Una victoria a medias fue lo que obtuvo el fundador de Wikileaks el lunes 4 ante el tribunal de Old Bailey, de Londres. La jueza Vanessa Baraitser rechazó el pedido de extradición formulado por Estados Unidos contra el australiano, pero no lo hizo por el fondo del asunto (los 18 cargos de espionaje y conspiración formulados por los representantes del gobierno de Donald Trump), sino únicamente por razones sanitarias: el australiano, estimó la magistrada, está en tan malas condiciones de salud física y mental que no soportaría la detención en una prisión de alta seguridad estadounidense y podría suicidarse. «En una situación de total aislamiento, el procedimiento descrito por Estados Unidos no evitaría el suicidio de Julian Assange y, por lo tanto, considero que la extradición sería opresiva por el daño mental que causaría», apuntó.
Apenas conocido el fallo, la defensa pidió la libertad provisional de Assange. No hubo regalito de los Reyes Magos y el miércoles 6 Baraitser la rechazó: el hombre está muy mal, pero puede huir, dijo. Y, para que las cosas queden bien claras, explicó: «Assange no ha ganado su caso. Estados Unidos apelará y eso lo estimulará para intentar fugarse». La defensa había presentado un detallado plan para ofrecer seguridades de todo tipo de que el líder de Wikileaks no escaparía, pero la jueza las borró de un plumazo.
El australiano deberá, entonces, seguir esperando el fin de su proceso en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde durante varios meses estuvo sometido a un régimen de aislamiento que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró emparentado con la tortura (véase «Operación masacre», Brecha, 7-II-20). El calvario que comenzó hace diez años, cuando debió refugiarse en la embajada de Ecuador en Reino Unido para escapar de una persecución a todas luces política, está lejos de haber terminado para el ya casi quincuagenario fundador de Wikileaks.
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Entre quienes desde el inicio destacaron que el fallo del lunes 4 no fue tan favorable para Assange como podría parecerlo a primera vista (hubo muchos: periodistas, asociaciones humanitarias, como Amnistía Internacional, y organizaciones como la Fundación de Libertad de Prensa de Estados Unidos) estuvo el relator de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer. Por el momento, el australiano puede suspirar aliviado, pero, tal como fue fundamentado, el dictamen representa, más bien, «una advertencia para todos los periodistas del mundo que cubran crímenes de guerra», dijo el jurista suizo (Público.es, 4-I-21). «El tribunal británico ha ido demasiado lejos en la justificación del argumentario utilizado por Estados Unidos, que básicamente criminaliza el periodismo de investigación, y avaló que cualquier otro periodista pueda ser extraditado por imputaciones idénticas», siempre y cuando no esté en condiciones de salud tan malas como las de Assange, apuntó Melzer.
Las tres cuartas partes del fallo, remarcó este martes el diario francés Libération, fueron dedicadas a desbaratar los argumentos de la defensa –que había puesto el acento en el carácter político del juicio y la insostenibilidad de las acusaciones de espionaje contra Assange, así como en la ausencia total de garantías de imparcialidad que tendría el australiano en caso de ser juzgado en Estados Unidos– y apenas una cuarta parte a rechazar la extradición por razones puramente médicas y en función de lo que a Assange le hubiera esperado en la prisión de máxima seguridad de Florence, donde podría pasar el resto de su vida en caso de ser condenado.
Cómo será de barbárico el sistema carcelario estadounidense para que una corte británica estime que «no puede garantizar la seguridad de un preso», escribió en The Guardian (4-I-21) Owen Jones. Pero este analista político inglés remarcó, al mismo tiempo, que lo que se jugaba y se está jugando en Londres va «mucho más allá» de la salud del propio Assange: «Se trata de periodismo, de libertad de prensa y de la posibilidad de exponer las atrocidades cometidas por una superpotencia». Y en ese terreno no se avanzó absolutamente nada con el fallo londinense. «La maquinaria de guerra de Estados Unidos depende de su capacidad para maquillar realidades humanas brutales. Si civiles inocentes pueden ser asesinados silenciosamente y sin consecuencias, entonces no habrá nada que pueda evitar que muchas más personas sufran ese mismo destino», subrayó Jones.
La jueza hizo suyos casi todos los argumentos de los representantes de la acusación: expresó que no hay motivo alguno para pensar que Assange es perseguido en Washington por consideraciones políticas a raíz de divulgar documentación que prueba atrocidades de guerra cometidas por Estados Unidos y revela métodos de espionaje y control de sus agencias de inteligencia; estimó que se puede pensar perfectamente, como sostiene el gobierno de Trump, que el australiano operó más como espía que como periodista, y observó que tampoco hay un fundamento para sostener que en Estados Unidos Assange no contaría con las «protecciones constitucionales y de procedimiento habituales» en una democracia. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció en un comunicado que no tiene motivos para estar demasiado descontento con el dictamen. «Si bien estamos extremadamente desilusionados por la decisión de esta corte, nos alegra saber que Estados Unidos triunfó en todos los argumentos legales». Y remarcó: «Seguiremos buscando la extradición de Assange».
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En pocos días asume el gobierno de Joe Biden y habrá que ver si Washington mantiene la misma línea de ataque a Assange que la administración de Trump. Sobre el fondo del asunto, los aparatos demócrata y republicano no difieren en su opinión sobre el australiano: cuando era vicepresidente de Barack Obama, Biden lo calificó de «terrorista de alta tecnología», y la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton consideró asesinarlo. Trump también. Pero durante los gobiernos demócratas el fiscal general Eric Holder rechazó acusar a Assange en función del Espionage Act de 1917, porque corría el riesgo de tener que acusar a medios aliados como The New York Times y The Washington Post, que difundieron revelaciones de Wikileaks, e ir contra la primera enmienda de la Constitución. El gobierno republicano –al que nada liga con esas publicaciones, a las que acusa de fabricar fake news en su contra– sí lo hizo y acusó a Assange de conspirar con una de sus fuentes, la exsoldado Chelsea Manning, para conseguir y divulgar documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán y la cárcel de Guantánamo, y con diversos grupos de hackers, así como de poner en riesgo la vida de agentes estadounidenses. Por esos cargos, el australiano podría ser condenado en Estados Unidos a hasta 175 años de prisión.
Hay quienes dicen que a Biden no le vendría mal dejar las cosas como están y que la denegación de la extradición de Assange sea confirmada en segunda instancia. No debería desdecirse de sus afirmaciones sobre el australiano ni enfrentarse a las agencias de inteligencia, que han puesto precio a la cabeza del fundador de Wikileaks, y evitaría, al mismo tiempo, comprarse un problema con sectores del periodismo, organizaciones de defensa de los derechos humanos y una parte del Partido Demócrata, la más cercana a Bernie Sanders, que ven con simpatía a Assange y a los suyos.
Marcelo Justo, corresponsal del diario argentino Página 12 en Londres, estimó el martes 5 que, de todas maneras, no les será fácil a los acusadores estadounidenses convencer a los jueces ingleses de que las condiciones de detención de Assange serían menos brutales que las reconocidas en el fallo de primera instancia. Pero tampoco es imposible y una parte del camino para lograr la entrega de Assange les fue allanada por las consideraciones de la jueza Baraitser. El partido se terminará definiendo, probablemente, más allá de los tribunales británicos. A fines de diciembre, autoridades del gobierno alemán sugirieron que verían con malos ojos la extradición del australiano. Y luego del fallo del lunes, México le ofreció asilo político…
Bajo influencia
En una nota publicada en setiembre en Página 12, Marcelo Justo expone cómo los jueces británicos que han estado a cargo del proceso por la demanda de extradición de Assange han demostrado un celo particular en desechar todos los reclamos de la defensa del fundador de Wikileaks. Vanessa Baraitser, la jueza actual, no le ha ido a la saga en ese sentido a su predecesora lady Emma Arbuthnot, que se apartó directamente del caso al demostrarse los conflictos de interés que le impedían asumirlo, pero sigue siendo la supervisora judicial del asunto.
El sitio web Declassified UK reveló tiempo atrás, recuerda el periodista argentino, que el marido de Arbuthnot, lord James Arbuthnot, «un ex ministro de Defensa conservador con vínculos con el establishment militar británico, forma parte de la Henry Jackson Society (HRS), un grupo neoconservador que ha calificado a Assange de “paranoico demente” y ha llevado adelante una tenaz campaña contra Wikileaks». Con la HRS está también vinculada la ministra del Interior británica, Priti Patel, que tiene, además, estrechos lazos con William Barr, el halcón que dirige el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ha ideado la estrategia seguida por el gobierno de Donald Trump. En 2018, cuando estaba a cargo del caso, Arbuthnot ni siquiera tomó en consideración las denuncias del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las condiciones de detención de Assange en Gran Bretaña.
Baraister no se ha apartado un ápice de esa línea: se ha negado, por ejemplo, «a intervenir para que Assange tenga pleno contacto con sus abogados, como estipula la ley», ha rechazado su puesta en libertad provisional cuando en la cárcel en la que está detenido se presentaron casos de coronavirus y, sobre todo, ha abordado el fondo del asunto no en función de un tratado bilateral entre Washington y Londres, que prohíbe las extradiciones cuando hay causales políticas, sino echando mano de una ley de extradición de 2003 «de carácter genérico, que no contempla la persecución política como excepción». Declassified UK pidió al Ministerio de Justicia que le facilitara información sobre Baraitser invocando la ley de acceso a la información, pero el ministerio, apunta el corresponsal de Página 12, se la denegó apoyándose en un tecnicismo.
