«Alaa representa todo lo que el régimen egipcio no es. Alaa representa la libertad, la dignidad, la democracia.» Con esa rotundidad hablaba, en 2015, el abogado de derechos humanos Gamal Eid sobre Alaa Abd el Fatah, un bloguero y activista egipcio que, por entonces, apenas llevaba un año en prisión. Ocho años después y tras una brevísima libertad condicional, Alaa continúa en la cárcel con nuevos cargos. El régimen parece tener claro la amenaza que representa, y eso ha quedado patente durante la 27.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que estos días se celebra en un resort de lujo en Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo egipcio.
La COP27 era una oportunidad para Egipto y su rais, Abdelfatah el Sisi, de mostrarse como uno de los líderes mundiales que pondrá al planeta rumbo al fin de la crisis ecosocial. Pero algo salió mal en la perfecta campaña de lavado de cara que el reino de los faraones había preparado en Sharm el Sheij. Alaa se convirtió en el centro de la atención mediática que se ha extendido a los más de 60 mil prisioneros políticos que, según organizaciones de derechos de todo el mundo, permanecen encerrados en sus cárceles. Lleva más de 200 días en huelga de hambre y, coincidiendo con el inicio de la COP27 el pasado 6 de noviembre, dejó de consumir agua. Cuatro días después de iniciar esta protesta su familia denunciaba no tener noticias de él ni pruebas de vida. El preso suele entregar una carta semanal a su familia. En la última anunciaba que no le importaba morir.
«Alaa no está en la cárcel por el artículo [que difama a Egipto] que dicen que escribió: está en la cárcel porque nos hace creer que el mundo puede ser un lugar mejor», afirmaba su hermana menor, Sanaa Seif, en un evento en Sharm el Sheij, a donde viajó desde su exilio en Reino Unido para hablar sobre la imposibilidad de que haya justicia climática sin que se respeten los derechos humanos, además de presionar para lograr la liberación de su hermano.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Sanaa, quien ha pasado por las cárceles egipcias en dos ocasiones –la última vez durante un año y medio–, sin haber cumplido aún la treintena, fue imprecada durante una de sus alocuciones por un miembro del Parlamento, que fue desalojado por los servicios de seguridad de Naciones Unidas. Más tarde, un abogado prorrégimen la denunció ante la fiscalía por difundir noticias falsas, la misma acusación que llevó a Alaa a la cárcel en setiembre de 2019.
El caso de Alaa ha quedado expuesto ante el mundo gracias a la COP27. «Desde que empezó a hablarse de la cumbre, hubo gente que comenzó a decir que se debería hacer en otra parte y a hacer campaña en contra, y dijimos que no. Otros querían movilizar a los activistas para boicotear, y dijimos que no porque necesitábamos la atención, la solidaridad y la camaradería…», señalaba Hossam Bahgat, el director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales durante un acto con Sanaa en la cumbre.
La alocución del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó en la estacada a los que confiaban en que el líder pidiera la liberación del activista. Antes de dirigirse a los asistentes de la COP27, se reunió con su homólogo egipcio, que hizo hincapié en que Egipto ha lanzado una estrategia nacional para los derechos humanos y desea desarrollarla. Alaa Abd el Fatah es el mejor ejemplo de cómo está funcionando dicho plan. El bloguero, que cumplirá 41 años el próximo 18 de noviembre, ha sido «intervenido médicamente», lo que su familia entiende como alimentación intravenosa forzada, algo que consideran tortura. «Es cuestión de tiempo que Alaa muera en prisión, y esto solo acelerará el proceso», afirmaba Sanaa Seif a su llegada a la cumbre.
Y eso es lo que el gobierno egipcio no puede permitirse mientras las cámaras sigan enfocando. «Tenemos experiencia en cómo empeoran las cosas después de que hay un pequeño éxito», subraya Mohannad Sabry, periodista experto en el Sinaí y exiliado en Reino Unido. «Mientras hablamos, se están buscando nuevos cargos contra mí y ni siquiera estoy en el país», añade el periodista contra quien el régimen tomó represalias por publicar información sobre lo que estaba ocurriendo en la península del Sinaí. Sabry menciona acres de tierra arrasada con bulldozers en el norte de la región, donde «cientos de familias han sido desplazadas». También cómo «las pocas zonas verdes que había en El Cairo, repartidas por la ciudad, están siendo reemplazadas por cemento». Y habla de «la destrucción del entorno del Monasterio de Santa Catalina», un espacio natural protegido. «Egipto está quedando en evidencia ante el mundo», dice.
El antiguo Monasterio de Santa Catalina, ubicado en el corazón de una localización que es patrimonio mundial, afronta obras de construcción que están propiciando una involución en años de conservación y una enorme inversión para proteger la frágil naturaleza del monasterio. Además, denuncia Sabry, la comunidad beduina local de Santa Catalina está siendo desplazada forzosamente ya que «sus casas se interponen en el camino de la construcción del gobierno, su cementerio ha sido demolido y sus fuentes tradicionales de vida quedarán bloqueadas por el aumento de los megahoteles y las instalaciones turísticas convencionales». «Trastornar la vida de esta comunidad es poner en peligro directo toda la riqueza ambiental y patrimonial de la región. Y, por eso, no habrá justicia climática sin derechos humanos», concluye.
Aquellos como Sabry, quien ha tenido que exiliarse para evitar la cárcel, o como Alaa, que denuncia esos abusos del régimen, sufren las consecuencias. El periodista Matthew Cassel explicaba en su cuenta de Twitter la sensación de estar constantemente vigilados en la COP27, con policías de paisano en todas partes y tomando fotos de los pasaportes de los asistentes. Muchos egipcios y extranjeros comparten la sensación, según Cassel, de que «si el régimen hubiera liberado a Alaa hace meses, la COP27 sería mucho más exitosa». En lugar de eso, «los derechos humanos están empezando a hacer sombra a cualquier otra cosa».
«La situación de Alaa es un reflejo de la sociedad egipcia y la represión actual», señala Lama Fakih, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. Lama coincide con Bahgat en que la cumbre del clima es una oportunidad, para los egipcios, para «hablar y tener una audiencia». Sin embargo, subraya que su preocupación es «qué pasará cuando la COP se acabe». «Los diplomáticos tienen la responsabilidad de asegurarse de que no haya represión de los derechos humanos», afirma. «No hay modo de que abordemos los grandes desafíos climáticos a los que nos enfrentamos si la sociedad no puede participar.»
(Publicado originalmente en CTXT. Brecha reproduce fragmentos.)
