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Sobre el presupuesto (no) destinado a la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género

¿A quién le importa?

A tres años de la aprobación de la norma, las organizaciones feministas y el Inmujeres coinciden en que la mayor deuda está en la creación de los juzgados especializados en violencia de género. Unas entienden que parte de la solución sería transformar los juzgados existentes en especializados, mientras que la institución rectora de las políticas de género dice que podría crearse alguno para 2024. El Estado sigue omiso en garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia y recorta la posibilidad de evaluar y monitorear su actuación al sacar a la sociedad civil del Observatorio Nacional sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que ahora funcionará de manera honoraria presidido por el MIDES.

Concentración en el Palacio Legislativo convocada por la Intersocial. Mauricio Zina

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (19.580) figura tres veces en el proyecto de presupuesto nacional 2020-2024: 1) en el artículo 441, para sustituir a la ley de violencia doméstica en el artículo 12 de la ley del Plan Juntos; 2) en el artículo 483, para modificar la inserción institucional del Observatorio Nacional sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que abandonará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y pasará a la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –ese  mismo artículo excluye a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) de la comisión interinstitucional que dirige el observatorio–, y 3) en  el artículo 509, que afecta la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, dom...

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