Los historiadores de la política nos dicen que hay que retroceder casi un siglo para encontrar otro caso de un ministro o una ministra que haya dejado de serlo a menos de 50 días de asumir, él o ella misma y el gobierno todo. Pero, aunque sea tan poco usual, el caso sucedió, tuvo un breve desarrollo y terminó como tenía que terminar.
«Tema resuelto», dijo el presidente, y seguramente se refería a haber podido limitar los daños que al Frente Amplio (FA) y al propio gobierno podría causar la revelación de que la exministra de Vivienda Cecilia Cairo estaba en situación irregular con su propia vivienda y con las otras que sus familiares levantaron en un predio catalogado hasta hoy como baldío y gravado como tal. La decisión de aceptar la renuncia, que seguramente causó al presidente mucho más dolor que el que trasluce su escueta frase, puso, sin embargo, las cosas en su lugar.
No obstante, hay que tener mucho cuidado con confundir morosidad con delito y sostener, al barrer, que todos los que no cumplen sus deberes fiscales son malos ciudadanos. Porque las formalidades pensadas para defender la propiedad privada por quienes piensan que esta debe ser la base de nuestro sistema social no son amables con quienes no tienen los recursos, el tiempo o la capacidad para lidiar con ellas y sí, en cambio, otras preocupaciones más urgentes. Y porque, tal como la consigna romana que fue lema de Marcha sostenía que navegar era más necesario que vivir, se podría sostener, con justicia y sentido común, que vivir es más necesario que estar al día con las cargas fiscales. Esto, desde luego, sin cuestionar que el que pueda cumplir, debe cumplir.
Afortunadamente, nuestra sociedad es conteste con estas ideas. Ser deudor no es delito, sea el acreedor un particular o el poderoso Estado. El sabio artículo 52 de la Constitución de la República, el mismo que establece que la usura sí es un delito, determina que «nadie podrá ser privado de su libertad por deudas». Los procedimientos para que los ciudadanos paguen esas deudas no son represivos, sino facilitadores: exoneraciones en casos de necesidad, amnistías, refinanciamientos, prescripción luego de cierto tiempo si no hay reclamo del acreedor, estímulos a los buenos pagadores.
Y tampoco era delito la ocupación de inmuebles por personas necesitadas, si se realizaba sin violencia, hasta que la nefasta ley 18.116, de 2007, cambió esa situación para proteger propiedades privadas a partir de la ocupación extorsiva de un chalé de propietarios extranjeros en Punta del Este. Así se creó la paradoja, que hoy aún subsiste, de que mientras esa ley manda a prisión al ocupante por necesidad, otra, la 18.308 (de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible), de 2008, puede transformarlo en propietario de lo ocupado al cabo de cinco años, por la sencilla lógica de que es quien en realidad lo necesita y usa. El Parlamento uruguayo sigue sin resolver esta paradoja e ignora que la mejor ley es la que mejor comprende la realidad sobre la que actúa. Vengo escribiendo esto desde hace 18 años, pero espero que esta legislatura me dé la oportunidad de no escribirlo más.
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Sin embargo, estas reflexiones, que pueden ser útiles para examinar, prevenir y resolver casos futuros, no cambiarán la realidad presente: la ministra en determinado momento equivocó las prioridades, que antes había resuelto de la única manera posible entonces, pero no supo cambiar a tiempo, y ahora es la exministra.
¿Qué cambia eso en términos de la política de vivienda de los próximos cinco años? Pienso que no debería cambiar nada. Las prioridades de esa política están definidas por el programa del FA, larga y cuidadosamente elaborado, y laudadas por el VIII Congreso Extraordinario Tabaré Vázquez, de diciembre de 2023; fueron reafirmadas y sintetizadas en las «33 prioridades programáticas para un plan de gobierno 2025-2030», de abril de 2024, y concretadas más recientemente por las resoluciones del Consejo de Ministros del 25 de marzo pasado (véase «Ahora se trata de caminar», Brecha, 11-IV-25). Esas prioridades no las definieron ni la exministra Cairo, aunque estoy seguro de que las comparte en todo, ni tampoco la nueva ministra Tamara Paseyro, que también estoy seguro de que las comparte en todo.
También estoy seguro de que en la forma de hacer las cosas es muy importante la impronta de las personas que las conducen y de que Cecilia tiene una impronta muy personal que difícilmente Tamara o cualquier otra persona que en el futuro ocupe su lugar tendrá. Pero tendrá otra, que puede ser muy distinta, pero tanto o más valiosa, y también será fundamental la forma en la que los equipos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), que en definitiva son los que traducirán las políticas pensadas y decididas en acciones realizadas, interpreten los mandatos y se adapten a esas improntas.
Tampoco será menor la participación que tenga la sociedad civil, en la que nacieron ese programa y esas prioridades y que ahora debe ser su custodia. Por lo pronto, mañana sábado, por primera vez en el interior del país (en este caso en Durazno), se instalará la Comisión Asesora en Vivienda (COAVI) del MVOT, que ha tenido en los gobiernos del FA, y especialmente en el primero y el segundo, una intensa y rica tarea, fundamentalmente en el aporte de elementos para la elaboración de los planes quinquenales de vivienda correspondientes.
Esa comisión tiene una integración multiactoral muy diversa en la que participan delegados de los propios ministerios y de otros organismos públicos involucrados, así como de las organizaciones empresariales del sector privado, los trabajadores, las cooperativas, los pasivos, las gremiales de técnicos, otras organizaciones vinculadas con la temática de la vivienda (muchas de ellas, de sus propios destinatarios) y la Universidad de la República.
La COAVI fue creada en la propia ley 13.728, de 1968, en su artículo 76. Luego de la restauración de la democracia funcionó un grupo de trabajo de características semejantes en la órbita del Banco Hipotecario del Uruguay (que por entonces era el organismo que conducía en los hechos la política de vivienda), grupo que tuvo corta vida, pero fue recién en 2005, con la llegada al gobierno del FA, que se institucionalizó su funcionamiento, el cual se mantuvo hasta 2020.
Desde la llegada al gobierno de la coalición multicolor, la COAVI no volvió a ser citada, con el argumento inicial de que la pandemia impedía hacer reuniones de ese tipo. Terminada la pandemia, por alguna otra razón que nunca se explicitó pero que puede imaginarse, la comisión no se reactivó.
Ahora se resucita en cumplimiento de un compromiso preelectoral del FA, y si bien se trata solamente de un organismo asesor, de intervención preceptiva pero no vinculante en temas como la elaboración de los planes quinquenales de vivienda, se abre una importante expectativa de que será un lugar de diálogo del que podrán salir acuerdos importantes que permitan desarrollar con fuerza una política vigorosa; necesidad, a esta altura, ineludible. Y de que puede, además, ayudar a superar eventuales tensiones internas a la hora de definir y distribuir recursos.
