En una serie de ofensas y provocaciones que comenzó el sábado 6, el poderoso empresario dueño de la ex-Twitter (hoy X) llamó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, «dictador», amenazó con no cumplir decisiones judiciales y dijo que liberaría las cuentas de usuarios bloqueadas por decisiones de ese tribunal.
Todo empezó el jueves 4 con la revelación de los«Twitter Files Brazil», un intercambio de emails de 2020 y 2022 entre integrantes del equipo jurídico de la empresa que se decían preocupados por decisiones de la corte brasileña, en el marco de las investigaciones sobre la divulgación de noticias falsas (véase «Clan fake», Brecha, 5-VI-20). Enseguida, el multimillonario levantó el tono contra las instituciones brasileñas y engrosó un caldo discursivo que la ultraderecha viene cocinando hace bastante tiempo: el de la «tiranía judicial». La idea de que Brasil vive una dictadura de toga, personificada en Alexandre de Moraes, es uno de los ejes ideológicos de los ataques golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia y una de las principales narrativas del bolsonarismo. Incluso, en marzo de este año legisladores bolsonaristas viajaron a Washington para denunciar persecución política y censura.
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, y sobre todo después del intento de golpe, Moraes se convirtió en una de las figuras más importantes –si no la más importante– de la institucionalidad brasileña. Para algunos, la última frontera de la normalidad burocrática, para otros, un tirano diabólico, ha liderado la mayoría de las decisiones judiciales más resonantes de la política nacional reciente. Paulo José Lara, sociólogo, politólogo y codirector ejecutivo de la ONG internacional ARTIGO 19 en Brasil y América del Sur, cree que ese protagonismo es resultado de un trauma: «Lo que estamos viviendo actualmente y viviremos en los próximos años son los resultados del trauma de cuatro años de bolsonarismo y de una tentativa real de golpe de Estado en Brasil, que va a marcar las políticas y las dinámicas de la sociedad brasileña por algún tiempo. De ese trauma salió una especie de acuerdo entre las instituciones del que es necesario mantenerse alerta». Y ese estado de alerta es dirigido por Moraes. Y por ser Moraes la cara visible de ese proceso, es Moraes el principal objetivo de Musk y los bolsonaristas. Musk marcó claramente su línea en los últimos días, retuiteando y elogiando a los más notorios referentes de la ultraderecha local. Lula respondió este miércoles, sin citar a Musk: «El crecimiento del extremismo de derecha se da el lujo de permitir que un empresario estadounidense, que nunca produjo nada en este país, ose hablar mal de la Corte brasileña, de los ministros brasileños y del pueblo brasileño».
INTERESES ESPURIOS
Para Lara, esta disputa, presentada en los medios y en la opinión pública como Musk vs. Moraes, se inserta en un escenario mayor: «Es parte de un proyecto que está en curso a nivel global que mezcla la extrema derecha desde el punto de vista político con la enorme concentración de renta y dominio sobre recursos naturales». La personificación, dice, saca del centro del análisis el carácter estratégico de este embate. Musk no es solo Musk, sino sus negocios y lo que representan. Para el sociólogo, el empresario «usa la defensa de la libertad irrestricta de expresión como una fachada para esconder su real interés, que es intensificar su batalla por más poder político y económico». Musk, que compró Twitter en 2022, «usa la plataforma como una herramienta política para movilizar los discursos de extrema derecha y desestabilizar la institucionalidad» con el interés final de «explotar de forma más irrestricta y desregulada recursos naturales, porque es de eso que Musk vive», advierte Lara.
Uno de los desvelos del empresario, es sabido, es el litio, fundamental para la construcción de los autos eléctricos de su empresa Tesla. «Él es heredero de explotadores de recursos naturales en África, y continúa haciendo eso a través de sus empresas», para las cuales es fundamental «la búsqueda por hacerse con el control del litio en Sudamérica, en lugares como Brasil, Bolivia y Paraguay. Aquí hay también una gran disputa con empresas chinas, en un juego geopolítico donde este empresario tiene enormes intereses», afirma el sociólogo.
TIERRA SIN LEY
«Las redes sociales no son tierra sin ley, las redes sociales no son tierra de nadie», escribió este domingo Moraes, en la decisión judicial con la que incluyó a Musk en la investigación sobre las «milicias digitales» del bolsonarismo. Sin embargo, la legislación sobre las redes en Brasil aún no acompaña los avances de las plataformas, y el proyecto de ley 2.630, conocido como PL das fake news, estaría definitivamente muerto tras más de cuatro años de discusiones (véase «Deber de cuidado», Brecha, 19-V-23). Musk parece querer aprovechar este impasse para imponer condiciones.
En un comunicado emitido el lunes, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia afirma que las declaraciones de Musk «sugieren una tentativa de subvertir el orden, alterando las reglas del debate público y de la regulación de las plataformas digitales de acuerdo con sus propios intereses». La organización afirma, además: «En un contexto en el que la diseminación de informaciones es un elemento esencial para el funcionamiento saludable de la democracia, es imperativo que la circulación de esas informaciones sea regida por principios democráticos y éticos». Para Lara, esa es una enorme carencia: «Hay que responsabilizar al Estado brasileño por no haber tenido una discusión madura sobre los parámetros de ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le falta al Estado un corpus legal que delimite la actuación de las empresas de comunicación y tecnología». Esa es la brecha que busca aprovechar Musk, el caballo de Troya de la ultraderecha mundial.
