El 25 de marzo fue un día importante para el gobierno frenteamplista instalado solo tres semanas antes: en primer lugar, porque se estableció la hoja de ruta para el diálogo social sobre la protección y seguridad social, que culminará con la elaboración de un proyecto de ley que instaure un sistema previsional que, además de sustentable, sea justo y equitativo. Pero también, y no menos importante, porque se definieron los programas que serán prioritarios en la acción gubernamental, se encomendó su instrumentación a los ministerios correspondientes y ello seguramente tendrá su expresión en el presupuesto 2026-2030 que debe aprobarse este año.
Dentro de esas prioridades está, desde luego, la vivienda, uno de los problemas más importantes y más recurrentes que tiene nuestro país. Y es a eso que quiero referirme, porque creo que lo que se resolvió no ha sido suficientemente destacado. Formo parte de la Unidad Temática de Vivienda y Hábitat de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA) desde hace muchos años y creo no equivocarme si digo que las bases programáticas para el gobierno nacional aprobadas por el Congreso del FA de 2023, junto con las de la elección anterior, son las que han ido más lejos y más en profundidad en el tema de la vivienda.
El primer gran acierto de los siete compromisos que el presidente y el Consejo de Ministros le encomendaron implementar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) es el de aumentar los recursos anuales en forma incremental hasta llegar a duplicarlos (primer compromiso). Para ello, el MVOT deberá incluir esa propuesta en el Plan Quinquenal 2026-2030, que irá al Parlamento con el proyecto de presupuesto nacional, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá proveer los fondos necesarios, porque, si bien en este compromiso hay un mandato para el MVOT, también lo hay para el MEF.
Al respecto, en el período legislativo pasado los senadores de todos los grupos del FA (excepto Progresistas y Asamblea Uruguay) presentaron un proyecto para reforzar el Fondo de Vivienda que preveía de dónde sacar los recursos necesarios: del aumento de la tasa del impuesto al patrimonio. Como en las historias de Robin Hood, los ricos contribuirían, quizá de no tan buena gana, a resolver los problemas de los pobres y, de paso, también el problema del ministro Gabriel Oddone.
Este primer compromiso es trascendental porque después de 35 años saldremos de la atonía de inversiones públicas en vivienda de menos del 0,5 por ciento del PBI y pasaremos a recursos similares a los que el Fondo de Vivienda tenía cuando se creó, con la ley 13.728 de 1968: 2 por ciento de la masa salarial total del país. Y porque, sin esto, todo lo demás no es posible.
No es posible, por ejemplo, darles a la precariedad habitacional y las situaciones de mayor emergencia la prioridad que necesitan sin afectar a otros programas también fundamentales, como los de cooperativas, MEVIR, Plan Juntos, realojos y mejoramiento de barrios, ni impulsar nuevas iniciativas, como postula también ese primer compromiso, ni atender la situación de personas en situación de especial vulnerabilidad, como las que están en situación de calle, violencia doméstica o que egresan de instituciones, como determina el segundo compromiso.
No se puede, sin el empuje de esos recursos, facilitar mediante subsidios el acceso al crédito hipotecario de los sectores de ingresos medios (tercer compromiso) ni apoyar los proyectos de vivienda colectiva para la vida autónoma de personas adultas mayores, lo que hoy se está llamando vivienda colaborativa, que aúna la vivienda con los cuidados y otros servicios (cuarto compromiso).
Tampoco es posible exonerar el IVA a los programas cooperativos (y, debe agregarse, a los otros programas de finalidad social), como establece el quinto compromiso, ni fortalecer las carteras de tierras a nivel nacional para brindar predios adecuados, con todos los servicios (sexto compromiso), ni instrumentar una política nacional de alquileres para facilitar el acceso de los hogares a ellos a precios acordes a su ingreso, con un sistema de alquiler social, paralelo al actual de libre mercado, y un parque de vivienda de propiedad estatal para alquilar, propósito del séptimo compromiso.
Todo esto está en el programa que el FA propuso a la ciudadanía para solicitar su voto1 (y muchas de esas cosas ya estaban en los programas anteriores) y, por lo tanto, no debería extrañar que, una vez en el gobierno, lo impulse. Pero que a los 20 días de asumir el gobierno se establezca en términos de compromiso y se mandate a las y los nuevos ministros a llevarlo adelante da por lo menos para creer que la esperanza llegó para quedarse. Porque el error no es comprometerse: el error es no cumplir lo comprometido.
Por eso, ahora, se trata de caminar2.
- Solo como un ejemplo: «Para ello, en coherencia con definiciones previas de nuestra fuerza política, se asume el compromiso de fortalecer el fondo nacional de vivienda y urbanismo con recursos propios y permanentes. La financiación del fondo estará basada en la profundización de la política tributaria que ha impulsado el FA con el objetivo de duplicar los recursos destinados a vivienda» (Bases Programáticas 2025-2030, FA). ↩︎
- Con el recuerdo a Manuel Capella. ↩︎
