general de la empresa. Las acciones de Montecon pertenecen al grupo chileno Ultramar, con un 60 por ciento, y al grupo canadiense ATCO, con un 40 por ciento. En diciembre de 2021 una delegación de los accionistas chilenos, encabezada por el magnate Richard von Appen, se reunió con jerarcas del gobierno en la Torre Ejecutiva. Tras esa instancia, el presidente de la ANP dijo a este semanario que el gobierno había comenzado «un diálogo con la empresa en la búsqueda de algunas alternativas que dejen conformes a todas las partes» (véase «Tirala al córner», Brecha, 10-XII-21). «No se cristalizó nada de eso. Pasó el verano y nunca fuimos convocados a ningún cronograma de reuniones ni de negociación, como se había pautado, y hace ya casi cinco meses de esa instancia», lamentó esta semana el gerente general de Montecon. Afirmó que en este momento la empresa no tiene «ninguna negociación puntual» con el gobierno.

GUATEPEOR

Si el acuerdo de promoción y protección de inversiones que Uruguay suscribió con Bélgica fue invocado por Katoen Natie en su amenaza de juicio –iniciada en 2019–, lo mismo corre para Chile y Canadá, países con los que también rigen tratados de ese tipo. En el caso de Chile, la web del Ministerio de Economía y Finanzas informa que el acuerdo incorpora una variante que lleva a considerarlo un BIT (sigla en inglés de bilateral investment agreement). Fue firmado en 2010 y la ley que lo aprobó es de 2012; el acuerdo con Canadá data de 1999. En cuanto al sometimiento de controversias a arbitrajes internacionales, en ambos casos las demandas pueden presentarse en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –el famoso CIADI– o dirimirse en un tribunal establecido para la ocasión bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. En el acuerdo con Chile, se agrega que «si las partes contendientes lo acuerdan», pueden someterse «a cualquier otra institución de arbitraje o de conformidad con cualquier otro reglamento de arbitraje». Pero los dos textos tienen un requisito para litigar que podría complicar las acciones legales que planifican los accionistas de Montecon.

El acuerdo con Canadá establece que las demandas se podrán presentar «si el inversionista ha renunciado a su derecho a iniciar o continuar cualquier otro procedimiento […] ante las cortes, los tribunales de la parte contratante interesada o […] cualquier procedimiento de solución de controversias». Por su parte, el texto firmado con Chile es más detallado: «ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje si el demandante […] ha alegado la violación de una obligación» de la contraparte «en un procedimiento ante un tribunal jurisdiccional, judicial o administrativo de una parte o a cualquier otro procedimiento de solución de controversias vinculante». Y ahonda: «Para mayor certeza, si un inversionista elige presentar una reclamación del tipo antes descrito ante un tribunal jurisdiccional, judicial o administrativo de una parte o ante otro procedimiento de solución de controversias vinculante, esa elección será definitiva y el inversionista no podrá posteriormente someter la reclamación a arbitraje». En términos más simples, un caso no puede laudarse mediante un arbitraje internacional si se han presentado por ese mismo asunto reclamos en otras instancias judiciales, como, por ejemplo, en tribunales nacionales. El asunto viene a cuento porque Montecon presentó recursos revocatorios contra los decretos que se desprendieron del acuerdo (114 y 115/21) que actualmente están a estudio del TCA.

Aquí podría cobrar importancia la diferencia establecida por González entre la empresa y sus grupos de accionistas, pues los recursos presentados en la jurisdicción uruguaya están suscriptos por Montecon y no por Ultramar o ATCO, que igualmente, en última instancia, son sus dueños. Esa es una discusión entre las tantas que podrán tener lugar en un posible arbitraje, que tiene como instancia previa obligatoria un período de conciliación entre el Estado y los demandantes por un plazo de seis meses. Pero, en todo caso, Uruguay vuelve a estar bajo la amenaza de un juicio internacional. La diferencia es que, tomando en cuenta lo que han sostenido importantes expertos en derecho portuario y otras materias que tallan en el asunto, ahora su posición es mucho más débil que la que tenía ante Katoen Natie antes de firmar el polémico acuerdo.