Todo por un clic

Mientras la justicia clausuraba varios negocios de fotocopiado en una galería céntrica, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, declaraba que el caso le daba “una energía particular” a la discusión sobre el derecho de autor, cuya legislación debía discutirse ante la aparición de las nuevas tecnologías. La declaración sonó oportuna para el episodio de las fotocopiadoras, pero lo cierto es que la violación al derecho de autor se viene dando en las narices del gobierno, y desde hace tiempo. El caso de Ental SA en y sus vínculos con el Estado uruguayo es una muestra de ello, con el aditivo de que incide en los recursos del periodismo impreso, un sector en declive a nivel mundial y que en algunos países recibe subsidios estatales en virtud de esta situación.

Ental SA es la empresa propietaria del sitio web www.mipais.com.uy. Ofrece a sus clientes un servicio con dos modalidades. Con una clave de usuario, a través de esa página se puede acceder a la información actualizada de los medios escritos capitalinos y del Interior, de radios en Internet y todos los informativos centrales de cinco canales televisivos (4, 5, 10, 12, y VTV). Al acceder a la página, la información está clasificada por temas. También hay filtros de búsqueda: se pueden buscar noticias a partir de una sola palabra, que hayan aparecido en un rango de fechas, o que correspondan a tal o cual medio. La oferta no acaba ahí: también se puede acceder a clippings de prensa, un resumen de noticias en formato digital en un solo archivo de Word o PDF. La segunda modalidad de servicios consiste en recibir en la casilla electrónica personal un clipping de prensa, según las preferencias del cliente.

En resumen, el negocio consiste en reproducir digitalmente los ejemplares de varios medios y luego almacenarlos y divulgarlos a sus suscriptores mediante el correo electrónico o través de la web. El problema es que el negocio encierra una ilegalidad: toda la operación se hace sin la licencia y autorización de al menos la editorial Ágora (propietaria del semanario Búsqueda), de El País SA y del semanario Brecha. Los dos primeros medios ya hicieron la denuncia en el Juzgado Penal de 12º Turno el 24 de setiembre pasado. Brecha amplió la denuncia esta semana en el mismo juzgado.

La conducta encuadra en delito previsto en el artículo 46 de la ley 9.739, que establece una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría al que con ánimo de lucrar edite, venda, y reproduzca por cualquier medio una obra sin la autorización del autor. El acto no es otra cosa que la “apropiación del esfuerzo y las ganancias que legítimamente pertenecen” a estas publicaciones, consigna la denuncia presentada por los medios.

CON TODO DEL ESTADO. Ental SA está integrada por Juan José Clerici García, Laura Carolina Gómez Jacques, Elder Gómez Alt y Nancy Beatriz Casuriaga de los Santos. Según el Registro Nacional de Comercio, Clerici figura como presidente de Ental, mientras que Gómez Jaques es la administradora. Elder Gómez sería representante y apoderado de Ental, según figura en múltiples contratos que la firma ha suscrito con el Estado. Nancy Casuriaga es empleada, así figura en su perfil de la red social Sonico y en los registros del BPS.

Elder Gómez Alt es un viejo conocido en las lides de este tipo de reproducción ilegal. Fue procesado el 21 de noviembre de 2006, justamente por el delito previsto en la ley recién mencionada. La sentencia fue dictada el 21 de noviembre de 2007 y le impuso una condena de nueve meses de prisión. Lejos de amilanarse, Gómez Alt y Ental SA han vuelto al ruedo desde aquel entonces. Y esos antecedentes no le han impedido hacer contratos con un variopinto conjunto de organismos estatales.

Según la denuncia de Búsqueda y El País, entre el 1 de abril de 2012 y el 5 de setiembre de 2013 Ental firmó contratos por un total de 3.346.864 pesos. Las ganancias de la empresa pueden ser mayores si se toma en cuenta que desde 2004 firmó 69 contratos con el Estado.

Brecha realizó un relevamiento en la base de datos de compras públicas. Ental presta servicio al mismísimo Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que justamente es el organismo encargado de velar por el derecho de autor. En sus registros figura una compra directa por 97.600 pesos por concepto de suscripción al servicio, adjudicada el año pasado. El director general del MEC, Pablo Álvarez, al ser consultado por Brecha dijo desconocer la situación irregular de la empresa y todos sus antecedentes. “Confiamos en los registros de proveedores y allí no figuraban antecedentes”, respondió. Confirmó que todo el ministerio es usuario del servicio. El directorio de Canal 5 (unidad ejecutora del MEC) también contrató los servicios de Mipaís por un año en 2011 a un costo de 11 mil pesos. No es la única compra del canal público: ese año también figura una compra por 93.940 pesos anuales por concepto de “servicio de producción para televisión”.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia amplió hasta 2014 el contrato que ya tenía desde el año pasado con Ental. La resolución (del 5 de agosto pasado) está justificada en que la empresa actuó a “total conformidad” de esa oficina. El monto del contrato es de 21 mil pesos mensuales. Ental también se pasea por varios ministerios: el MVOTMA se suscribió al servicio este año por 8.540 pesos mensuales. Además, por la resolución 92/2013 de ese ministerio, el Banco Hipotecario, el PIAI, OSE y MEVIR tienen acceso al servicio. El Ministerio de Industria también pagó una suscripción de 69 mil pesos anuales en febrero de este año.

En el Ministerio de Defensa figuran dos compras directas a Ental: una realizada en 2012 por la secretaría general por 65.800 pesos en 12 meses. La otra fue hecha en diciembre de 2011 por la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado por un valor de 115.304 pesos, para el “mantenimiento del sistema informático” que presta Ental SA durante 2012. En 2009 el Ministerio de Transporte se suscribió al servicio por 35.722 pesos en seis meses. La cartera de Ganadería contrató el servicio de mantenimiento de software este año por 71.999 pesos anuales. También el Ministerio de Trabajo, que firmó en febrero un contrato de suscripción anual por un total de 103.212 pesos.

Ental SA también figura como proveedor de “servicios de prensa digital” del Tribunal de Cuentas. Y recientemente se le abrió una oportunidad de negocios en el BPS. El lunes se realizaba la apertura de sobres de una licitación para la contratación de “servicios de resúmenes de prensa”, y Ental era la principal oferente.

Las intendencias también figuraron como clientes de esta firma. El pasado gobierno del frenteamplista Ramón Fonticiella en la comuna de Salto gastó 19.520 pesos en un contrato con la firma. En 2007, año en que Gómez Alt fue sentenciado, la empresa fue cliente de la Intendencia de Canelones.

EL USO DE PARTIDAS. Pero los senadores y diputados, quizás uno de los públicos más ávidos de prensa escrita, también tienen a disposición este servicio, a pesar de que gozan de partidas específicas para gastos de prensa. El 25 de julio de este año se firmó la última extensión de un contrato de “larga data” con el Parlamento, confirmó a Brecha el secretario de la Cámara de Senadores, Hugo Rodríguez. El contrato, de 49 mil pesos mensuales, incluye 37 cuentas de usuarios, lo que abarca a todos los senadores y al servicio de prensa del Senado, ilustró Rodríguez. El secretario explicó que antes de prorrogar el contrato se consultó a los senadores para ver sí les era útil y todos dieron una respuesta afirmativa.

Rodríguez respondió que al hacer las consultas para concretar las sucesivas extensiones de los acuerdos no se tuvo conocimiento del procesamiento de Gómez Alt. Consultado acerca de la denuncia realizada por los medios, dijo que recién cuando se constate “alguna irregularidad” se verá cómo proceder. Según consta en la denuncia, el senador nacionalista Gustavo Penadés confirmó que regularmente recibe correos de Ental SA con clippings de prensa.

Entre los diputados, el colorado Aníbal Gloodtdofsky reconoce expresamente en la denuncia de Búsqueda que recibió clippings de Mipaís. Pero lo cierto es que el mismo contrato que la Cámara alta tiene con Ental se repite en la Cámara de diputados para los 99 miembros. Es más, el contrato fue firmado a raíz de la experiencia en el Senado, informó a Brecha el secretario de la Cámara de Representantes José Pedro Montero. En las consultas hechas por este semanario a legisladores de todos los partidos, algunos dijeron utilizarlo pero sin saber que hubiera un contrato, y otros, a pesar de tener el servicio a disposición, ni siquiera lo conocían. Los diputados nacionalistas Jaime Trobo, Pablo Abdala y Álvaro Delgado reconocen utilizarlo fundamentalmente por las aplicaciones de audio y video, pero ni Delgado ni Trobo recordaban con precisión si lo utilizaban en el marco de un contrato entre la Cámara y la empresa. El diputado colorado Fitzgerald Cantero estaba al tanto de la existencia del portal, pero sostuvo que dejó de usarlo hace tiempo. Los frenteamplistas Doreen Ibarra, Roque Arregui, Susana Pereira, Carlos Gamou no lo conocían, así como otros diputados de la oposición, como los colorados Walter Verry y Germán Cardoso, o los nacionalistas Javier García y Gustavo Borsari.

Con un servicio de resúmenes de prensa que da acceso a todos los medios cabe preguntarse cuál es la pertinencia y el destino de partidas de prensa que rondan los 17 mil pesos por legislador. No hay rendición de cuentas sobre estos rubros. Por eso, si no se gastan en su totalidad, en los hechos son un complemento cuyo destino queda a discreción del legislador. Los gastos de prensa están gravados con IRPF en caso de no ser cedidos a un sector político. Políticos y funcionarios consultados sostienen que el servicio de Mipaís es complementario a la partida de prensa porque sirve para rastrear información histórica y específica. Para diversos funcionarios y políticos consultados, “utilizar el servicio no quiere decir que no se compren los diarios”. Otros, aparentemente sin conocer la ilegalidad del servicio, advierten que lo usan “para rastrear información específica”. No obstante, varios legisladores no brindaron una respuesta concreta cuando se les preguntó por el destino de la partida para prensa o las cifras de gastos en la compra de diarios y semanarios.

En diálogo con Brecha, el politólogo Daniel Chasquetti, especialista en temas parlamentarios, aportó otra visión sobre las partidas de prensa. “Yo he salido a preguntar a legisladores de todos los partidos en la anterior legislatura qué hacían con las partidas, y la mayoría las guardaban para gastar en la campaña. Atrás de todo está el problema del financiamiento de la política, que es más serio que el de la corrupción. Cuando se votó la ley de financiamiento de los partidos no se pensó en el tema de las partidas. Del 96 para acá el sistema de las internas obliga a los legisladores a competir porque a partir de ahí se ordenan las listas. Salvo el MPP o el PCU, que funcionan como una maquinita que les hace una detracción al sueldo, el resto de los legisladores son pequeños empresarios. Perfectamente el Parlamento podría comprar suscripciones a los principales medios nacionales e internacionales, que saldría más barato. Y ese dinero de la partida de prensa dárselo a los legisladores como una partida para pagar asesores y no como prensa. Hay un viejo poder discrecional asignado a cualquier parlamentario que es viejo. Me parece bien que se abra una discusión y se blanquee”, remató.