Aliados

Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo público los informes sobre la situación de los adolescentes presos, denunciando torturas y malos tratos sistemáticos, ese estado de cosas soterrado tomó el centro del debate público y fortaleció una pregunta: ¿quién está al frente del sistema penal adolescente?

SIRPA. Foto: Alejandro Arigón (archivo)

Mientras desde el poder político se daban tibias señales de condena hacia las denuncias presentadas (véase Brecha, 2-V-14), un importante conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos, encabezadas por el Comité de los Derechos del Niño, tomaron la posta en el respaldo a la institución. No sólo por entender que la inddhh es una herramienta fundamental para afianzar la calidad democrática del país, sino porque esas organizaciones tienen un largo historial de denuncias en la misma línea.

“El reciente informe publicado por la institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema carcelario juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil, junto a organizaciones internacionales, viene desarrollando desde hace años”, puede leerse en el primer punto del comunicado público que fue presentado el miércoles 30 de abril en conferencia de prensa.

El mismo, firmado por 36 organizaciones de distinto calibre y 40 personalidades públicas, circuló en los días previos buscando adhesiones.
El lunes 28 una representante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) fue invitada a presentarlo en el local de la calle Arenal Grande, donde se reúne el Consejo Federal de la federación de estudiantes universitarios del Uruguay (feuu). Lo que no sabía la muchacha era que Federico Pérez, secretario de asuntos gremiales de la federación, integrante de su mesa directiva, había hecho llegar el comunicado a los integrantes de la dirección del Sindicato del Inau (suinau) y los había invitado a dar sus descargos, ese mismo lunes.

A pesar de los reiterados intentos, Brecha no logró comunicarse con Pérez para conocer el motivo del “careo” que organizó en esa instancia.

“Se invitó al suinau porque la feuu ha tenido un compromiso y un trabajo histórico con la central de trabajadores, y entendimos que los compañeros del suinau tenían que participar del federal. Tener las dos visiones de un tema complejo, escuchar la visión de los trabajadores antes de resolver. Optamos por una verdadera concientización antes que un posicionamiento rápido”, declara Martín Briano, secretario de Cultura e integrante de la mesa ejecutiva del gremio universitario.

La postura del suinau había circulado en un comunicado que afirmaba que lo planteado por la inddhh era “por lo menos parcial”, porque los funcionarios no habían sido consultados y porque no consideraba los “profundos y evidentes cambios que en los últimos meses se han operado en los distintos servicios que se concentran en la Colonia Berro”.

Mientras el federal se ordenaba para comenzar la sesión de ese 28, otra reunión estaba sucediendo: la de la directiva del sindicato. Desde las últimas elecciones, en 2011, cinco de los nueve cargos, la mayoría, pertenecen a la lista 10, encabezada por José Lorenzo López, popularmente conocido como “Joselo”. Otros dos puestos corresponden a la lista 20, que tiene como una de sus referentes a Alicia Bello, directora del Programa de Apoyo al Egreso de los internados en el sistema penal adolescente e integrante del Comité Central del Partido Comunista. Los dos puestos restantes son de la lista 1886, y uno de ellos lo ocupa Juan Quevedo, dirigente de la agrupación y trabajador de la institución desde 2008.

“La interna del sindicato se maneja de una forma bastante irregular. Se define si hay reunión de directiva o no en función de mayorías circunstanciales. En este caso, la lista 10 es la que define, por lo tanto no hay una vida orgánica que le permita a nuestra lista seguir paso a paso las cuestiones de la institución. La lista 20 tiene más contacto porque tiene un acuerdo tácito con la 10 y suelen votar en bloque.” Las palabras son de Quevedo, quien relata a Brecha que en la sesión de directiva del 28 se mencionó la existencia de una “carta del Serpaj” que ellos desconocían y la invitación de la feuu a presentar sus descargos esa misma noche. “No estábamos de acuerdo con las explicaciones que ellos iban a dar, por eso no fuimos. No íbamos a poner la cara en algo con lo que no estamos de acuerdo y que tampoco fue discutido con nosotros. Nos enteramos por las redes sociales de la declaración emitida por la mayoría del sindicato. Nos indignamos por el procedimiento, pero a esta altura ya estamos bastante acostumbrados. Le hicieron críticas a la inddhh cuando el sindicato no tiene por qué criticarla. En todo caso, esas denuncias deberían ser tomadas por la institución. El sindicato no tendría ni que intervenir, es un problema institucional entre el inau y la inddhh”, sostiene.

COGOBIERNO. Cerca de las ocho y media de la noche, Joselo López, Alicia Bello, Carlos Salaberry, más conocido como “Tato”, secretario general del sindicato, y Tatiana Antúnez, integrante de la dirección del Hogar Cimarrones y del programa de egreso que dirige Bello, entran al local de Arenal Grande. La delegada del Serpaj lee el comunicado que busca adhesiones, y se retira.
Los delegados del sindicato extienden su posición durante la hora siguiente.

López es el primero en explayarse en una cerrada defensa de la gestión actual. Está respondiendo a lo planteado por las organizaciones, para las cuales resulta “imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado, (ya que) entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones”.

Ahora bien, ¿por qué un sindicato que se caracterizó históricamente por pararse en la vereda de enfrente de cualquier administración que pretendiera conducir el sistema penal adolescente tomaba ahora el mando de su defensa? “Tenemos la misma posición que teníamos antes, pero en función de los cambios que ha habido a nivel institucional…”, responde López a este semanario. “Tuvimos enfrentamientos durísimos con la administración porque entendíamos que había un caos institucional, producto de una gestión que tenía una visión perjudicial para los intereses, no sólo de los chiquilines, en cada uno de los centros de reclusión, sino también de los trabajadores. Ahora compartimos una visión de modelo, más allá de quiénes son los que ejecutan. En ningún momento salimos a respaldar a las personas sino a un modelo de gestión que nos parece más adecuado que el anterior. En cuanto a la atención de los adolescentes privados de libertad, estamos en el mejor momento de los últimos 20 años.”

López lista los reclamos: ingreso de personal, mejoras edilicias y “un proyecto institucional que tuviera claro a dónde quiere ir”, en referencia a cinco nuevos programas, como el que lidera Bello, que son el caballito de batalla de su defensa de “la mejoría”. “Ni bien asume la nueva administración le planteamos nuestra visión al directorio encabezado por (Javier) Salsamendi.”

El sindicato obtuvo lo que reclamaba. De 600 funcionarios con los que contaba el área de los privados de libertad, se pasó a 1.340. También obtuvieron importantes mejoras salariales. López relata que además del convenio firmado en 2010, que incrementaba su masa salarial un 25 por ciento en el período, su mejoría fue reforzada “a raíz de una readecuación institucional y de la posibilidad del desarrollo de una carrera administrativa nueva”, además de un convenio firmado en 2013 que “permitió a los trabajadores tener un crecimiento por encima de ese convenio que habíamos tenido anteriormente”. En enero de este año un nuevo convenio les brindó un aumento de entre 14 y 30 por ciento según las diferentes categorías.

En cuanto a lo edilicio, “si bien todavía nos preocupa la demora que hay en la construcción de nueva infraestructura, ha habido nuevos espacios para atender a los jóvenes, con una problemática que se generó a fines del año pasado, cuando se definió un endurecimiento de las penas, con el cual nosotros no estuvimos de acuerdo, y eso generó que la población prácticamente se duplicara”. La sanción del Código Penal Infraccional Adolescente, en 2013, redundó efectivamente en la duplicación de jóvenes encarcelados en los centros del Sirpa, con un altísimo porcentaje de primarios que fueron enviados directo a la cárcel.

Su interés era entonces que el sistema penal juvenil creciera, que contara con más funcionarios, más establecimientos. Más poder, en definitiva. López responde: “Nuestro interés sería que el sistema no existiera, que no existieran gurises que cometen delitos, producto de que tienen mejores condiciones para insertarse en la sociedad. Pero en función de cómo viene la mano, la situación social que se desarrolla en nuestro país, y que el Poder Legislativo define leyes que van en dirección de la represión, hace que cada vez tengamos más adolescentes en privación de libertad”.

La misma pregunta del comienzo se le plantea a Quevedo, ¿a qué se debe el respaldo cerrado a esta gestión por la línea mayoritaria del sindicato? “Entendemos que hay grados de cogobierno entre la institución y gran parte del sindicato. Eso es lo primero que explica esta nueva postura hacia afuera. Ese cogobierno se expresa en las direcciones (de los hogares). Para que esté más controlada hay una parte importante de las direcciones que dependen de determinada lista. Es tan sencillo como eso. La explicación podría ser cómo se pasa de 800 fugas en el año, con Uriarte, a prácticamente las cero fugas de ahora, cuando los cambios no han sido tan sustanciales.”

En la feuu, el lunes, vuelan las desconfianzas sobre los motivos de las organizaciones que impulsan el comunicado que busca adhesiones, mientras los integrantes del suinau se condecoran con el apoyo recibido por los coordinadores de la central obrera. “Yo particularmente informé a Fernando Pereyra de esa convocatoria, otra compañera (Alicia Bello) le informó a Marcelo Abdala. Integro el Secretariado del pit-cnt, pero por las dudas consultamos a los tres coordinadores, hablé también con Beatriz Fagián, les dijimos para qué era la convocatoria, qué era lo que se estaba jugando y fuimos con el respaldo del pit-cnt a esa reunión”, declaró López.

Como integrante del Secretariado Ejecutivo del pit-cnt en representación de la Confederación de Empleados Públicos (Cofe), López estuvo presente en la reunión que los trabajadores mantuvieron el martes 6 de mayo con Ruben Villaverde y Jorge Gago, integrantes de la directiva del Sirpa. La posición de la central sindical se inclina por respaldar tanto a la directiva como al sindicato, aunque Edgardo Oyenart, encargado de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo a Brecha que la posición no está saldada aún y que el próximo martes se reunirán con integrantes de la inddhh. La feuu, por su parte, el lunes 5 emitió un comunicado respaldando el pedido de renuncia y el análisis de las organizaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿el principal punto de discrepancia del suinau con respecto a la declaración de las organizaciones sociales fue el pedido de relevo de la dirección actual? “Eso no es así. No vamos a mover un dedo. De la misma manera que lo dijimos antes lo seguiremos sosteniendo. Nosotros no elegimos patrones, esto es línea del sindicato. Lo que defendemos es que, frente al modelo de gestión que había antes, estamos absolutamente de acuerdo con este. No le quitamos la trascendencia que puedan haber tenido las autoridades, pero los principales protagonistas de este cambio han sido los trabajadores.”

Artículos relacionados