A tu suerte

El martes 12 de setiembre, Antonella Lamique, asesora técnica del Programa Adolescencia del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), envió un mail a la casilla de correo institucional del Centro Magnolia, hogar de breve estadía que es la «puerta de entrada» del instituto para recibir a adolescentes mujeres. En la comunicación, se solicitaba al centro «desvincular de manera urgente y en un plazo de 24 horas a las jóvenes mayores de edad» que habían incurrido en salidas no acordadas (SNA) y sobre cuyo paradero no se había tenido noticias luego de 60 días. La decisión –que se tomó en el contexto de un desborde de ingresos al sistema de protección– significaba que 40 adolescentes mujeres de más de 18 años serían borradas automáticamente del padrón del hogar, sin que el INAU supiera dónde se encontraban.

Según el Manual de Procedimientos para el Sistema de Protección Integral de 24 horas, la SNA se define como «la ausencia no consentida del lugar de residencia de un niño, niña o adolescente que se encuentra bajo la protección del INAU, tanto en sus modalidades de acogimiento residencial como en las modalidades de atención en contexto y acogimiento familiar».

No es noticia que el sistema de protección tiene grandes problemas. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) llegan al INAU porque sus derechos fueron vulnerados de diversas maneras y por diversas razones; en general, por adultos que debían ser sus referentes. En los últimos años, los hogares puerta de entrada han sido el escenario de muchas situaciones de violencia (véase «La política del abandono», Brecha, 18-VIII-23) que ponen en riesgo la vida de los niños y de los funcionarios, quienes denuncian que las condiciones precarias del trabajo no dan garantías para acompañar los procesos (véase «Nadie vio nada», Brecha, 8-IX-23). En este marco, muchos actores vinculados al sistema se preguntan: ¿quién controla que los chiquilines no se vayan, sin permiso, de esos hogares?, ¿quién busca a los adolescentes o niños que desaparecen y no regresan durante días o meses?

«Estas salidas ocurren con mucha frecuencia –ni siquiera diría con relativa frecuencia, sino con mucha–, y creo que es natural que ocurran», afirmó el presidente de la institución, Pablo Abdala, en su paso por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Alta, en el marco de la discusión sobre la rendición de cuentas, el 7 de setiembre. El nacionalista alega que, al estar bajo un régimen de amparo y no de privación de libertad, los adolescentes son libres de salir de la institución sin dar aviso de su paradero. Por su parte, la directora del instituto por la oposición, Natalia Argenzio, aseguró que las salidas no acordadas exponen a los menores de edad a riesgos, y que el déficit de personal que tiene la institución «impacta en la búsqueda de estos adolescentes».

Pero las diferencias de concepción a este respecto no terminan ahí. Según el equipo de Argenzio, en 2020 fueron 959 NNA que salieron sin permiso de hogares de protección del instituto; lo hicieron 7.257 veces. En 2021 fueron 980 y salieron 6.374 veces; en 2022 fueron 1.020, que salieron 6.018 veces; mientras que en lo que va de 2023 fueron 931 NNA, que salieron 6.204 veces. En tanto, Ramona Capillera, directora de la división Coordinación de Protección de 24 horas de Montevideo, dijo a Brecha que «de 1.900 niños, niñas y adolescentes, el 32,5 por ciento de esos chicos ha registrado una o más salidas no acordadas»; es decir, 617 en lo que va del año, contando solamente a los menores que están bajo el régimen de 24 horas en la capital.

EL PROTOCOLO Y LA REALIDAD

Según el Manual de Procedimientos, cuando se pierde el rastro del paradero de un NNA el hogar debe radicar la denuncia policial en la seccional más cercana y dar aviso a un juez. Allí comienza el proceso. El manual indica que durante 30 días de corrido una dupla técnica debe pensar un plan de acción con georreferencia para ubicar al menor de edad y salir en su búsqueda. En paralelo, intervendría la Policía. Todo debe quedar constatado en los cuadernos diarios del hogar. Si en 30 días no se pudo dar con su paradero, la institución eleva un informe al juez con el detalle de la búsqueda realizada y se deriva el rastreo a un equipo «de territorio», es decir, equipos del INAU que trabajan en las calles. Ellos tienen un plazo máximo de búsqueda de cuatro meses. En el momento que la búsqueda pasa a ser potestad de los equipos territoriales, el adolescente o niño es automáticamente eliminado del padrón del hogar. Esto significa que, si el menor de edad finalmente aparece –sea por sus propios medios o porque alguien de la institución lo encontró–, no podrá regresar al hogar original que lo atendía en el instituto, sino que tiene que volver a un hogar puerta de entrada, echando a perder su proceso anterior. Los adolescentes, en tanto, son eliminados de los padrones de los hogares, pero quedan dentro del Sistema de Información para la Infancia (SIPI), registrado como «salida no acordada prolongada».

Según confirmó Argenzio al semanario, la búsqueda activa de los primeros 30 días no sucede. El déficit de recursos humanos en los hogares hace que sea imposible ejecutarla, dijo. «Es gravísimo que se los desvincule porque nadie fue a buscarlos. Tampoco podés derivarlos porque no hay equipos que puedan buscarlos en los barrios», explicó la directora. Según entiende, los funcionarios que deben buscarlos en las calles están en una situación de completo desborde: «En dos años, esos equipos tuvieron un incremento del 76 por ciento de oficios judiciales», dictaminó. Esto quiere decir que, durante 2022, los 45 equipos que hay en todo el país (y los 11 de la zona metropolitana) recibieron 43 mil oficios judiciales: hipotéticamente, además de contestar estos oficios, deben abocarse a la búsqueda de los niños o adolescentes que desaparecen del radar de la institución. «Como el foco está en el sistema de protección, se toma la decisión de reducir los padrones y trasladar a los NNA a otro equipo, que tampoco va a poder», dijo la directora. Agregó: «Quien diga que es correcto desvincular de los padrones, que dé cuenta de todo el trabajo previo que se hizo para poder encontrarlos, porque, si no se da cuenta de eso, no se puede trasladarlos ni desvincularlos».

Por su parte, Capillera dijo a Brecha que en la primera búsqueda «va el equipo técnico del hogar, si lo hubiera». Reconoció: «Nosotros, como todas las instituciones de este país, no contamos con el personal suficiente». Se le consultó, entonces, sobre cómo se actúa ante esta realidad. Capillera explicó que «hay una buena comunicación entre los actores», por lo que se da una «coherencia de búsqueda» a través de la cual se consulta «todos los días» –por ejemplo– con el centro educativo, «para saber si alguien lo vio». «Se va haciendo búsqueda, pero tenemos muchos casos en los que, no sé por qué, no tenemos éxito», dijo, y reafirmó que el NNA queda registrado bajo el rótulo de «salida no acordada prolongada».

Consultada sobre la desvinculación masiva en el Proyecto Magnolia, de la que dábamos cuenta al comienzo de esta nota, Capillera explicó que, al cumplir 18 años, el Poder Judicial archiva el expediente relativo a esos adolescentes, porque dejan de ser potestad del INAU. Es decir: si un adolescente desapareció de un hogar del INAU siendo menor de edad y no se logró dar con su paradero, al cumplir 18 años, tanto la Justicia como el INAU dejan de buscarlo automáticamente.

Argenzio dijo a Brecha que, al conocer la noticia de la desvinculación masiva en Magnolia, pidió información y constató que, el 1 de agosto, el centro contaba con 170 adolescentes. Ahora, ese número descendió a 152, pero esas desvinculaciones no habían sido por salidas no autorizadas. Además, solicitó la misma información al Centro de Breve Estadía de varones, ex-Tribal, el cual de marzo a la fecha contó con 60 desvinculaciones, 10 de ellas por ausencias prolongadas. A su vez, la directora maneja 12 informes de supervisión del centro Tribal que informan que los adolescentes no están siendo buscados: «Se sabe que se ha dilatado la tarea por falta de personal, no obstante, se reitera que todos los sujetos de derecho vinculados son responsabilidad del proyecto y las situaciones de salidas no acordadas pueden implicar riesgos importantes», transmitió Argenzio al respecto.

DESAPARICIONES PROLONGADAS

«Son gurisas que ya desaparecieron antes de desaparecer, en el sentido de que nadie las busca porque son pobres, con problemas de consumo o están en situaciones abusivas», explicaron a Brecha María Zino y Lucía Rodríguez, del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? (DENG).

Las activistas relataron que no tienen diálogo con las autoridades del INAU y que son las personas allegadas a las desaparecidas quienes se ponen en contacto para poder informar que faltan de los hogares. A su vez, explicaron que muchas veces tampoco son avisados los propios familiares de los adolescentes sobre sus desapariciones del radar del INAU, sino que se enteran cuando van a visitarlas y no se encuentran allí. «Muchas veces desde la institución se intenta ocultar que estaban en los hogares cuando desaparecieron. Lo sabemos porque cuando nos contacta la familia nos dicen que está bien publicar sus nombres y rostros, pero que mejor no digamos que estaban en el INAU», explicaron. Sobre las búsquedas policiales, las representantes de DENG declararon que, a menos que exista iniciativa de sus familiares, nadie se contacta con ellos para pedirles datos o información. «Se busca cuando hay presión social, y para eso tiene que haber una red», dijeron.

Por su parte, Fabiana Condon, integrante de la Asociación Civil El Paso, organización enfocada en la defensa de los derechos de NNA y con amplia experiencia en relación con las redes de trata, dijo que existe una gran descoordinación entre el INAU, el Ministerio del Interior y la Fiscalía a la hora de buscar a los desaparecidos; algo que sucede, en su opinión, porque «está naturalizado que los chiquilines entran y salen». A su vez, Condon explicó que, cuando es la Policía la que los encuentra, se producen situaciones de extrema violencia. En ocasiones, los adolescentes son esposados para retornar a los hogares. Esto sucede –dijo– porque en la órbita policial estos NNA figuran bajo la carátula de «requisitoria».

«En desaparición de gurises hay que pensar la búsqueda sabiendo que pueden estar vinculados a situaciones de violencia de género», especificó Condon, como puede ser explotación sexual o trata de personas. Argenzio declaró al respecto que hay adolescentes que están desaparecidos desde hace más de 130 días. Además, dijo que en los últimos años se han radicado denuncias en la Fiscalía por redes de explotación sexual con adolescentes pertenecientes a los centros del INAU, que aún siguen en investigación.