En su segundo día como presidente, Luis Lacalle Pou fue retratado en una foto digna de estampita religiosa: sentado, las manos juntas en posición de rezo, la cabeza inclinada y los ojos cerrados. El escenario era la catedral metropolitana de la Iglesia católica, donde se celebraba una misa de oración por la patria. Detrás estaban dos de sus flamantes ministros. Con semejante arranque, no era fácil prever que, dos años después, su gobierno se iba a embanderar con una concepción asfixiante de la laicidad («principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa», según la definición de la Real Academia Española) para inhibir la propaganda política de quienes se oponen a su ley insignia.
Al mismo tiempo que la campaña por el No busca identificarse con la idea de «libertad» que el presidente enarbola permanentemente, dentro y fuera del país, la variopinta lista de obstáculos a la campaña por el Sí no ha hecho sino crecer. El comando de la campaña rosada, tanto a nivel nacional como en sus comisiones departamentales, ha denunciado públicamente restricciones a sus manifestaciones en la vía pública. A su vez, distintos sindicatos, especialmente los de funcionarios públicos, denuncian persecuciones ejercidas por autoridades de entes y por legisladores en redes sociales. Brecha consultó a juristas de diversas materias y corrientes de pensamiento para reflexionar sobre las limitaciones legales en tiempos de elecciones.
«Hay un clima nuevo», sostuvo Gianella Bardazano, catedrática de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay*. La jurista entiende que hay «una intención de no querer dejar hablar al otro recurriendo a argumentos jurídicos muy básicos y casi sin reflexionar acerca de sus fundamentos». Al mismo tiempo, aclaró que lo que no hay es nueva normativa sobre la actividad de difusión en campaña electoral. Entre otras disposiciones vigentes, destacó la ley 16.019, que regula el plazo de la veda electoral, y la Ley de Faltas, Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos, aprobada en 2013, durante el gobierno de José Mujica. La especialista entiende que «se están persiguiendo actos que antes no se perseguían. No es lo mismo pintar debajo de un puente que pintar el Banco República o el Palacio Legislativo». Las consecuencias, para la especialista, son que «se termina obstruyendo la posibilidad de que la ciudadanía se informe y, ante un mecanismo de democracia directa en el que es obligatorio participar, las personas tienen menos exposición a las dos posiciones», algo clave, teniendo en cuenta que «hay que formarse una opinión sobre 135 artículos que tratan diversos temas».
Por su parte, Hugo Barreto, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Udelar, enmarcó la discusión sobre la actividad sindical en la campaña en los grandes modelos de sindicalismo existentes: «Hay un modelo reivindicativo o profesionalista, en el que los sindicatos solo están para reivindicar el salario y las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Y hay un modelo sociopolítico, en el que los sindicatos tienen, además de lo estrictamente salarial y laboral, intereses más amplios que hacen a lo social, a la economía, a la política –no a la partidaria, desde luego–. Este último es el que históricamente se aplica en el sindicalismo uruguayo, que tiene un interés marcado en tener una especie de cosmovisión de la sociedad en su conjunto».
Para el jurista, «hay dos razones de mucho peso» para sostener que la presencia de la opción por el Sí en volantes o carteleras sindicales en empresas o instituciones es «absolutamente legítima». Una se refiere a que «el propio PIT-CNT tiene a esa opción como una posición de la integralidad del sindicalismo, definida por su congreso, e integra la comisión de la campaña, por tanto los distintos sindicatos no participan respondiendo a ningún partido», sino a las definiciones de la propia convención sindical. «Pero hay otro elemento muy significativo, y es que la propia LUC [Ley de Urgente Consideración] tiene disposiciones que tienen que ver con la enseñanza, con la participación de los trabajadores en instancias institucionales, con el derecho de huelga y el cobro de salario. Quiere decir que los sindicatos, al pronunciarse en contra de la LUC, no están haciendo ninguna tarea de proselitismo político, sino que están defendiendo los intereses propios de su calidad de trabajadores», ahondó Barreto.
En cuanto a la distribución y la exposición de materiales, el catedrático explicó que habitualmente los sindicatos colocan, en acuerdo con los empleadores, las carteleras gremiales, que son espacios donde pueden expresar sus puntos de vista, siempre que no sean cuestiones ofensivas con las personas. «La ley 17.940, sobre protección y promoción de la libertad sindical, consagra el derecho a las comunicaciones dentro de la empresa, recogiendo la recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay fuertes fundamentos jurídicos para sostener la legitimidad de este tipo de acciones», cerró el jurista. Sin embargo, varios legisladores, intendentes, directores y alcaldes han montado una marca personal sobre la campaña rosada.
ACÁ NO Y ALLÁ TAMPOCO
Varias acusaciones de los defensores de la LUC tienen su foco en la educación pública. La semana pasada hubo un caso destacado. El intendente de Rocha y coordinador de la campaña por el No Alejo Umpiérrez envió una carta al rector de la Udelar, Rodrigo Arim, pidiendo que fuera suspendida una charla a favor del Sí convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) en el Centro Universitario Regional Este (CURE). En diálogo con Doble click, de FM Del Sol (24-II-22), Arim afirmó que «la Universidad no va a hacer […] controles de corte policial sobre todas las cosas que se hacen en la vida universitaria», y manifestó su preocupación por «ciertas formas de pensar el problema de la laicidad que confunden el hecho de que no se expresen opiniones con el hecho de que haya libertad para expresar todas las opiniones». El rector dijo tener la «sensación personal de que se han hecho algunos señalamientos sobre actividades o posicionamientos de actores universitarios que en otros tiempos –me refiero a 20 o 30 años atrás– no sucedían». Pero, de todas formas, la dirección del CURE terminó cediendo a las presiones y revocó la autorización concedida previamente a ADUR para hacer la actividad, decisión comunicada por el director, Javier Vitancurt, y rechazada por el colectivo docente que, con algunas modificaciones, hizo la actividad prevista. El 19 de febrero, también en el ámbito de la educación pública, la Asociación de Funcionarios de Primaria denunció que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria ejerció «persecución sindical» sobre funcionarios que están siendo investigados por distribuir el boletín trimestral del sindicato, que llama a votar por el Sí.
Las antenas antiproselitistas de algunos legisladores de la coalición están en alerta permanente a la actividad de los sindicatos en el Estado, pero no a la de los jerarcas públicos. Por ejemplo, la semana pasada, la senadora de la lista 404 del Partido Nacional Carmen Asiaín compartió en Twitter una foto del hospital de Castillos, señalando que la propaganda por el Sí de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) violaba el artículo 58 de la Constitución (véase entrevista a Jaime Sapolinski). En la misma red social, el presidente de la FFSP, Martín Pereira, le respondió a la senadora que se trataba de la cartelera sindical –lo que puede leerse en las propias fotos de la senadora–. El artículo 58 fue invocado por el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para iniciar una investigación por la distribución de folletos del Sí que, según la denuncia de un usuario, le fueron entregados al retirar medicación en una policlínica de Jardines del Hipódromo. «Estábamos entregando folletos afuera, como lo hacemos en distintas policlínicas y hospitales –dijo Pereira a Brecha–. En la farmacia nunca se entregó material, por tanto estamos tranquilos con la investigación, que está siguiendo su curso.»
Pero mientras legisladores y directores oficialistas hostigan a la militancia de los trabajadores del Estado, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aprovecha sus viajes oficiales por el interior para hacer campaña por el No –y de paso sondear su posible candidatura de cara a 2024–, como informó este semanario a partir de datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública (véase «Dos pájaros de un tiro», Brecha, 14-I-22). Otro hito de la campaña fue la marcha atrás del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, que, amparado en una pretendida «ecuanimidad» de los medios públicos, decidió no retransmitir el debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. Pero los episodios de este tipo no se limitan a la centralidad del Ejecutivo, sino que llegan a la escala departamental y municipal.
EL POLLO Y EL CARNAVAL
La Expo Avícola es el evento más importante de San Bautista, pueblo del santoral de Canelones. También conocida como la Fiesta del Pollo y la Gallina, este año su inauguración contó con la presencia del presidente, así como con la del ministro de Ambiente, Adrián Peña, oriundo del pueblo y uno de los mentores de la fiesta. El 10 de febrero, en la noche previa a la inauguración, militantes por el Sí decidieron pintar una garita abandonada que se encuentra en un lugar ineludible y especialmente visible, a la entrada del pueblo, aunque a seis cuadras del Club de Leones, donde al otro día comenzaría la fiesta. Ni bien se aproximaron con la pintura a la garita, los militantes fueron abordados por policías locales, que les dijeron que no se podía pintar en el pueblo ese fin de semana porque era la Fiesta del Pollo. La respuesta fue que, justamente, la concurrencia al evento era la motivación para las pintadas, aunque la comisión local por el Sí había decidido pintar solo en ese lugar, para no distorsionar demasiado el ambiente, según narró al semanario uno de sus miembros.
No hubo violencia de parte de la Policía y la garita se pintó, pero al otro día, por orden del alcalde nacionalista Roberto Siriani, sus muros aparecieron blanqueados. La tarea fue llevada adelante por funcionarios del municipio, sin ampararse en ninguna reglamentación local, dado que el lugar es pintado habitualmente en tiempos de campaña electoral. Consultado por Brecha, Siriani declinó hacer comentarios sobre su decisión, denunciada en un comunicado de la comisión departamental Canelones Vota Sí por coartar «la libertad de expresión» y marcar «precedentes que son muy peligrosos para nuestra democracia».
A esta concepción restrictiva del espacio público, amparada por un digesto municipal de 2019, se sumó la Intendencia de Montevideo, que borró una pintada del Sí en la rambla un día después del polémico incidente de las camisetas donadas por el exdirector de Deportes Marcelo Signorelli.
Otra fiesta en la que estuvieron vedadas las referencias a la LUC fue el desfile de carnaval de Paysandú. A fines de enero, la Intendencia de Paysandú decidió que las agrupaciones no podrían mostrar pancartas ni por el Sí ni por el No en el desfile. «Está muy bueno respetar la libertad, pero también está bueno que se nos respete nuestra libertad de vivir el carnaval puro», argumentó entonces el director de Cultura, Eugenio Pozzolo (Montevideo Portal, 30-I-22). Según declaraciones a la radio Horizontes recogidas por La Diaria (29-I-22), el funcionario afirmó que no se les permitiría desfilar a los conjuntos que quisieran salir con propaganda sobre la LUC. Umpiérrez, en Rocha, fue más allá, barriendo con el apoyo financiero de la intendencia a la organización de tablados en Rocha. La campaña del No, en tanto, no ha reportado hasta ahora ninguna limitación.
*En una versión anterior de este artículo, por error se había identificado a la jurista como ex integrante de Ielsur.
Con el constitucionalista Jaime Sapolinski*
«El principio es el de la libertad»
—En la campaña electoral del referéndum contra la LUC [Ley de Urgente Consideración], algunas expresiones de propaganda han despertado críticas por posibles prácticas inconstitucionales, por ejemplo, de parte de los sindicatos de funcionarios públicos. ¿Qué opina al respecto?
—El punto en discusión sería el alcance del artículo 58 de la Constitución. Ante todo, y con carácter general, el principio es el de la libertad, salvo los límites contenidos en la propia Constitución y en la ley. Las prohibiciones o límites deben ser interpretadas restrictivamente. El primer inciso del artículo 58 consagra el concepto de que el funcionario lo es del Estado y no de una fracción política, lo que no impide su participación política fuera de la función y fuera de las prohibiciones para determinados funcionarios, consagradas en el artículo 77 numerales 4 y 5. El segundo, la prohibición de toda actividad ajena a la función, en los lugares y horas de trabajo, con particular énfasis en la actividad dirigida al proselitismo de cualquier especie. Si el punto pasa por discutir si un funcionario puede, por ejemplo, defender o cuestionar una determinada norma o proyecto de norma, en principio cabe concluir que eso sí es posible, en la medida en que se enmarque en las pautas anteriores.
—Yendo a ejemplos concretos, fue cuestionado que el sindicato de docentes de la Universidad de la República utilice un salón de la institución para llevar adelante una actividad a favor del Sí en el referéndum. Otra polémica refiere al uso de carteleras sindicales en instituciones públicas. ¿Cómo evalúa esos casos?
—Quizás las normas sean más claras que lo que se concluye, a veces, a partir de su interpretación. Siempre hay intérpretes e intérpretes. Por otra parte, las interpretaciones están, muy frecuentemente, contaminadas por la posición de quien interpreta, aun de buena fe. Cuando la norma dice «en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida al proselitismo de cualquier especie», con un criterio estricto podría sostenerse que no se puede hacer proselitismo ni aún en las carteleras sindicales, incluso en torno a una reivindicación laboral o referida a las elecciones del gremio. Menos aún facilitar las instalaciones para un acto proselitista. Pero la restrictiva no ha sido la interpretación generalizada ni unánime. Se dirá que, por ejemplo, se trata de prestar un salón a los funcionarios de la organización, confiando en la prudencia que sabrán exhibir. Claro que también el tema depende del carácter del mensaje. ¿Podría hacerse propaganda netamente política o religiosa desde una cartelera gremial? ¿Hay puntos de contacto entre este problema y el debate que se dio en nuestro país sobre los crucifijos en los hospitales o el más cercano en el tiempo respecto de la colocación de monumentos religiosos en la vía pública? Cabe tener presente, además, que lo que alguien ponga en una cartelera sindical resulta bastante inocuo, porque todo el mundo sabe que, probablemente, será una posición sesgada. ¿La cartelera sindical puede ser considerada una zona ajena al lugar de trabajo? Es una interpretación posible, tendiente a admitir su presencia y tolerar lo que allí se coloque. En cuanto a aportar una opinión, diría que hay infracciones que son asimilables a lo que se conoce como «delitos de bagatela». Algunas, aunque sean infracciones, son infracciones «de bagatela» que no tienen incidencia y donde lo más inteligente es mirar para el costado. En segundo término, ¿qué necesidad hay de tensar las situaciones? ¿No será más inteligente hacer una campaña de modo incuestionable sin vulnerar cualquiera de las convicciones admisibles en temas controversiales?
*Profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad CLAEH. Miembro de la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado.
